Dos años después de desatada la guerra en la región etíope de Tigray ese conflicto continúa agotando recursos materiales, destrozando vidas y creando una compleja situación humanitaria, sin percibirse un serio atisbo de paz permanente.
Tras una tregua de seis meses, las hostilidades se reanudaron recientemente acompañadas por un reforzamiento del intercambio de acusaciones, que alterna con incrementos de flujos de desplazados y refugiados.
Las escasas señales de cambio se concentran actualmente en algunas declaraciones del Frente Popular de Liberación del Tigray (FPLT) acerca de su disposición a conversar con los representantes del gobierno etíope, su contrincante.
Pero, en realidad, las intermitencias en el teatro de operaciones militares –tendiente a ampliarse a zona vecinas- limitan la posibilidad de un entendimiento político y ponen en dudas que este acontezca pronto.
Aunque nada es imposible, importantes e inusuales acciones pueden ocurrir fuera del alcance de la vista, pero hasta ahora lo real es la violencia armada, sin profundizar en el tema etno-politico también incidente.
La guerra dejó de ser la última opción (Foto:etiopia-insight.com)
Quizás la síntesis mediática requerida no ofrezca todos los matices para definir el comportamiento de la crisis, causante de la compleja situación humanitaria desatada por la contienda hace dos años cuando el FPLT atacó una base del ejército federal, como acusó Addis Abeba e identificó como terrorista a la agrupación.
De todas formas, cuando en 2020 las contradicciones entre las partes condujeron a la guerra muchos opinaron que la solución del problema sería rápida, pero el evento bélico se complicó y millares de personas hoy sufren las secuelas de ese proceso.
La televisora CNN citó que el 4 de noviembre de 2020, tras acusar al Frente de atacar una base del ejército federal en las afueras de Mekele, la capital tigriña, e intentar apoderarse del armamento, el gobierno etíope decidió lanzar con tropas nacionales de otras zonas en una operación contra el grupo.
Se calcula que en los primeros 12 meses el conflicto afectó al menos a siete millones de civiles, pero estadísticas de 2022 se refieren a nueve millones de ciudadanos, muchos hundidos en un profundo deterioro humanitario y requiriendo auxilio.
Esa es la principal consecuencia; tempranamente Naciones Unidas alertó que la escasez de víveres era "muy crítica" para casi 100 000 eritreos que, desde antes de la guerra, se hallaban en cuatro campamentos de refugiados en la región de Tigray.
:A diario aumentan los efectos de la contienda bèlica en Tigray (Foto:abcnews.go.com).
El empeoramiento de la situación se constató a través las declaraciones al respecto remitidas por las agencias de ONU y agrupaciones de auxilio: en escaso tiempo escaló y sigue haciéndolo.
Un año después de iniciada, la contienda ya era una de las mayores crisis humanitarias del mundo con millones de personas que requerían asistencia y carecían de la logística elemental para vivir.
Los enfrentamientos impiden a los campesinos plantar los campos y atender los cultivos, mientras que en otro orden los hospitales fuera de la capital regional, Mekele, apenas tienen recursos para asistir a sus pacientes.
Hace un año la ministra de Paz de Etiopía, Muferihat Kami, identificó como criminal al FPLT y acotó que: “Queríamos crear un entorno pacífico para labores agrícolas y operaciones humanitarias en el norte del país, pero el Frente libró una guerra contra civiles y bloqueó la asistencia dejando a millones de personas vulnerables”.
El resultado de la guerra es evidente: aumento exponencial de los desplazados y las continuas acusaciones entre los contendientes por esa crisis y si bien el ambiente nacional e internacional “menguó la atención de los etíopes a la conflagración doméstica (…) siempre miraron de reojo hacia el norte”.
Así describió Rafael Arzuaga Junco, corresponsal-jefe de Prensa Latina en Addis Abeba, parcialmente el ámbito sociopolítico en que se mueve la contienda en la dirección septentrional.
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