La muerte cruzada de Lasso

El decreto de muerte cruzada dictado por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso  para evitar la continuidad de un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional puede traer resultados muy graves para el país, donde ya se preparan movilizaciones y protestas.

La resolución presidencial, una de las posibilidades que tenía bajo la manga para no ser destituido, quizás a fines de esta semana, cierra y disuelve la AN, en aplicación del otorga el artículo 148 de la Constitución, y solicita la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales.

Acorralado por sus negativas acciones, Lasso se convierte así en el primer jefe de gobierno de Ecuador en decretar la muerte cruzada, en tanto arremetió contra el poder legislativo que, en su criterio, quiso ¨tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado".

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En una transmisión conjunta nacional de radio y televisión, emitida a las 07:00 (hora local ecuatoriana), este miércoles, el conservador mandatario intenta poner fin, de la peor manera política, al juicio político en su contra.

Su argumento se basa ¨en una grave crisis política y conmoción interna¨ que, dijo, atraviesa el llamado país meridiano del mundo.

Lasso emitió la orden pocas horas antes de que se sometiera al plenario de la AN la votación que determinaría su destino: o quedaba libre de la acusación de peculado (malversación de fondos estatales), o era destituido de inmediato.

Analistas políticos coinciden en que pudo ser sacado del cargo debido a las pruebas presentadas por su actuación con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional dueña de buques para transporte petrolero.

Antes hubo denuncias en 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno, pero Lasso firmó un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar "la conveniencia y pertinencia de continuar" con la asociación.

El asambleísta Esteban Torres indicó en el pleno parlamentario, donde se analizaba la situación presidencial, que las pérdidas al sector pública están valoradas en 6 000 000 de dólares, en tanto la denunciante opositora Viviana Veloz presentó un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, quien asegura que el actual gobierno firmó nuevos contratos con la empresa foránea.

Sin embargo, y aunque se conocía que la muerte cruzada podía ser una opción del banquero y millonario dignatario, muchos subestimaron esa posibilidad, ya que resulta muy peligrosa, si se considera que cerca del 80% de la ciudadanía rechaza su gestión y es muy probable que las reacciones sean inmediatas.

Con dos años en el Palacio de Carondelet, la situación socio-política de Ecuador va tocando fondo para el oficialista Movimiento Creando Oportunidades (Creo), pues en ese tiempo Lasso fue mencionado en tres casos de corrupción, en uno de ellos incluso comprometiendo a familiares, en tanto hay un desgaste visible de la situación interna, con crecimiento de las bandas paramilitares, desempleo, migración interna, mayor empobrecimiento.

Sin embargo, hasta ahora el parecía decidido a defender su posición, se declaró inocente de todas las acusaciones aunque tuvo una corta e infeliz intervención en la AN cuando el pasado lunes habló solo 40 minutos de las tres horas previstas para defenderse.

Con la medida conocida en las últimas horas, Lasso podrá gobernar por decreto durante seis meses, hasta la celebración de elecciones legislativas y presidenciales, amparado en su mensaje divulgado en un mensaje a la nación. Los ganadores de estos comicios terminarán el actual período presidencial y el legislativo en mayo de 2025.

Acostumbrado al mando desde su privilegiada posición económica, fundador del banco Guayaquil, y con una fortuna estimada en 40 000 000 de dólares, en su gobierno de corte neoliberal se ha exacerbado la protesta pública, las masacres de civiles, los motines carcelarios, la violencia callejera.

Sin embargo, el presidente no hizo caso a los mensajes enviados por la AN en varias ocasiones, y, por el contrario, en su argumento para determinar la muerte cruzada, destacó que ¨todos los esfuerzos del poder legislativos están enfocados en desestabilizar al gobierno¨, sin aludir a los pocos resultados de su administración.

En su primer decreto firmado luego de la disolución parlamentaria, Lasso ordenó una serie de reformas en materia tributaria cuyo contenido será conocido en las próximas horas.

POSIBLES PROTESTAS POPULARES

Cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador mantienen rodeada la sede de la AN y las calles aledañas e impiden el paso de legisladores y empleados.

Los militares situaron vallas en los exteriores de la Asamblea para –según el comandante general de la Policía, Fausto Salinas- proteger la edificación y bienes y documentos en su interior.

Uno de los primeros políticos en reaccionar ante la actitud de Lasso fue el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), quien señaló en su red social Twitter que ¨lo que ha hecho es ilegal, pues -destacó- obviamente no hay ninguna conmoción interna¨.

Dijo que Lasso tomó esa decisión por el juicio político en su contra. "Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse", expresó."En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria", añadió Correa, refiriéndose a nuevas elecciones.

La decisión de Lasso no tiene justificación, si se apega a la ley, ya que debe estar justificada por algunas de las causales previstas: si la AN se arroga funciones que no le competen (lo que no es el caso), si ese órgano obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna. Ese último argumento fue el empleado por la presidencia para decretar la muerte cruzada.

En las últimas horas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a un consejo ampliado extraordinario de ese movimiento para analizar la situación y tomar decisiones colectivas.

El presidente de esa organización indígena, Leónidas Iza, denunció que Lasso, al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inevitable destitución, dio un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de la Policía y las Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura.

La Conaie protagonizó fuertes protestas contra la actual administración en junio del año pasado y ahora llamó ¨a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional".

Mientras, en Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Hilario Beltrán, convocó  una concentración en el parque Centenario para una movilización pacífica como medida de rechazo al anuncio de Lasso.

Junto a los maestros hay miembros de otras organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular.

Mientras, el Partido Social Cristiano (PSC), con el que Lasso llegó a la presidencia en 2021, con una siguiente separación, anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que sea suspendido ¨el arbitrario decreto¨.

"El presidente de la República solo puede utilizar la muerte cruzada cuando existen realmente una o más de las causales establecidas en el artículo 148 de la Constitución", dice el comunicado del partido, publicado por su líder, Jaime Nebot.

Al respecto, señala el texto del PSC, Lasso "argumenta, falsamente, grave crisis política y conmoción interna [...] pero es público y notorio que tal evento no existe en estos momentos. Se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo, en lo político y en la práctica¨, preciso el partido.

Para la analista política Gilda Macías, ¨en el interregno en que nos hallamos, la activación de la muerte cruzada generará, muy posiblemente, tanto caos como movilizaciones y enfrentamientos de la sociedad civil con las fuerzas del orden. Significó que el costo millonario de organizar nuevas elecciones mermará el escaso presupuesto disponible para responder a las necesidades de la población más vulnerable; el riesgo país aumentará considerablemente, y las inversiones extranjeras no se darán en la forma prevista.

El abogado Pedro X. Valverde consideró que ¨la medida  lejos de terminar con la inestabilidad política que hemos vivido estos casi dos años, la acentúa y prolonga. Todo se agravará más, si movimientos sociales y políticos se activan en las calles en contra del gobierno¨.