Las trapacerías de Martinelli

El escándalo de corrupción que envuelve al expresidente panameño Ricardo Martinelli se mantiene latente en el istmo, pues cada cierto tiempo surgen nuevos esquemas delictivos en los que aparece su figura, luego de cuatro años al frente de un gobierno de derecha en el que la intriga política, la alianza con Estados Unidos y la fechoría se hicieron patentes.

Martinelli, hijo de italiano y española —quizás por ascendencia le vino la amistad con el expremier Silvio Berlusconi, su amigo y confidente—, gobernó de 2009 a 2014, luego de haber alcanzado más del 60 por ciento del apoyo popular en las urnas bajo las banderas de su partido Cambio Democrático, que dejó endeudado al país en más de 20 mil millones de dólares y dio un giro a la derecha a la política nacional.

El ex mandatario realizó sus estudios primarios en el Colegio La Salle, donde obtuvo el título de perito mercantil. Cursó el bachillerato en Staunton Military Academy, en Staunton, Virginia,  Estados Unidos, e hizo una maestría en administración en INCAE Business School.

Propietario de la cadena de Supermercados 99, una de las más importantes del país, de varias empresas más y de un complejo residencial privado valorado en cuatro millones de dólares, no pudo sustraerse al delito de corrupción para aumentar su abultada fortuna y favorecer a sus aliados y amigos.

Sus negocios comprenden también la presidencia de la Importadora Ricamar, la junta directiva de la Central Azucarera La Victoria, la empresa ERA y la fábrica de plásticos Plastigol. Dirige asimismo Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, Direct TV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, AVIPAC y Calox Panameña.

Sus primeras trapacerías fueron conocidas por el público cuando inventarió su mansión y una casa-club en Altos del Golf en 187 mil 550 dólares, muy por debajo del costo real en el mercado, burlando el Registro Catastral que el implantó quejándose de que las propiedades no habían sido revalorizadas durante décadas y los gravámenes eran muy bajos. El pueblo bautizó a su mansión como la del “doble discurso”.

Es decir, en más de 20 años, el político que hablaba de “cambios” no movió el valor inmobiliario propio, con lo que evitó el pago de impuestos. Bochornosa situación para quien proclamó que se había enfrentado “a los ricos”.

Panamá cuenta con tres millones 851 mil habitantes, según el censo de 2013, de los que cuatro de cada diez viven en pobreza total y un 16,6 por ciento están en situación de pobreza extrema. Según Naciones Unidas, en las áreas rurales no indígenas el 54 por ciento de los residentes es pobre y una de cada cinco personas subsisten en pobreza extrema, mientras en las áreas rurales indígenas es pobre el 98,4 por ciento y en pobreza extrema está el 90 por ciento de los pobladores.

Ese panorama de miseria no conmovió al ex mandatario, quien burló al fisco de manera burda:  el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de actualizar el valor de unas 14 mil propiedades en barrios de altos ingresos no consideró las de Altos del Golf, aunque ese sector estaba originalmente en el proceso de revalorización. Ningún empleado del MEF pudo explicar a la prensa qué ocurrió.

LA SITUACIÓN ES FEA PARA MARTINELLI

Sobre el expresidente que firmó con Estados Unidos la instalación de dos bases militares —luego de que salieran 14 del país tras la firma del Tratado Torrijos-Carter— pesan al menos tres acusaciones de corrupción y espionaje comprobadas, por lo que la Corte Suprema de Justicia mantiene abiertos dos procesos en su contra y un tercero pendiente del resultado de las investigaciones.

Aunque se encuentra fuera de Panamá desde enero de este año, el escándalo Martinelli sigue en la nación istmeña, donde sus abogados defensores le solicitan que no retorne, ya que la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad.

Uno de los fraudes cometidos por quien fuera primera figura política del país involucra al Programa Nacional de Ayuda (PAN) con contratos anómalos por mil 200 millones de dólares, una tercera parte del costo del ensanche del Canal de Panamá, para la adquisición de comida deshidratada con destino a las escuelas rurales, de los cuales el político cogió una tajada de 45 millones de dólares.

El magistrado fiscal Oydén Ortega dispone de 60 días para la investigación sumarial de este caso, realmente innecesarios, ya que el ex director del PAN, Giacomo Tamburelli, declaró que “la  licitación de los productos fue una fachada, pues Martinelli ordenó que el contrato fuese adjudicado a la empresa Lerkshore International”.

Ahí no se detiene la corrupción del que se hacía llamar “líder de la democracia” en Panamá, cuando en realidad, según las denuncias, resultó ser un ladrón aliado de Estados Unidos.

En otra de las acciones de corrupción conocidas hasta ahora también aparece envuelta la empresa Cobranzas del Istmo, que logró una comisión de 22 millones de dólares por no cobrarle una cuenta pendiente al estatal aeropuerto Tocumen. De acuerdo con informes del diario La Prensa, el presidente también formó parte de ese esquema.

Martinelli está vinculado igualmente a la compra de equipos de alta tecnología a Israel, utilizados por su gobierno para espiar las comunicaciones de 150 figuras importantes del ámbito político, periodístico, empresarial y de otros sectores de la sociedad panameña en un escándalo de intervenciones telefónicas ilegales. La causa radica en supuestos delitos contra la seguridad informática, asociación ilícita, inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad, peculado y abuso de autoridad mediante una red de espionaje dirigida por el jefe de gobierno.

Desde enero pasado, el ex director de la Policía, Gustavo Pérez, y el exjefe de seguridad del Estado, Alejandro Garuz, están encarcelados por este caso.

Hay mucho más. Estos tejes y manejes al más alto nivel ganaron la calle cuando la Corporación de Recursos Iberia solicitó un arbitraje ante el Banco Mundial contra el Estado panameño, por supuesto tráfico de influencias del mandatario —un experto en negocios— en las empresas Petaquilla Minerals y sus subsidiarias en Panamá.

Iberia aseguró que, valiéndose de su cargo, Martinelli introdujo a varios allegados en las direcciones de la minera canadiense y de su subsidiaria Petaquilla Gold, en el interés de poseer el control de esas empresas, lo cual consta en un documento publicado por medios periodísticos en Panamá.

Las trampas del empresario y político le cuestan al Estado panameño dos mil millones de dólares para resarcir a los inversionistas del istmo y de España, al amparo del acuerdo de protección recíproca de inversiones entre los dos países.

Las pruebas indican que Martinelli hizo que un individuo llamado Raúl Ferrer –quien niega haber sido su representante en la firma-  estuviera en la junta directiva de Petaquilla Minerals a finales de 2009, en el interés de sacar al director Richard Fifer de Petaquilla Gold. Por el contrario, Ferrer dijo al diario La Estrella de Panamá que Fifer sacó del país 25 millones de dólares como mínimo para su peculio.

Ferrer, a su vez, está implicado en el expediente de la bolsa de valores Financial Pacific, donde hubo un desfalco de 14 millones de dólares, el detonante que permitió se descubrieran públicamente los hechos de corrupción en que participaron el exgobernante o sus allegados.

Mayte Pellegrini, la principal emplazada por la justicia en el proceso indagatorio sobre el fraude en Financial aseguró que dirigentes de esa empresa le confirmaron que Martinelli poseía una cuenta secreta llamada High Spirit para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”, empresa que explota un filón de oro en la mina Molejón, de la norteña provincia de Colón. Como informantes mencionó a los directivos de Financial Pacific Iván Clare y West Valdés, este último hoy en Suiza. 

ABOGADOS QUIEREN TIRARLE LA TOALLA

En caso de que la Corte Suprema de Justicia decide enjuiciar a Martinelli requerirá su presencia en Panamá para la imputación de cargos, a lo que se oponen sus abogados defensores, quienes le recomiendan que continúe fuera del país para que se declare el sobreseimiento provisional que establece el nuevo Código Procesal Penal.

Si el acusado no comparece personalmente a algunas de las audiencias donde deba estar obligatoriamente, la Corte Suprema se vería obligada a archivar de manera temporal el expediente. Solo lo abriría si el procesado retorna al país de manera voluntaria —lo que todos dudan— o la Policía Internacional (Interpol) lo detiene y entrega a las autoridades correspondientes.

“Nuestra recomendación es que no venga, incluso si le llaman a la audiencia de imputación de cargos” afirmó a la prensa Rogelio Cruz, integrante del grupo de abogados defensores del propietario de Supermercados 99.

A todas estas acusaciones, Martinelli solo responde a través de la red Twiter. En papel de víctima, se declaró en un mensaje “perseguido político”, lo que nadie cree. Y mientras pasan los días, y aparecen nuevas pruebas en su contra, se encuentra refugiado desde marzo pasado en un lujoso apartamento en Miami.

Desde su nueva dirección —que no sorprende a nadie— conoció del encarcelamiento por enriquecimiento injustificado y corrupción de tres de sus ministros: Frank Lima, de Economía; Guillermo Ferrufino, de Desarrollo Social, y Óscar Osorio, de Desarrollo Agropecuario; también, de funcionarios  de su confianza y de una decena de empresarios que hicieron negocios con su gobierno.