¿Quién es culpable?

Pospuesto hasta mayo para “estudiar las evidencias”, el juicio iniciado este febrero en Londres contra Julian Assange, fundador del conocido portal informático WikiLeaks, suena enteramente a una condena a la honestidad y al derecho a la información, expresada en el malsano interés de poner a un ser humano tras las rejas por el resto de su vida.

La víctima de esta absoluta acción represiva e intimidante para el periodismo y la prensa globales lleva hasta hoy diez años de enfrentamiento a la persecución, el descrédito y la retorcida inculpación por actos contra “los secretos de Washington”.

Lo demás, incluidos los “argumentos” de la fiscalía gringa que pretende agenciarse el favor de los tribunales británicos es pura verborrea, porque a fin de cuentas quién debería ser el verdadero reo, sino aquel que delinque, engaña, manipula, criminaliza a otros, invade militarmente, se asocia y aúpa a terroristas, tortura, espía, asesina y no rinde cuentas a nadie a tono con su pretensión de “poder mundial de primer orden”.

Vale recordar que en el caso de Assange, el plan oficial norteamericano se resume a extraditarlo a su territorio, aun cuando es ciudadano australiano, y sepultarlo en vida bajo una pena de 175 años de cárcel porque tuvo el coraje personal y profesional de poner a la luz, en blanco y negro, decenas de miles de documentos que muestran la cara oculta del aparato de subversión e injerencismo con rótulo Made in USA.

Se le acusa de espía con la misma caprichosa desidia con la que primero se le quiso mostrar como un licencioso violador de empleadas domésticas durante su permanencia en Suecia, un cuento que debió finalmente ser desestimado por su peso totalmente falaz.

Luego, la multiplicación de la persecución y las amenazas le obligaron a enfrentar prisión domiciliaria y a refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres y, finalmente, con la presencia en Quito de un gobierno afín a los que agitan intereses hegemónicos, fue entregado a las autoridades británicas bajo el riesgo mil veces anunciado de una posible extradición a los Estados Unidos, uno de los principales “indignados” con la actividad periodística de WikiLeaks.

Según indican sus abogados, y así lo han declarado públicamente en estos días, el prisionero ha debido sufrir bajo arresto británico la mar de abusos, vejaciones y asaltos a sus derechos legales y personales, al punto de que en el juicio recién concluido se le negó el estar presente en el debate sobre su propia persona.

A su vez, los personeros gringos que hicieron de fiscales volvieron a la carga con sus acusaciones de espionaje y revelación de documentos sensibles para Washington y no pocos de sus organismos secretos, en una actitud que sin dudas pretende sentar un “precedente legal” —de esos de los que están llenos los códices jurídicos estadounidenses—, como permanente advertencia para cualquier profesional de la información que en el futuro pretenda rebuscar irregularidades, trampas, mentiras y toda suerte de delitos entre la papelería oficial de los Estados Unidos.

En pocas palabras, aplicar la ilógica “lógica” de que la impunidad es el premio a la mentira, la manipulación y el sadismo; en tanto el intentar llegar a la verdad y difundirla entre los ciudadanos constituye el más atroz de los vandalismos.

De manera que el vía crucis de Julián Assange tendrá un nuevo capítulo en mayo cercano, cuando llegue la hora de presentar testigos y escuchar sus testimonios. Mientras, el fundador de WikiLeaks permanece tras la rejas en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, contigua a la sala penal Woolwich Crown Court, a expensas del golpe artero que se le prepara, pero a la vez rodeado de la simpatía y la solidaridad de la mucha gente honesta que bajo la lluvia y el frío acudieron estos días ante las puertas del tribunal a expresarle su más firme respaldo por lo hecho y por lo que significa en materia de dignidad.