Por: Mohsen Abu Ramadan
La decisión del Gobierno estadounidense de retirar el término “ocupado” para referirse a los Altos del Golán, Cisjordania y la Franja de Gaza se suma a la política del presidente Donald Trump que ha adoptado totalmente las posiciones del Gobierno derechista del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El año pasado Trump trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén y reconoció la ciudad como la capital de Israel. Congeló la ayuda estadounidense a la agencia de refugiados palestinos, la UNRWA, y exigió una redefinición del estatuto de refugiado palestino que excluya a las nuevas generaciones, lo que reduciría el número de refugiadas y refugiados palestinos de los más de cinco millones a alrededor de 40 mil.
Expansión de los asentamientos
La Administración Trump ha decidido también que la expansión sistemática de los asentamientos israelíes no es un obstáculo para el proceso de paz, conocedor como es de que el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, es uno de los más firmes partidarios del programa de la colonización.
Además Estados Unidos cerró la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington y congeló la ayuda estadounidense a los palestinos, estimada, según datos de la OCDE, en casi 7.300 millones de dólares entre 1993 y 2017.
Pero esto no acaba aquí: el Gobierno de Estados Unidos ha promulgado leyes que prohíben proporcionar fondos a las familias de los presos políticos palestinos y a las personas asesinadas por Israel bajo el pretexto de “la lucha contra el terrorismo”.
Asimismo considera toda crítica a Israel como antisemita, incluyendo la Campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que es una forma legal y pacífica de protesta.
Estos hechos reflejan cómo Estados Unidos ha decidido tratar la cuestión palestina: se han acabado las soluciones políticas basadas en el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación de conformidad con el derecho internacional y sus resoluciones.
Estados Unidos pretende sustituir tales soluciones por la estrategia de Netanyahu para el conflicto, es decir, promover soluciones humanitarias basadas en la paz económica para los residentes palestinos. En esta estrategia, la Franja de Gaza se separa de Cisjordania y las comunidades palestinas se convierten en enclaves dispersos. El objetivo es eliminar los cimientos de la identidad nacional palestina.
El “acuerdo del siglo”
Al mismo tiempo que se evidencia que los planes de la Administración Trump se corresponden con el “acuerdo del siglo” (aún por anunciar) y que se anula el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, las relaciones árabe-israelíes avanzan en un proceso de normalización [con Israel] que ignora la Iniciativa Árabe de Paz de 2002 anunciada en Beirut.
Esa iniciativa ofrecía a Israel relaciones normalizadas siempre que se retirara de los territorios palestinos ocupados en 196 y permitiera el establecimiento en ellos de un Estado palestino. En la reciente Cumbre de Varsovia se ha forjado la vía para las relaciones árabe-israelíes a través de la creación de un “enemigo” común, Irán, marchamo de la engañosa propaganda sionista que ve un interés común árabe-israelí en la confrontación de la “amenaza iraní”.
El objetivo, sin embargo, es crear una cortina de humo que proporcione a Israel la oportunidad de intervenir en los mercados y recursos árabes y en controlarlos.
Las evidentes diferencias y desacuerdos entre Irán y los países árabes pueden resolverse mediante negociación y diálogo. Puede hacerse protegiendo los intereses de todas las partes dentro de un marco ordenado –sobre la base de la no interferencia en los asuntos internos de los países involucrados– y salvaguardando el respeto a sus soberanías, intereses y riquezas.
De conseguirse, la principal amenaza seguirá siendo la ocupación israelí, cuyo objetivo es convertirse en una fuerza militar y económica de primer orden para poder controlar la región.
Desobedecer al derecho internacional
La decisión de Estados Unidos de eliminar la palabra “ocupado” –que viola el derecho internacional y las resoluciones de la ONU– da al Gobierno israelí vía libre para ampliar su proyecto de asentamientos, lo que le permitirá confiscar más tierras, trasladar por la fuerza a sus residentes y eliminar cualquier opción de un Estado palestino, allanando así el camino para la anexión oficial de los territorios palestinos por parte de Israel.
Las recientes decisiones de Estados Unidos sobre Palestina, por no mencionar otras cuestiones globales, no sorprenden. Trump no cree en las reglas del derecho internacional codificadas tras la Segunda Guerra Mundial.
Al contrario, interpreta, como antes los colonizadores, que las herramientas militares y económicas son eficaces por sí solas para resolver las ecuaciones políticas internacionales y nacionales sin tener en cuenta los intereses mutuos, ni los principios del derecho internacional, ni los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación.
En este contexto, la decisión estadounidense de retirar el término “ocupado” no sólo elimina de un plumazo los fundamentos del derecho internacional sobre los territorios ocupados sino que asume la narrativa sionista que describe estos territorios como un “derecho histórico y religioso” de los judíos.
Asimismo consolida la negación de los derechos palestinos y sirios con el objetivo de quebrar el vínculo histórico de los residentes originarios con sus tierras. Esta decisión otorga legitimidad a la ocupación y le faculta para hacer lo que le plazca con estas tierras sin tener que rendir cuentas. Da rienda suelta al delirio de los asentamientos imponiendo nuevos hechos sobre el terreno en violación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que condena los asentamientos, y allana el camino para una posible anexión de esos territorios al afirmar que quedan bajo “control israelí”.
¿Cómo responderán los palestinos?
Esta decisión se da de bruces con todas las iniciativas que piden una solución de dos Estados, incluida la Iniciativa Árabe de Paz. Opera a favor de preparar a la opinión pública para la solución de Israel a los territorios ocupados, que se reduce a administrar la tierra sin su pueblo, desposeyendo a los palestinos y haciendo caso omiso del derecho al retorno de los refugiados.
Finalmente, la decisión pretende “legislar” que el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén –y el reconocimiento de la ciudad como capital del Estado ocupante– la excluye de ser considerada como parte de los territorios ocupados.
Frente a esta realidad y ante los peligros inherentes a la decisión de Estados Unidos, los palestinos tienen que formular un plan que se cimiente en la narrativa palestina, que tiene que volver a ser relevante a escala árabe e internacional.
Es igualmente necesario que se subraye la naturaleza del conflicto, la exigencia de la liberación nacional basada en las resoluciones internacionales para combatir la discriminatoria política sionista del colonialismo de asentamiento que el Gobierno de Estados Unidos apoya sin ambages.
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