sábado, 2 de marzo de 2024

Panameños de fiesta

Tras un mes de protestas populares, la Corte Suprema de Justicia del istmo declaró inconstitucional el contrato minero de First Quantum Minerals Ltd...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 29/11/2023
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Panamá
El pueblo panameño, en vigilia frente a la sede de la CJS, festejó la inconstitucionalidad del contrato estatal con la Minera Panamá (La Estrella de Panamá)

Luego de cinco semanas de protestas, manifestaciones y paros, miles de personas celebraron este martes el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de decretar inconstitucional la Ley 406, que establece el contrato entre el Estado y la Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals LTD. de Canadá.

 

La presidenta del tribunal, María Eugenia López, anunció en rueda de prensa ese día que "El voto en contra del contrato completo fue unánime. El fallo debe publicarse ahora en el diario oficial del país".

 

El mes pasado estallaron protestas masivas después que la Asamblea Nacional de Panamá aprobara un nuevo contrato minero con la empresa canadiense, enviado por el presidente Laurentino Cortizo. Los manifestantes sostenían que el documento viola la soberanía nacional y no recibió suficiente debate público antes de su aprobación por los asambleístas.

 

La compañía canadiense, que explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, se vio obligada a suspender la producción debido a los cortes de carretera que le impiden recibir los suministros que necesita, aseguró uno de sus voceros.

 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por nueve jueces, consideró que la Ley 406, que permitía explorar y explotar la mina Cobre Panamá, es un conflicto constitucional considerando primero que atenta contra los derechos fundamentales de la vida, la salud y de un ambiente sano, que esté libre de contaminación, de la población panameña.

 

Otro elemento de conflicto - que destacan los magistrados - es que el contrato se contrapone a los valores de bienestar social sobre el interés particular que promulga la Constitución en sus artículos 50, 257, 258 y 259.

 

La CSJ refirió que estos derechos fundamentales,  consagrados en  la Constitución Política panameña son valores supremos de la población frente al interés particular, “el cual fue sobrepuesto en el contrato aprobado, con la censurada ley (…), señala el fallo del 27 de noviembre pasado, conocido públicamente 24 horas más tarde.

 

Coincidieron los miembros de la CSJ es que se violó el derecho del público a ser informado de forma efectiva, correspondiente y oportuna.

 

EN PIE DE LUCHA

Las organizaciones sindicales, sociales e indígenas avisaron que no detendrían las movilizaciones si la CSJ aprobaba la decisión del mandatario y del órgano parlamentario. También mostraron dudas sobre el alcance de un eventual rechazo de la Corte, las cuales quedaron despejadas hace apenas unas horas.

 

No faltaban razones. Un contrato anterior de 1997 también fue declarado inconstitucional, pero la firma canadiense hizo caso omiso y siguió funcionando en ese momento.

 

El nuevo texto fue aprobado por el oficialismo en un tiempo mínimo. Su autorización por el Consejo de Gabinete fue aprobado el pasado 10 de octubre. El contralor general Gerardo Solís lo firmó tres días más tarde. Fue presentado a la Asamblea Nacional 72 horas después y sancionado por Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre. Diez días para entregar una enorme riqueza natural del país a una compañía extranjera.

 

El rechazo a las directrices adoptadas comenzaron el pasado 20 de octubre y aumentaron la presión contra Cortizo y quienes lo siguieron, según declararon dirigentes de las entidades que realizaron una vigilia de semanas ante la sede de la CSJ.

 

Datos de la justicia panameña indicaron que, como mínimo, fueron detenidas más de 1 300 personas, reprimidas por órdenes gubernamentales.

 

Minera Panamá
La Minera Panamá, subsidiaria de la First Quantum Minerals LTD. de Canadá explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. (Resumen Latinoamericano)

La Ley 406, que deberá ser derogada oficialmente, permite a Minera Panamá operar por un período de 20 años, prorrogables por el mismo período.

 

Pese al establecimiento de una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en Panamá, o Ley 407, que el gobierno se vio obligado a firmar, las movilizaciones se mantuvieron y este día sus organizadores avisaron que estarán activos hasta que se derogue la Ley 406.

 

La mina de cobre es el principal activo de First Quantum y produce alrededor del 1,5 % de la producción mundial de cobre.

 

MISERIA PARA PANAMÁ

Panamá, situado en la región centroamericana, es un país pequeño pero de sólida economía, con un crecimiento proyectado para este año de entre un 6,5 % a un 6,7 %. Sus habitantes ascienden a unos 4,4 millones de personas. La  pobreza y la desigualdad de ingresos ha sido persistentes, afectando en mayor proporción a los territorios indígenas, rurales y a las poblaciones afropanameñas. Es considerado el sexto país más desigual del mundo, con una pobreza que afecta a más de un millón de personas.

Las protestas de este año son resultado de una serie de factores institucionales, sociales, políticos y económicos acumulados, que se agravaron con la Covid-19, pero que, dicen esas fuentes, nunca fueron atendidos oportunamente por el Estado, una vez pasada la invasión norteamericana, (20 de diciembre de 1989) hasta hoy.

El pueblo panameño posee necesidades básicas relacionadas con los servicios públicos, (agua, luz, salud, comunicación), con el alza de los precios de la canasta básica de alimentos, el desempleo, falta de medicamentos de salud, educación y deterioro del medio ambiente.

Con este triunfo de la población, y con elecciones presidenciales el próximo año, quizás comiencen a encauzarse soluciones a los demás factores incontrolados como lo son el desempleo, la educación, los servicios públicos, la violencia en los barrios marginados, el narcotráfico y la corrupción.

Con 170 000 panameños en la informalidad laboral, las dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10% más rico del país.

Para algunas fuentes políticas, el contrato minero firmado con la compañía canadiense es una burla al pueblo de Panamá.

Protestas Panamá
Las protestas contra la Ley 406 firmada por Cortizo estallaron el pasado 20 de octubre, con saldo de al menos 1 300 personas detenidas. (Bloomberg)

De acuerdo con el abogado y ambientalista Harley Mitchel, "Lo que el gobierno no dice es que la empresa tiene potestades no solo dentro del área de concesión, sino fuera de la zona y hacerse no solo de subsuelo". En comparación con el anterior, dijo, el nuevo contrato ofrece numerosas ventajas para la empresa, aseguró a una televisora local.

PAGO DESVENTAJOSO

En medio de la crisis originada por la Ley 406, la Minera Panamá informó que pagó 567 000 000 de dólares al fisco panameño por concepto de regalías e impuestos, el cual cubre el período comprendido entre diciembre de 2021 y octubre de 2023.

Un comunicado de la filial canadiense señaló que se harían otros pagos adicionales a partir de diciembre de 2024.

El anuncio fue hecho luego que los organizaciones sindicales y gremiales convocaron a la población para nuevos paros si no derogaban la Ley 406.

Luego de conocerse la información, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la suma recibida de casi 563 000 000 -un poco menos que lo reportado por la minera- no podrá ser utilizada y se mantendrá "en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá".

La mina Cobre Panamá registró ingresos por ventas de 3 160 000 millones de dólares solo en 2021, de acuerdo con cifras de la propia compañía.

Otros negocios rodean este negocio minero. Registros del gobierno muestran que estaban revisando al menos dos solicitudes para explorar oro y otros metales cerca de la concesión de First Quantum.

Ahora, queda esperar que pasos dará el régimen de Cortizo en las próximas semanas.

La Minera Panamá, entretanto, advirtió que podría utilizar todas las opciones disponibles para protegerse, de acuerdo con sus derechos contractuales y la ley internacional. Juristas y empresarios indicaron que persiste el riesgo de un arbitraje internacional en contra del Estado panameño.


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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