La victoria del ultraderechista partido Republicano para liderar el Consejo Constituyente de Chile podría ser muy peligrosa, pues fue esa agrupación fundada por José Antonio Kast la más opuesta a la redacción de una nueva Carta Magna en sustitución de la de 1980, redactada bajo el régimen militar.
Resulta inexplicable, en una rápida lectura, los resultados de las elecciones del pasado domingo, que auguran el rumbo que con casi seguridad tomará la futura ley de leyes. Serán en mayoría los republicanos, que quieren se mantenga la vigente Ley de Leyes, los que revisen y orienten ahora la labor de los redactores del Comité de Expertos, integrado por 24 profesionales, en su mayoría abogados, escogidos por agrupaciones partidistas representadas en el Congreso Nacional.
Analistas de distintas tendencias coinciden en que el gobierno del presidente Gabriel Boric sufrió una dura derrota que podría repercutir en la vida nacional. Kast fue su rival electoral en 2021, al que le ganó en segunda vuelta, luego de años de régimen neoliberal de Sebastián Piñera.
En un extraño giro –siempre con el socorrido pretexto del voto de castigo a los dirigentes nacionales- el mismo pueblo que hace tres años exigió en las calles entre bombas lacrimógenas, ojos heridos y desaparecidos una nueva Constitución Nacional, ahora en este proceso ya deteriorado sirve en bandeja de plata a la derecha la influencia en una redacción que debería reestructurar las bases de la nación transandina.
Al parecer, ni el propio Boric esperaba una victoria tan contundente de los republicanos en los recientes comicios, que determinaron los 50 integrantes del Consejo, con una distribución paritaria de 25 hombres e igual número de mujeres, entre ellos un representante de los pueblos indígenas. La lid se realizó entre más de 350 candidatos.
Con un 99,44% de las mesas escrutadas por el Servicio Electoral (Servel), los republicanos obtenían un 35,42% de los votos, seguidos por los pactos izquierdista Unidad para Chile (28,57%), derechista Chile Seguro (21,07%), centroizquierdista Todo por Chile (8,96%), Partido de la Gente (5,48%) y los independientes (0,50%).
El conteo concluyó que el ultraderechismo obtuvo 22 escaños, a los que se suman los 11 consejeros de la alianza conservadora Chile Seguro.
Por el contrario, la coalición oficialista y de izquierda Unidad para Chile ganó un magro 28 % de los votos, lo que es igual a solo 17 consejeros, una evidente desventaja en el momento de las decisiones.
Un notable fracaso tuvo la lista Todo por Chile, de izquierda, que formó parte de la Concentración gobernante entre 1990 y 2010, la que se fue en cero.
Hubo algunos datos curiosos en los resultados de estos comicios, en los que el voto es obligatorio, y a los que fueron convocados más de 15 000 000 de personas. Sin embargo, y de acuerdo con Servel, solo se presentaron unos 12 500 000 ciudadanos, o sea un 82,7%.
Algo inédito ocurrió en la jornada. Los votos nulos y en blanco superaron los 2 200 000, más del 21%, lo que puede interpretarse como un sentimiento de desinterés o hastío hacia la clase política chilena y en especial hacia la nueva Constitución que se prevé estará muy alejada de los intereses de la mayor parte de la sociedad, preocupada por la economía y la seguridad.
¿QUÉ ROL JUGARÁ AHORA LA DERECHA EN EL CONSEJO?
La redacción de la Carta Magna chilena ha recorrido un camino tortuoso. Esta será la segunda versión –a ser aprobada en plebiscito en diciembre próximo- luego del fracaso de la primera Asamblea Constituyente, electa por la población sin representación de partidos políticos.
Mal empezó desde que el entonces presidente Piñera hiciera lo imposible para boicotear el trabajo de 155 redactores que ni siquiera tuvieron un local con un mínimo de condiciones. De los seleccionados, 59 son abogados y otros siete estudiantes de Derecho. 20 profesores, nueve ingenieros y cinco periodistas, mientras que seis integraron el Congreso Nacional y nueve exautoridades de gobierno. También poseía 17 representantes de los pueblos originarios, y ocho de la comunidad LGTB+.
Los 1374 aspirantes fueron propuestos en asambleas públicas por la población, y eran miembros de la izquierda o independientes, sin compromiso político. Sin embargo, el documento presentado a la consulta popular, y rechazado, no expresó las necesidades de quienes deseaban, al menos en 2019, una reestructuración absoluta de las bases de la nación.
Sin embargo, el triunfo del rechazo al texto de modo alguno significaba la renuncia al criterio colectivo de tener una nueva Constitución. Ya Boric había ganado la primera magistratura en segunda vuelta con 55,87% (4 620 890) contra el 44,13% (3.650.088) logrado por el ahora victorioso Kant.
El joven mandatario, exlíder estudiantil, asumió en marzo del pasado año y de inmediato se comprometió a un nuevo proceso, cuya segunda parte se vive ahora en medio de un evidente desencanto con la izquierda, sin que ello, por supuesto, significara darle la victoria a la ultraderecha.
Mucho insiste la prensa hegemónica chilena, en manos de la poderosa oligarquía local, en que el Consejo electo no tiene potestad para cambiar el anteproyecto elaborado por el Comité de Expertos. Ese grupo debe escuchar las recomendaciones del Consejo, que aunque no tiene voto, sí la suficiente fuerza para transformar cualquier inciso alejado de su concepto de sistema político.
Por tanto, la idea que quieren vender los conservadores es que aunque ahora la nueva Carta Magna estará a partir del próximo día 7 de junio en manos de la derecha más recalcitrante, esta no podrá cambiar una línea, lo cual es una mentira, pues sus sugerencias serán escuchadas, recogidas y puestas en blanco y negro.
Los consejeros tendrán de plazo hasta el 7 de noviembre para entregar la propuesta definitiva, la cual antes será revisada tanto por la Comisión de Expertos como por el Comité Técnico de Admisibilidad, un órgano de 14 juristas que evaluará la pertinencia legal de las propuestas.
Una vez terminado el borrador, comenzará la campaña de promoción del plebiscito, en el que la ciudadanía tendrá que responder a la pregunta: "¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?".
Kast está de plácemes. Poco después de conocer su triunfo, este defensor de la dictadura pinochetista aseguró que “esta es una señal fuerte y clara del rumbo que los chilenos quieren para nuestro país”.
Boric reconoció la derrota, marcada, dijo, “por la crisis de seguridad y migratoria que han calado profundo en el ánimo de nuestros compatriotas”, palabras que observadores consideran un pretexto a la hora de evaluar los resultados, dada la gran mayoría que se proyectó por la derecha.
Tratando de evitar que la futura Carta Magna no entrañe cambios deplorables para la vida chilena, el presidente invitó a los partidos de derecha “a conseguir grandes acuerdos por nuestra patria”, lo cual puede caer en saco roto y lo que se presente al plebiscito sea una propuesta sin el aporte de la izquierda.
Para la investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) Isabel Castillo, “uno de los temores es que a la derecha se le abra el apetito y vea una oportunidad de constitucionalizar cosas que hoy no están en la actual Carta Magna y que profundizaría aun más las brechas de desigualdad existente en el país”.
Castillo precisó en declaraciones a la prensa internacional acreditada en Chile que “si la derecha se impone en el Consejo puede aprobar cosas muy complejas difíciles de tragar por el izquierdismo y eso sin duda llevaría al fracaso a este proceso de nuevo”.
El diario de línea conservadora La Tercera realizó un sondeo entre los 50 consejeros electos y ratificó el perfil conservador del nuevo órgano.
El 60 %, por ejemplo, está en contra del aborto, en tanto que un 88 % no cree que la salud deba ser un servicio totalmente público, ya que apoya la existencia del sistema privado; y un 35 % prefiere que el sistema de pensiones permanezca en manos de las privadas Administradoras de Fondos.
Los conservadores no van a perder el tiempo con discursos de lenguaje ultrapasado. De ahora en adelante, el fortalecido Kast, como líder de la oposición, desplegará una poderosa campaña para que los votantes aprueben el proyecto que en gran medida será de su partido.
De esa manera se complica uno de los principales objetivos del gobierno de Boric, que es entregarle al pueblo chileno un documento rector que elimine los privilegios de quienes ahora, de manera paradójica, serán sus redactores.
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