Continúa la crisis en Perú

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, asumió el mando de una reforma política y otra de justicia que serán sometidas a referendo, en medio de la red de corrupción descubierta en los últimos días en el poder judicial y las protestas populares en exigencia de cambios urgentes en el Congreso Nacional.

Vizcarra anunció fuertes medidas el pasado sábado en el Congreso Nacional, en ocasión de conmemorarse ese día el 197 aniversario de la independencia nacional, en el que fue su primer mensaje a la nación luego de su asunción el pasado 23 de marzo.

El poder judicial peruano vive una crisis sin precedentes debido al escándalo desatado luego que órganos de prensa y el programa televisivo Panorama divulgaron audios que comprometen a magistrados, legisladores y empresarios, entre ellos el suspendido juez supremo César Hinostroza, uno de los protagonistas de las comprobadas inmoralidades.

En la grabación se escucha a Hinostroza al habla con un desconocido a quien pregunta si quiere que bajen la pena o declaren inocente a un individuo acusado de violar a una niña de 11 años.

El destape de un tejido judicial corrupto, basado en pruebas irrefutables que desprestigian a jueces, funcionarios y empresarios puso en crisis al sistema de justicia del país. Este último domingo fueron detenidos al menos 11 abogados, funcionarios y hombres de negocios en una redada masiva, indicó el periódico El Comercio.

La corrupción que enfrenta ahora Vizcarra parece un mal endémico en los poderes que gobiernan Perú. Él sustituyó, como su vice, al presidente renunciante Juan Pablo Kuczynski, acusado de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht. Días antes había canjeado su cargo en el gobierno a una parte del opositor partido derechista Fuerza Popular (FP) a cambio del indulto al dictador Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Al final, el anciano mandatario de 77 años renunció.

Su vicepresidente Vizcarra, ingeniero de profesión y considerado un político discreto, de quien no se esperaban grandes cambios políticos, presionado por el pueblo sorprendió el pasado sábado con el anuncio de reformas tanto en el sistema judicial como en el legislativo, este último dominado por el FP de la ultraderechista Keiko Fujimori.

Por tanto, las eventuales reformas responden ante todo a la presión ejercida por miles de manifestantes reunidos en grandes marchas populares en el país en desacuerdo con el sistema de elección de los parlamentarios, acusados de pagar votos, utilizar chantajes y otras acciones prohibidas para alcanzar un escaño en las cercanas elecciones municipales y regionales.

En su convocatoria a una consulta popular, aun sin fecha, el mandatario precisó que con esa acción el pueblo dará legitimidad a las medidas, que, opinó, voltearán el sistema que ahora permite grandes inmoralidades.

La consulta, expresó Vizcarra, decidirá normas para el financiamiento de los partidos políticos, lo que se considera una fuente de corrupción, y el retorno del sistema bicameral, luego de 25 años de gestión de un insatisfactorio foro. El parlamento, dijo, no logró las reformas que la ciudadanía espera, por lo cual transformaremos las normas políticas que rigen el sistema de elecciones para ese órgano.

En su discurso destacó que la población está desencantada con las instituciones del Estado. “'La ciudadanía demanda cambios y es nuestra responsabilidad histórica generarlos. No podemos mirar hacia otro lado mientras el pueblo expresa su descontento”.

Según anunció, en los próximos días presentará al Congreso seis proyectos de leyes, uno de ellos creará una Autoridad de Control del Poder Judicial y el Ministerio Público, con miembros electos en concurso abierto y que contará con una unidad especializada de la policía.

El sustituto de Kuczynski anunció otras medidas inmediatas que permitirán investigar la administración de justica, con la advertencia de que los involucrados en la macrocorrupción sufrirán sanciones penales.

Vizcarra planteó de suma urgencia la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso, ya que varios de sus miembros integraban la red descubierta, según reseñan periódicos peruanos y agencias noticiosas desde Lima.

En una de las primeras acciones del Ministerio del Interior luego de la intervención presidencial, más de 200 policías realizaron una redada este domingo para detener a miembros de una corporación que coordinaba sentencias a favor de narcotraficantes y otros delincuentes con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el CNM, encargado de designar jueces y fiscales.

El ministro del Interior, Mauro Medina, anunció en la televisión nacional que fueron capturados, entre otros, los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza, este último de Partido Aprista del expresidente Alan García, y al que se atribuyen influencias en los tribunales.

Mendoza y Camayo fueron captados mientras hablaban de los involucrados en la corrupción. El aprista es acusado por el Ministerio Público de coordinador de la red criminal integrada por magistrados y organizaciones de narcotraficantes, entre otros.

Camayo, según los audios, coordinaba contactos de magistrados corruptos con políticos y periodistas, y hacía gala de relaciones de alto nivel y poder, indicó la agencia de noticias Prensa Latina desde la capital peruana.

El Ministerio del Interior nombró entre los capturados a los abogados Gianfranco Paredes, asesor de la Corte Superior del vecino Puerto del Callao; Víctor León y Jacinto Salinas, defensores que coordinaban sobornos a jueces y fiscales a cambio de la libertad de delincuentes presos.

En las escuchas también se comprobó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, y cinco jueces de la Corte Superior y Justicia del Callao, entre ellos su presidente Walter Ríos, participaron en tráfico de influencias en distintas instituciones. En una de las grabaciones puede oírse a Ríos hablar con el juez Hinostroza para que a cambio de 10 000 dólares facilite el nombramiento de un fiscal.

El CNM era el encargo de fortalecer la red sobornadora mediante el nombramiento y protección a jueces y fiscales involucrados, entre los que menciona TeleSur al recién designado fiscal de la nación, Pedro Chávarry.

El gobierno suspendió al presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, designado por el CNM, hasta que termine la investigación y ante la proximidad de los comicios regionales y municipales del próximo 7 de octubre para elegir gobernadores, alcaldes y otros puestos.

Una encuesta de la firma Sociedad Unidos expuso este fin de semana que un 80 % de los ciudadanos desaprueba el sistema judicial.

El pasado jueves, en Perú se realizó una jornada nacional de protestas contra la presunta corrupción de empresarios y políticos conservadores, en las que exigieron la reforma total de los sistemas políticos y de justicia, que solo benefician, decían algunas pancartas, a quienes puedan pagar por su libertad.

Las marchas fueron convocadas primero por los sindicatos, a los que se unieron de inmediato organizaciones no gubernamentales, juristas y personalidades relacionadas con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados y escuelas privadas.

La líder del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, afirmó que las fuerzas políticas y sociales democráticas quieren un nuevo país, y propuso “salir a rescatar la patria de las garras de mafiosos y corruptos”.

El bloque Juntos por el Perú y otras organizaciones solicitaron a Vizcarra nuevas elecciones generales y una Asamblea Nacional Constituyente que reforme las estructuras del Estado, en reemplazo de la Carta Magna vigente.