El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, considerado un sagaz economista neoliberal, es blanco de críticas de importantes sectores sociales y para aflojar la tensión política convocó a una consulta popular que, asegura, dará respuesta a las demandas populares, aunque pocos creen en esa aseveración.
Lasso, connotado ex banquero, con una cuenta millonaria en sus bolsillos de 39 702 000 dólares, según declaración jurada en la Controlaría General del Estado al inicio de su mandato en 2021, busca ahora cambios en la Constitución Nacional, con la eventual aprobación de ocho preguntas.
Para analistas, el mandatario, cuyo régimen atraviesa crisis de distinta índole, trata –indican expertos- salvar la piel, pues las protestas y manifestaciones, la mayoría encabezados por el poderoso movimiento indígena, exigen que modifique las medidas dirigidas a la obtención de grandes ganancias para las empresas privadas, mientras las clases populares sobreviven bajo la extorsión.
El proyecto Lasso nació en 2012 alrededor de esta figura que era declarado enemigo del expresidente Rafael Correa y su movimiento Revolución Ciudadana (RC), fomentadores de un sismo político en el escenario nacional. Este hombre de negocios, que tres veces disputó la presidencia y falló dos, fundó el partido derechista Creando Oportunidades (CREO).
La RC fue desde su surgimiento el adversario a castigar en la arena política. Lasso, un derechista aliado a Estados Unidos (EE.UU.) sabía que se acercaba a las puertas del Palacio de Carondelet cuando Correa pasó el poder a su amigo y compañero de gobierno Lenín Moreno, un político cubierto por un manto revolucionario y que entregó el país al Fondo Monetario Internacional (FMI), encadenándolo a una deuda de 4 200 000 dólares por un período de tres años, siempre y cuando el gobierno se adhiriese a un programa económico determinado en un convenio.
Al viraje neoliberal durante los cuatro años de Moreno se suma el tiempo de gobierno lassista, que profundizó en esa lógica capitalista. La reducción y desmantelamiento del Estado, el retorno al endeudamiento condicionado con el FMI y Banco Mundial, la priorización del pago de la deuda externa por sobre la inversión pública, la sumisión a los intereses geopolíticos de los EE.UU., el desmoronamiento de la provisión de servicios sociales (desde los más básicos hasta los más importantes), el despunte de la inseguridad, la ruptura de la institucionalidad y pugnas entre poderes del Estado son pan de cada día en el Ecuador de hoy.
Lasso es incapaz de dar soluciones reales. Él y su equipo ven en la consulta la tapadera a sus errores, con derroche de propaganda política incluida. Si se realiza y ganase, redoblaría su apuesta por el anticorreísmo. La ciudadanía, empero, no está convencida de sus argumentos, y razones tiene.
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El FMI aseguró que su plan era adecuar la balanza ecuatoriana a un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo. Lo que los prestamistas no aclararon es que, a cambio, exigían un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), que incluye el despido de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recayeron de manera desproporcionada sobre la población pobre y recortes a la inversión pública.
El panorama se agravó al descender Ecuador 13 puestos en el índice de corrupción que evalúa la organización Transparencia Internacional, la cual admite que ello representa una mayor brecha en la desigualdad y un aumento de la pobreza. El llamado país meridiano del mundo se encuentra bordeando el abismo de la recesión. Y esto no va a consulta.
¿QUÉ QUIERE CONSULTAR LASSO?
El gobierno pretende que la consulta popular se haga el próximo año, en una fecha que será determinada cuando la Corte Constitucional la apruebe. Ya esa instancia posee el cuestionario de ocho preguntas –que podría aumentar a 10 según aclaró esta semana un vocero oficial- agrupadas en tres ejes temáticos: seguridad de los ciudadanos, calidad institucional y medioambiente.
El bloque de seguridad pregunta sobre enmiendas a la Constitución Nacional; el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado; la extradición de ecuatorianos con delitos relacionados con la mafia transnacional; y la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
Sobre la calidad de las instituciones, el régimen propone reducir el número de asambleístas, registro obligatorio de los miembros de movimientos políticos y la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades.
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Sobre medio ambiente, la consulta plantea incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y compensar a quienes colaboren con la conservación de la naturaleza.
Queda claro que los enunciados de esta consulta son encantadores, pero que obvia los acuciantes problemas de la nación.
OPOSICION A LA CONSULTA
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que protagonizó –y se mantiene en vigilia constante- un paro nacional y movilizaciones contra el gobierno el pasado año, rechazó la propuesta de consulta popular, porque, expresó su máximo dirigente, Leónidas Iza, el presidente Lasso "está buscando oxigenarse políticamente".
"Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y vamos a ir de frente (...) Son preguntas vacías, no resuelven nada", agregó el presidente de la Conaie, en conferencia de prensa junto a autoridades de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).
Iza precisó que "el gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada", y aseguró que las interrogantes constituyen "un acto irresponsable" que pretende controlar los espacios del poder del Estado", lo que significaría ¨ir hacia una dictadura".
Al respecto, Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, reconoció la legalidad de la acción ejecutiva, pero, precisó, está fuera de lugar.
"Es inmoral en las condiciones que está Ecuador, argumentó, consultar sobre esos temas que nada tienen que ver con los problemas de los ciudadanos para salir de la pobreza y la situación de miseria que vivimos". Espinoza indicó que ¨la población necesita, entre otras cosas, reabrir las escuelas rurales, que se atiendan los hospitales y fuentes de trabajo¨.
Grupos ambientalistas locales califican de hipócrita el interés oficial en saber qué piensa el pueblo, pues en estos momentos se están abriendo 39 bloques petroleros sin garantizar los derechos constitucionales sobre la tierra.
Otro tema se refiere a la seguridad en el país. Lasso ha decretado 19 medidas de excepción. No obstante, en lo que va de 2022 hubo más de 1000 muertes violentas debido al evidente aumento del narcotráfico.
Otro ejemplo de inseguridad la brindan las cárceles, en las que existe una sobrepoblación penal resultante de atrasos judiciales.
En Ecuador ocurren frecuentes motines debido a las luchas intestinas entre bandas mafiosas, y las pésimas condiciones de los albergues.
Esta semana hubo una revuelta en un presidio de la provincia Cotopaxi, que dejó 16 muertos y decenas de heridos. El pasado lunes comenzaron los disturbios en esa prisión, ubicada en la ciudad de Latacunga, a 100 kilómetros de Quito, la capital. Entre los fallecidos está Leandro Norero, alias El Patrón, considerado uno de los principales narcotraficantes locales.
De triste celebridad por las matanzas entre reclusos y la represión policial, en 2021 ese centro fue escenario de otras dos masacres, una en febrero, en la cual murieron 79 reos, y otra en julio, cuando perdieron la vida 22 reclusos.
Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator para personas detenidas visitaron hace unos días el lugar para constatar el cumplimiento de las 39 recomendaciones realizadas ante la crisis en los centros de reclusión. El presidente anunció en Twitter que su Gobierno evaluará la continuidad de todas las autoridades policiales.
Lasso deberá aun dar un cierre al asesinato de la abogada María Belén Bernal, abogada que desapareció el pasado 11 de septiembre en una escuela de Policía y luego fue encontrada muerta a decenas de kilómetros, en un crimen considerado pasional, pero que involucra a distintos mandos y soldados de esa institución.
El presidente confirmó que las autoridades localizaron el cadáver de la mujer, vista por última vez cuando visitó a su esposo, el teniente Germán Cáceres, presunto responsable del feminicidio, .
El caso de Bernal conmovió a Ecuador, pues testigos admitieron después que sintieron como era golpeada sin que nadie interviniera y luego vieron salir al teniente Cáceres en su automóvil, ahora presuntamente dado a la fuga.
Miles de personas marcharon en Quito y otras ciudades pidiendo primero la aparición de la abogada y luego justicia por su asesinato. El caso, de grave repercusión para la fuerza policial, causó la dimisión del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y de dos generales involucrados.
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