Pedro Castillo cumple su primer año de gobierno (+ Audio)

Este 28 de julio se cumple un año de la asunción del presidente peruano Pedro Castillo, y son varias las interrogantes que le rodean, entre otras, ¿será que está incapacitado para hacer un buen gobierno?; ¿El Congreso Nacional lo acosará hasta destruirlo?;¿Llegará al segundo año en Palacio de Nariño este maestro de primaria de Cajamarca?. ¿Cambiará su estrategia la derecha?.

Hay muchas más preguntas en torno a la administración de Castillo, quien ganó la primera magistratura, con apenas 50 000 votos de diferencia, a la ultraderechista Keiko Fujimori, de Fuerza Perú, en su tercer intento en 2021.

El maestro de pocos recursos financieros, que hizo su campaña montado a caballo, conocido en medios sindicales regionales, sin experiencia política para dirigir un país tan complejo como Perú y sus 33 millones 396 000 de habitantes, fue escogido por Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, para postularlo a la presidencia por ese partido, sin estar convencido, dijo, de que llegaría más allá de un cuarto lugar en los comicios.

La única explicación para que ganase fue que la población, en especial la del Perú profundo, prefirió jugársela con un candidato humilde y unido a los pobres –entonces su carta de triunfo- que entregar el país a la hija del dictador Alberto Fujimori, quien cumple prisión por crímenes de lessa humanidad, y que, si obtenía la victoria, podría implantar una nueva dictadura.

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El sentimiento de que quizás Castillo, no contaminado con la corrupción política  pudiera ser la diferencia política, significó la plataforma del triunfo.  

El líder de una facción magisterial regional cifró sus sentimientos en un discurso antisistema, en la confrontación y la agenda maximalista, para hacerse de un espacio, y en la lealtad de un núcleo regional y familiar. Olvidó o subestimó al mundo muy competitivo al que se asomaba y en el que suelen predominar las malas artes políticas. Entre ellas, saber utilizar todas las oportunidades disponibles para acumular capital político en cualquiera de sus formas, incluso la de destituir a un presidente.

La dinámica que el mandatario quiso imprimir a su administración, mientras la oligarquía y la burguesía limeña se reían de su aspecto campesino y su sombrero chota, típico de las áreas rurales, está ahora casi reducida a cero.

El 74% de los peruanos, según encuestas que no siempre reflejan la verdad, perdió su confianza en el mandatario, enquistado en un silencio poco favorecedor. No concede entrevistas a la prensa, solo emite comunicados o usa redes sociales, y habló 62 veces en 89 reuniones del Consejo de Ministros.

MAL ENQUISTADO

El Congreso peruano es un mal enquistado en la política nacional. No se trata de que gobierne uno u otro político, ni la vía por la que ocupó la primera magistratura. Lo que busca la derecha peruana es tener un pelele en el Palacio de Nariño que sirva a sus intereses y, si saca la mano, cortársela de un golpe certero. Y para ello qué organismo podría ser más eficaz que un Legislativo donde impera la corrupción y es el encargado de destituir a los primeros mandatarios.

Pleno del Congreso Nacional de Perú, que el pasado martes eligió como su presidenta a Lady Comones, del derechista partido Alianza para el Progreso (APP). (Tomada de Andina)

Cuando Castillo ganó, la colectividad peruana atenta al progresismo creyó que formaría parte de los cambios estructurales que se viven en América Latina.

El llegaba precedido de su honestidad y sus proclamados deseos de darle voz y mejorar las condiciones de vida de la nación andina, donde el 27,5% de la población es pobre.

Quizás no esperaba tan rápidamente la dura confrontación directa con el Legislativo de 130 miembros, que este martes eligió como su nueva presidenta para el período 2022-2023 a Lady Camones, del  partido derechista Alianza Para el Progreso (APP)). La nueva líder planteó que lucharía contra la corrupción ¨caiga quien caiga¨, en evidente alusión a las denuncias que empañan el prestigio del profesor, aunque descalificadas hasta ahora.

Desde que tomó posesión del cargo, el jefe de gobierno se vio maniatado por los legisladores, en especial los de Fuerza Perú, que son mayoría. Esa agrupación comandada por Fujimori posee 24 escaños y el segundo lugar, con 16, el Perú Libre, de Cerrón, acusado de corrupto cuando era gobernador y que por deudas pendientes con la justicia no pudo postularse al Palacio de Nariño.

De esa agrupación el mandatario pidió la baja ante las presiones de Cerrón, al que consideraba su compañero de partido y amigo.

Hasta hoy, y por obra y gracia del Congreso, el gobierno de Castillo ha tenido cuatro gabinetes y un número significativo de cambios en los ministerios. Solo el del Interior ha tenido siete titulares.

Esos tejes y manejes de los congresistas son de larga data. Cinco presidentes salieron por la puerta de atrás luego de los chanchullos políticos. Todos fueron acusados de corrupción. Uno de ellos, Allan García, se suicidó antes de ser sometido a una investigación.

La única manera de evitar esa guerra no declarada con el Ejecutivo sería el cierre del órgano legislativo, como hizo el presidente Martín Vizcarra, quien después fue sacado también por varias causas, como la de vacunarse contra la COVID-19 antes que la población, o supuestos actos delictivos.

Castillo ha tenido un año infernal, más allá de que sean ciertas o no las inculpaciones en su contra, a lo que se une, según analistas, una asesoría de baja calidad, indecisiones personales, o toma de medidas de corte dictatorial, como la declaración del estado de excepción adoptado por protestas ante los altos precios de los combustibles.

Si no lo han destituido luego de tres solicitudes de vacancia es porque la oposición no logra reunir, hasta ahora, el número de votos necesarios. Son mayoría, pero no absoluta.

En su contra aparecen siete imputaciones, algunas casi risibles, como la de ¨traidor a la Patria¨ por mencionar que Bolivia debía tener una salida  al mar –como exige a Chile hace décadas- por territorio peruano.

Otras son más graves, y mejor aprovechadas por la media hegemónica para desprestigiarlo -como la de ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas- en las que se supone favorecería a ciertas personas y cobraría sobornos.

Sin embargo, el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, alegó que el mandatario no había intercedido a favor de algún oficial. El caso quedó cerrado, pero una nueva Fiscal, Marita Barreto, decidió reabrirlo.

Uno de los encartados en el suceso es el exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, que hace tres días se presentó ante la justicia, luego de darse a la fuga, y confesó –según el diario El Comercio- que el presidente había coordinado su salida a escondidas mediante su nuevo secretario general, Beder Camacho, quien descartó tal versión este martes ante la prensa.

Según el testimonio que rindió ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por la fiscal Barreto, Pacheco estuvo prófugo por más de tres meses gracias a las órdenes de amparo emanadas de Nariño.

Al respecto, vía twitter, Castillo se desentendió y sostuvo que “Para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo. Esperamos que se imponga la verdad”.

El ex secretario ratificó que los cobros para ascender a 10 oficiales a generales se canalizaron por las escoltas del dignatario, los suboficiales Jorge Tarrillo y Nilo Irigoin (apodados Las sombras). Cada favorecido debía pagar 20 000 dólares por el nuevo rango.

La solicitud, afirmó Pacheco, fue canalizada de manera directa por sus sobrinos Fray Vásquez Castillo (prófugo) y Gianmarco Castillo.

Hay más, pues son siete las acusaciones en que aparece involucrado, entre ellos un caso de corrupción al encargarle la construcción de un costoso puente a determinadas empresas, a cambio de altas sumas.

La fiscal Barreto sostiene que, según pruebas, Castillo es el jefe de una banda criminal que cometía delitos de tráfico de influencias, entre otros agravantes.

En la relación de los presuntos delincuentes aparecen Juan Silva, ex ministro de Transporte y Comunicaciones y Fray Vásquez, por los cuales el Ministerio del Interior ofrece altas recompensas.

Para analistas, la derecha peruana no puede destituir a Castillo, como hizo con sus otros pares, porque en estos momentos carece de una figura política que tenga prestigio, y a la vez le sea obediente.

La sombra de un golpe de estado militar podría ser una salida, pero, si son ciertas las declaraciones de Barreto, sería visible que la corrupción de las Fuerzas Armadas podría ser mayor y tampoco resulta conveniente destapar la tapa en estas circunstancias.

Lo que busca la oligarquía peruana es tener un pelele en el Palacio de Nariño que sirva a sus intereses o, de lo contrario, darle un golpe certero. Y para ello qué organismo podría ser más eficaz que el Legislativo, pero que, con su desprestigio actual, resulta una tentación muy pobre.

Lo cierto es que resulta una proeza mantenerse en el timón del barco cuando las armas largas, y poderosas de la política nacional, apuntan al presidente, más allá de sus errores, de las acusaciones de corrupción que le imputan, de su falta de carácter para gobernar, o de su enclaustramiento político.

Por lo pronto, Castillo solo ha podido impulsar este año la llamada segunda reforma agraria, que poco lastimó a los terratenientes, y la culminación de la vacunación ciudadana contra la pandemia de la COVID-19.

Ante el actual escenario, son varios los observadores que se burlan de lo que denominan la telenovela política peruana con el guión firmado por varios autores. La situación, empero, es mucha más seria que un entretenimiento.