“Prohibido olvidar” retumba en Panamá sobre invasión militar EEUU

Desde Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) un mensaje asegura que las actividades en ocasión del Día de Duelo Nacional comenzarán con una visita al cementerio Jardín de Paz, en esta capital, para rendir tributo a las víctimas de la agresión del 20 de diciembre de 1989.

Los actos protocolares incluyen además una invocación religiosa a cargo del Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.

También disertarán Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares Caídos y el nuevo titular de la Comisión 20 de Diciembre, Rolando Murgas; mientras el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se dirigirá a la nación.

Sobre este acontecimiento, la abogada Gilma Camargo dijo al diario La Estrella de Panamá que debe abrirse una evaluación que incluya la compensación a las víctimas, luego de años de secuelas por la inacción y obstrucción por parte de Estados Unidos.

Historiadores estiman que la denominada Causa Justa, cuyos alegados objetivos eran acabar con la supuesta dictadura, capturar al ex general Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, en realidad trajo la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.

Además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros territorios.

Aunque la capital fue la más golpeada por esa operación bélica, también hubo víctimas en la caribeña provincia de Colón y en Río Hato, zonas bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente.

El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas del Pentágono no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.

Para activistas sociales, la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, pese a que un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas.