El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, está trabajando arduamente para lograr la llamada reconciliación nacional –muy difícil dada la política de odio y traiciones inculcadas desde hace siglos en ese país- o al menos un consenso de las fuerzas políticas para llevar adelante su gobierno izquierdista.
Petro, 62 años, ganador por la coalición Pacto Histórico, (50,4% del sufragio) y primer izquierdista que dirigirá Colombia en 216 años, conoce muy bien las circunstancias extremas de la nación que recibió en las urnas el pasado 19 de junio. La polarización política, el incumplimiento del acuerdo de paz; cambios en la estructura nacional, la defensa de la economía local, una política internacional soberana y leyes en defensa de los pobres, gravitan sobre la nueva jefatura gubernamental.
El ex alcalde de Bogotá, economista, ex guerrillero del M19 hasta 1990 cuando se disolvió esa organización, cuenta con notable experiencia política para comprender que su próximo mandato hasta el 2026 debe tener una base unitaria, que involucre incluso a quienes hasta ahora fueron sus reconocidos enemigos. Al igual que su vice, la abogada del Cauca Francia Márquez, tiene entre sus prioridades el cumplimiento real del Acuerdo de paz firmado en 2016 entre las guerrillas y el ex mandatario Juan Manuel Santos.
Con la bandera del diálogo, y desde su primer discurso tras vencer a su oponente, el candidato independiente Rodolfo Hernández, el también senador abogó por la paz y la unidad de las organizaciones políticas internas.
Esa idea se corresponde con la realidad del país. Colombia, de tradición conservadora, en las últimas décadas devino aliado por excelencia de Estados Unidos (EE.UU.) que mantiene en su territorio siete bases militares como referencia para ambiciones de desestabilización de gobiernos revolucionarios.
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País devastado por la epidemia de la COVID-19, que contagió a 6 198 848 personas y causó la muerte de 140 202, Colombia será la economía que más aumentará la pobreza, en el peor escenario posible. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la tasa de miseria fue de 36,3% en 2021 y subirá a 39,2% en 2022 en un ambiente de más inflación.
En la actualidad, Colombia cuenta con 51 600 000 de habitantes. Bogotá, la capital, es el departamento más poblado, con alrededor de 7 900 000 de personas, seguido por Antioquia con 6 890 000. La mayor miseria radica en Bogotá con 3 030 000 de individuos en esa condición. Le siguen Antioquia, Valle del Cauca, Huila, y Cundinamarca.
La realidad colombiana es harto difícil. Mientras se realiza la transición gubernamental, los grupos paramilitares que responden a los zares de los terratenientes y el narcotráfico continúan el asesinato diario de ex guerrilleros que confiaron en el pacto de pacificación, activistas políticos y sociales, defensores de sus tierras. Solo este año hay 53 masacres con 185 víctimas
En estas últimas semanas, el presidente electo sostuvo durante 15 días, que se conozca públicamente, reuniones con líderes políticos para lograr los apoyos que no consiguieron en las urnas para tener las mayorías legislativas.
Petro tenía un hueso duro de roer para construir el gran acuerdo nacional, que consiguió, y que, si los involucrados cumplen su palabra, facilitarán el ejercicio gubernamental.
Se trata de su principal antagonista, el líder del partido de derecha Centro Democrático (CD) Álvaro Uribe, y con quien, en una inédita reunión imposible hasta hace unos días, habló del próximo gobierno izquierdista y la necesidad de unir al país.
En su proyecto de reconciliación nacional, Petro sostuvo reuniones con líderes de oposición, entre ellos el ultraderechista Álvaro Uribe. (Tomada de Radio Caracol)
La cita causó enorme expectativa nacional, ya que ambos han estado siempre en las antípodas en lo que a política se refiere, pues Petro fue un duro crítico de Uribe como presidente (2002-2010), principalmente por el manejo del conflicto armado, y en el Senado protagonizaron ásperas discusiones.
El líder de la derecha, quien controló el gobierno del saliente Iván Duque, y no pudo hacerlo con Santos, suscriptor del acuerdo de paz que el ultraderechista repudió, al parecer pensó que ahora era mejor dar al menos la impresión de entenderse con el izquierdista para evitar verse aun más aislado en el mundo político, aunque tiene un alto número de seguidores.
Luego del encuentro, en tono animado, el exmandatario, creador de los grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia, indicó que "Le dije muchas cosas de muy buena fe, en buen tono y con todo respeto. La verdad, precisó, a mí siempre me ha gustado el diálogo cuando es sincero, con prudencia".
De sus palabras se infiere que su partido CD hará una oposición –es posible- constructiva en el próximo Congreso, cuyo período de sesiones comenzó el 20 de este mes, dos semanas antes de la investidura presidencial.
Con estos encuentros conciliadores, el presidente electo resolvió el problema de gobernar sin mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. El Pacto Histórico se convirtió en las legislativas del 13 de marzo en la primera fuerza en el Congreso Nacional -20 senadores y 27 representantes a la Cámara- a las cuales sumó 13 de su aliado el partido Alianza Verde.
Sin embargo, para tener la mayoría son necesarios 55 senadores, de 108, y 95 delegados a la Cámara, de 188, cifras que Petro consiguió con el apoyo recibido ahora, con lo que la oposición prácticamente fue borrada del mapa.
Al parecer, los miedos de posible radicalismo que despertaba Petro entre la población parecen que desaparecieron. La clase política está alineada con el futuro gobierno por varios factores, entre ellos el gran acuerdo nacional alcanzado, confianza en el discurso moderado del próximo mandatario, y por sus propios intereses burocráticos.
Entre los que se dicen apoyarán al nuevo gobierno están el Partido Liberal, el de la U, el Conservador, Cambio Radical, el excandidato independiente Hernández, y el CD de Uribe.
La dupla gobernante está consciente de que sin paz no funcionará el país.
El plan de gobierno de Petro-Márquez señala que cesará la violencia contra los firmantes de la paz y que, en colaboración con la sociedad nacional e internacional, se hará efectivo el pacto de hace seis años. La reforma rural integral será un punto esencial en la estrategia de paz.
La nueva gerencia Indica que, entre otras medidas, constituirá el Fondo de Tierras, creará la jurisdicción agraria, avanzará en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), implementará el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) para contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la seguridad jurídica de la tenencia.
En uno de sus puntos principales, la administración del Pacto Histórico buscará las condiciones adecuadas de diálogo con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional para una negociación eficaz. Se construirá y acordará el Consejo Nacional de Paz, tal y como menciona el punto 2.2.4 del tratado
Esa política integrará la educación para la paz, la resolución alternativa de conflictos, el fortalecimiento y desarrollo de las Casas de la Cultura, los Centros Deportivos Territoriales, Museos regionales, Lugares de Memoria y Observatorios de Pensamiento de pueblos indígenas, en función del fomento de una cultura de armonía.
El Ejecutivo trabajará, según anunció, para impulsar la regulación de las plantas y sus usos derivados. Por tanto, se investigarán los beneficios de derivados del cannabis y de la hoja de coca, impulsando un importante sector productivo que involucre al Estado, el sector privado y las formas cooperativas y comunitarias.
Es propósito de la administración someter judicialmente al multicrimen, lo que quiere decir que “se identificarán y combatirán los grandes capitales, las estructuras de los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado”.
REFORMAS PROFUNDAS
El programa de gobierno del Pacto Histórico plantea reformas profundas en áreas tan diversas como el actual modelo económico y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas; asimismo, brinda detalles específicos para dar un mayor énfasis a los derechos y a las libertades de las personas. Petro afirmó que su gobierno tendrá tres ejes: la paz, la justicia social y la justicia ambiental.
Márquez anunció que en el programa gubernamental las mujeres ocuparán al menos el 50% de los cargos públicos y se fomentará el liderazgo de las féminas desde etapas tempranas en la educación.
El plan oficialista plantea transitar hacia una economía productiva que respete la naturaleza y enfatice el uso de energías limpias, para evitar la dependencia exclusiva del modelo extractivista.
Se hará, además, una reforma agraria para la transformación del campo en clave productiva y de justicia social y ambiental. Se propone la reducción gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. Prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No dará nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni permitirá la gran minería a cielo abierto.
Entre los cientos de propósitos incluidos en la agenda está el fortalecimiento del sistema educativo público.
También se impulsará “una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como instrumento integral de protección del territorio, entendidos estos como seres vivos desde una perspectiva biocultural.
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