Perú: El año del derechazo total contra Castillo (+ Audio)

Quizás uno de los períodos gubernamentales de mayores zozobras para el pueblo peruano fue el del defenestrado expresidente Pedro Castillo, un maestro de primaria sin gran experiencia política que, como se esperaba, fue depuesto, humillado y deshonrado por la poderosa derecha representada en el Congreso Nacional.

Aunque salió a la calle a defender la democracia y exigir el cierre del Legislativo y elecciones generales anticipadas, la población peruana, y en especial sus sectores más pobres, poco pudieron hacer contra la maquinaria oligárquica. Muchos fueron asesinados y detenidos por los militares solo por defender el honor de su país, una vez manchado por las fuerzas de la derecha. Esa masa empobrecida confió en Castillo, quien asumió en julio de 2021, pero que apenas pudo hacer pequeños movimientos en lo que prometió sería un proyecto político inclusivo y humanitario.

Al exmandatario, oriundo de la empobrecida región de Cajamarca, este año, como el anterior, cuando entró en el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional le impidió gobernar. Ocurrió un ¨deja vu¨, pues acontecimientos muy parecidos ocurrieron con los seis últimos jefes de gobierno destituidos por la derecha en el órgano legislativo en los últimos cinco años.

Quizás porque era solo maestro sin fortuna, por el color mestizo de su piel, o porque carecía del arsenal político para enfrentarse a una pléyade de políticos en su mayoría corruptos y apegados a la oligarquía, a Castillo ni siquiera le dieron la oportunidad de dejarle demostrar que el cargo le quedaba grande.

Aunque la economía marcha con buen ritmo, la pobreza está enquistada en un 25,9  % de los peruanos, o sea, 8 500 000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Pero la cifra varía en las 15 de las 25 regiones del país.

Los últimos datos de octubre de este año indican que en el área urbana se registra un 22.3% de pobreza, mientras que el área rural lacera a un 39.7% de la población.

El hambre y la miseria afectan a un 44,3 % de los habitantes de la sierra rural, y a un 35 % en la zona selvática.

La pobreza es superior al promedio en 15 de los 25 departamentos que existen en el país, donde las personas no pueden cubrir el gasto de una canasta básica de 378 soles (mn). Un dólar americano equivalía a 3.8120 este 29 de diciembre.

Desde que tomó posesión como presidente con un proyecto marcadamente humanista, Castillo no tuvo un momento de respiro.

Un plan diseñado aun antes de que asumiera –lo cual quedó demostrado cuando el Supremo Tribunal de Justicia solo aceptó su victoria un mes después de cerradas las urnas- determinó que el ex sindicalista de Cajamarca (solo participó en un episodio huelguístico del magisterio) no concluiría su mandato en 2026, por mucho que repitiera que no renunciaría.

No renunció, es cierto, pero libró mal sus batallas. Al antiguo profesor le hicieron cambiar cinco gabinetes en poco más de un año que estuvo al frente del país (al menos en papeles) y  60 ministros. Era un monigote del Congreso, el verdadero jefe del gobierno de Perú desde hace años.

Castillo tuvo que enfrentar este año tres peticiones de vacancia –dos de ellas revocadas por falta de votos necesarios- y la tercera que ni siquiera llegó a discutirse cuando ocurrió la debacle de este 7 de diciembre.

Es cierto que no siempre fue atinado en sus decisiones, ni que cumplió con sus promesas de campaña. También que hizo concesiones a la derecha o porque quería que lo dejaran en paz o porque sus asesores lo maniobraron para que su gobierno que denominó progresista girara al contrario.

Lo cierto es que a este político que usaba aún su sombrero típico de las sierras, que no se distinguía ni por el buen vestir ni por su elegancia –algo muy importante para la burguesía asentada en Lima, la capital- los congresistas lo acusaron de corrupto, dictador, sin moral y hasta traidor a la Patria. Ni siquiera le daban autorización para viajar al exterior.

En ese conglomerado de acusaciones involucraron a su familia, ahora asilada en México, mientras él fue condenado a 18 meses de prisión cautelar y permanece en Perú, para luego enjuiciarlo y quizás mantenerlo tras las rejas de por vida.

El que Castillo intentara, como quería el pueblo en las calles, cerrar el Congreso, amparado en la Constitución Nacional y decretar el estado de excepción, fue el detonante para destituirlo y apresarlo cuando se dirigía al edificio donde una vez más los legisladores intentarían vacarlo.

La noche previa a su destitución y encarcelamiento, el presidente se dirigió en un mensaje a la población para ratificar, dijo, una vez mas, que ¨no soy un corrupto¨. No mancharía jamás, dijo, el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres, quien como millones de peruanos trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias”, indicó el jefe de Estado.

Afirmó que a lo largo de los 17 meses de su gestión cierto sector del Parlamento tuvo como única intención de su agenda vacarlo del cargo, “porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes, estimados peruanos y peruanas, definieron con su voto en las urnas”.

Castillo señaló que todas las solicitudes de destitución estaban basadas en dichos de terceros. Y dijo que exfuncionarios de su gobierno, intentan involucrarlo sin pruebas para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de su confianza.

“Esta noche ratifico que jamás le he robado ni un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, preciso, un hombre de campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero nunca ha cometido delito alguno”.

Los congresistas estaban conscientes de que no ganarían –precisaban 87 votos- la nueva petición de vacancia. En una rápida maniobra que analistas consideran fue preparada de antemano con la vicepresidenta Dina Boularde – el ciclo del maestro fue cerrado y en menos de dos horas su sustituta fue juramentada en el cargo.

La eventual participación de Boularde en el golpe de Estado blando dado a Castillo quedó en evidencia cuando la prensa peruana mostró que pocos días antes ella había sido citada al Parlamento, que anuló los cargos de corrupción de que era acusada en ese recinto.

Aunque el expresidente poseía un bajo nivel de aceptación popular ( 24 % en diciembre), menos aún tenía el Congreso ( 19 %), según la encuestadora Datum. La clausura del órgano legislativo hubiese sido bien recibida, opinan analistas, si se hubiese efectuado.

Castillo preso y una endeble nueva presidenta plegada a los conservadores. Un panorama tétrico para la población peruana que rápidamente se movilizó exigiendo elecciones generales para cambiar al Congreso y a la presidenta.

El gobierno de Boluarte dictó una brutal represión contra los manifestantes llegados de distintos puntos del Perú profundo, en especial, además de sindicalistas y movimientos sociales.

Esta abogada, miembro del partido Perú Libre –al que Castillo renunció- aseguró esta semana que no quedarán inmunes las muertes de 28 personas por disparos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú tras la declaración del estado de emergencia dictada por su gobierno.

En conferencia de prensa, Boluarte precisó que no permitirá que haya impunidad en ningún caso y aseguró que nunca pensó en esa tremenda violencia a nivel nacional, ya que su asunción fue constitucional y acusó al expresidente de un autogolpe de Estado, cuando en la realidad fue el Congreso el que lo venía gestando.

Tratando de salvar su responsabilidad en la matanza, afirmó que el Consejo de Ministros se vio obligado a movilizar a los militares ¨para defender la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos¨ y reiteró su invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país para que haga su propia investigación el próximo mes.

Castillo había solicitado poco antes de su caída la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que le ayudase a arreglar el entuerto entre los poderes nacionales enfrentados.

Ahora, la presidenta está siguiendo al pie de la letra el resultado del informe final de la OEA sobre la situación peruana, en la que recomienda un diálogo y una tregua política entre los enfrentados.

En una de sus últimas apariciones de este año, y luego de su anuncio de celebrar los comicios generales en 2024, no dos años después como corresponde- advirtió que su despacho invitó a conversar a todos los grupos políticos del Congreso, incluso los que respaldaban a Castillo.

Los que quieren mi renuncia, advirtió, no lo lograrán, dirigiéndose a sectores afines al depuesto mandatario, pues, opinó, solo traería mas anarquía al país y recordó que, si lo hiciera, "vendría a asumir el presidente del Congreso (el excomandante de las Fuerzas Armadas José Williams), quien a su vez tendría que llamar en pocos meses a unas elecciones generales y el país estaría "caminando sobre el mismo desorden político".

A pesar de su advertencia, nadie sabe con certeza que ocurrirá en Perú en los próximos meses.

Su prueba de fuego será el próximo 10 de enero cuando el gabinete ministerial bajo su dirección pedirá un voto de confianza al Congreso para gobernar en firme.

Luego de la experiencia vivida por el maestro de Cajamarca, habrá que observar con cuidado el comportamiento del Legislativo.

Boluarte solo podrá gobernar los próximos dos años si sus medidas no lesionan los intereses de la derecha, que, nadie lo duda, tiene en mente dirigir Perú desde el gabinete ministerial.

De lo contrario, pocos le auguran larga vida en el Palacio de Gobierno a la que alguna vez alentó como amiga a Castillo.

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