Son 43 jóvenes asesinados. En sus vidas truncadas por el odio hacia los normalistas rurales de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa no hay mañana. Sus asesinos se van conociendo ocho años después de que desaparecieran entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en el violento estado de Guerrero. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hombre de palabra, aseguró que este año se conocerá la verdad de lo sucedido, catalogado oficialmente como crimen de Estado por las actuales autoridades.
Los normalistas fueron secuestrados al atardecer y encaminados, según testigos, hasta el cuartel del Ejército de Iguala, en una redada preparada de antemano en la que, se comprobó, participaron policías municipales, estatales, federales y el Ejército.
A ocho años del rapto de los estudiantes de magisterio cuando llegaban de Ayotzinapa a Iguala, cerca del centro escolar, en Ciudad de México se realizan desde el pasado viernes mítines y movilizaciones callejeras en las que está presente el pueblo capitalino junto a familiares de las victimas de -se conoce hasta ahora- un plan urdido para atemorizar a los alumnos de la Isidro Burgos, formados en la austeridad y la defensa de los valores de la población humilde.
Varios cientos de jóvenes normalistas, la mayoría llegados de Ayotzinapa, se manifestaron frente al Campo Militar 1, cuya puerta principal fue atiborrada con cartulinas en las que se lee: “Fue el ejército. Asesinos”.
Adentro, frente a una veintena de familiares de los raptados, centenares de policías se personaron en el cuartel - algunos del grupo llamado “Explosivos”- mientras en la retaguardia estaban apostados soldados de uniforme.
En el aire rondaba un dron y detrás de las líneas militares fue colocado un tanque de dispersión.
Mientras retumbaba el grito de los manifestantes “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en la barda del recinto fueron inscritas, con pintura roja y negra de aerosol, mensajes como: “Ayotzinapa vive”; “Ni perdón ni olvido. Si no hay justicia para el pueblo, para el gobierno tampoco”. Arriba, en la terraza de la entrada principal, dos alumnos de la Isidro Burgos, cubrieron de pintura los símbolos y leyendas castrenses y en su lugar escribieron “Fue el ejército. Asesinos. Nos faltan 43”.
El pasado miércoles, centenares de manifestantes realizaron pintadas en la embajada de Israel para exigir a las autoridades de ese país la extradición solicitada por el actual gobierno de Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el régimen del ex presidente derechista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Zerón es considerado un actor clave en el apresamiento de los adolescentes normalistas y se asiló en Israel para evadir la justicia mexicana.
El gobierno de AMLO solicitó a la nación hebrea la entrega del funcionario de alto rango, quien habría ordenado manipular las investigaciones del caso.
- Consulte además: Intriga rodeaba desaparición de estudiantes de Ayotzinapa (+Video)
Al respecto, Zvi Tal, embajador de Israel en México, condenó la violencia de los manifestantes, sin explicar la causa por la que no autorizan la extradición de Zerón, quien según las averiguaciones oficiales, dio la orden de torturar a los apresados.
Vidulfo Rosales, representante legal de los parientes de las víctimas, advirtió que deben investigarse los mandos del ejército por la infiltración que hicieron en el grupo de los normalistas. “Esas operaciones encubiertas merecen cárcel”, sostuvo. Se ha pedido, añadió, que los uniformados involucrados en los hechos comparezcan ante el ministerio público y entreguen los materiales probatorios.
“Estamos aquí, refirió, para exigir que el ejército no obstruya la indagación. Hay prueba de que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería, en Iguala, algunos fueron golpeados y asesinados ahí y otros sacados de ese municipio para entregarlos al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos”, que los ultimó en complicidad con el alcalde de Iguala, actualmente detenido junto a su esposa.
Pero aun los familiares desean profundizar más para que ningún implicado quede libre de sus responsabilidades, aunque López Obrador prometió, y seguramente lo cumplirá, llegar al fondo de lo sucedido con los normalistas, mientras mantiene en prisión a militares y civiles de distintas jerarquías.
Solo bajo el gobierno de AMLO se certificó la muerte de los jóvenes, pues dijo que era imposible que aun se mantuvieran con vida y se informó sobre la intervención de distintos políticos y fuerzas militares.
Sin embargo, en opinión de Rosales, las pesquisas aun son insuficientes, ya que el Ejército mexicano retiene información necesaria para esclarecer el paradero de los restos de los 43 jóvenes.
ESTE AÑO QUEDA CERRADO EL CASO AYOTNIZAPA
La pasada semana, el mandatario mexicano aseguró que ya se tienen ¨todas las pruebas¨ que revelarán la verdad. “Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementar (la investigación), porque acuérdense que es también un proceso judicial: se pueden tener las pruebas, pero hay que certificarlas y validarlas”.
En su habitual conferencia matutina, el gobernante precisó que desde el
Gobierno no quieren apresurarse para presentar el informe final, aunque aseguró que este mismo año se conocerá lo que ocurrió aquella noche (…) cuando miembros de la Policía y del Ejército atacaron (…), en Iguala.
La versión oficial del gobierno de Peña Nieto, bautizada como ¨verdad histórica¨ por su ahora detenido procurador Jesús Murillo Karam, fracasó en la medida que los entes investigadores actuales recibieron más de 18 845 folios con evidencia documental de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
Para cerrar el caso en su momento, según Karam, policías de Iguala secuestraron a los adolescentes y los entregaron después a personal del Cártel Guerreros Unidos, que los mataron y quemaron en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el Río San Juan. En marzo de este año, entidades especializadas divulgaron videos que comprueban la presencia de autoridades, incluidos de la Marina, manipulando el vertedero para darle credibilidad a la ¨verdad histórica¨.
Entonces, como ahora, los parientes no cejaron en sus exigencias, en desacuerdo con los resúmenes anunciados a toda pompa por Peña Nieto, al igual que organismos especializados que en este nuevo período denunciaron la manipulación de pruebas, ocultamiento de evidencia, presiones para proteger a los responsables y a la burocracia que impedía cualquier avance.
El gobierno de AMLO sigue profundizando en el caso. Ya hay varios detenidos por participar en los sucesos de Iguala. Allí los muchachos tomarían otro ómnibus hacia Ciudad de México para asistir a actos conmemorativos de una matanza de estudiantes el pasado siglo.
El general del Ejército (coronel en 2014) José Rodríguez Pérez, entonces responsable del Batallón de Infantería de Iguala, ordenó el asesinato de seis de los alumnos, según informe de la Comisión de la Verdad. Otros dos oficiales, cuyos nombres se desconocen, también están presos por igual causa.
Ese organismo indicó que verificaron llamadas al teléfono de emergencia, las cuales acreditan que esos jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto. Los alumnos fueron dispersados en varios grupos, lo cual hacía más difícil la localización de los restos.
En ese contexto, un tribunal federal otorgó ahora un amparo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. De esta manera el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, deberá reponer el juicio y anular la sentencia o imputar nuevos cargos al exalcalde, quien permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano en espera del resultado de este nuevo juicio. Cabe señalar que los cargos por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita son los únicos que retienen al exalcalde en prisión, al igual que a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como Felipe Flores, ex jefe de la policía municipal de Iguala Felipe Flores. Nada relacionado con los estudiantes.
Abarca fue encarcelado por presuntos vínculos con Guerreros Unidos y su esquema de corrupción, aunque hace ocho años se le acusó de dirigir la operación contra los alumnos normalistas.
Para el presidente AMLO, en este caso, como en muchos otros donde queda demostrada la impunidad con que actúan los jueces, hace imprescindible una reforma al Poder Judicial.
El juez Samuel Ventura Ramos, -por lo que será denunciado penalmente- liberó a 120 implicados en el caso Ayotzinapa, incluído el exprocurador Karam.
De manera recurrente, este magistrado argumenta cuestiones que son pretextos ¨para no hacer justicia a las víctimas¨, opinó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
El mandatario pedirá al Poder Judicial que inicie los trámites para revelar los nombres de los implicados. Sin embargo, mantuvo que también se debe revisar el “proceder interno del Poder Judicial”, en especial la eficiencia o ineficiencia de los jueces, sin obstaculizar el debido proceso.
México llora hoy, de nuevo, a sus adolescentes de Ayotzinapa. El camino de la justicia es largo en una nación como la mexicana, donde los tentáculos de la corrupción abrazan a individuos y organismos institucionales. No obstante, la verdad se va abriendo paso en el caso Ayotzinapa.
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