Haití, un pequeño país del Caribe, es hoy un campo de batalla entre bandas criminales perfectamente armadas, que han causado cientos de muertes violentas en los últimos meses, mientras las autoridades nacionales muestran indiferencia ante el desgarramiento de la población.
La seguridad en ese país (la más pobre y pequeña porción de la isla La Española, que comparte con República Dominicana) se deterioró de manera alarmante tras el asesinato en julio del pasado año del presidente Jovenal Moïse, en un oscuro episodio donde aparecen evidentes intereses de políticos locales y extranjeros.
Hasta ahora se desconoce quién o quienes mandaron a asesinar a Moïse en su hogar en Puerto Príncipe. Lo único claro es su ejecución por parte de mercenarios colombianos apoyados por fuerzas internas, entre ellas la guardia de seguridad personal del mandatario. La verdad, sin embargo, sigue oculta.
Los grupos armados aprovecharon para crecer y fortalecerse ante la inestabilidad creada por el magnicidio para ampliar su presencia, latente desde hacía décadas. Haití clasifica como el más pobre de la región latinoamericana y caribeña.
Las cifras muestran la gravedad de la generalizada crisis haitiana. Los enfrentamientos entre el 24 de abril y el 6 de mayo pasado dejaron al menos 188 muertos y más de 16 000 desplazados en Puerto Príncipe, la capital, donde viven casi tres millones de personas, una buena parte sin hogar.
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Los tiroteos que comenzaron el pasado 7 de julio, en conmemoración del primer año del atentado contra Moïse y duraron 10 días en los barrios cercanos a Cité Soleil mataron por lo menos a 360 personas y dejaron 160 heridos. Los combates se intensificaron últimamente en los distritos del norte y el noreste de Puerto Príncipe, para tratar de aislar la capital del resto del país.
El descontrol y la ineficiencia de los cuerpos armados impiden que puedan enfrentar a las bandas, que hace dos meses ocuparon el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, sin que la Policía Nacional ni siquiera intentara recuperar el control del edificio. El temor del gobierno del primer ministro Ariel Henry es que sigan las invasiones de los organismos oficiales, entre ellos el Parlamento Nacional, aun cuando no hay sesiones por falta de quórum.
Henry, en funciones desde la muerte de Moïse, es considerado una figura decorativa que solo mantiene, según analistas, el rostro de la continuidad de un sistema de corrupción político, al parecer, inamovible.
El llamado Acuerdo de Montana, una coalición de más de 180 partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que decidieron la celebración de elecciones generales, cuestiona el mandato del premier y propone ¨una solución dirigida por los haitianos¨, pero hasta ahora sin resultados.
Este grupo propuso un gobierno de transición de dos años, formado por representantes de diferentes sectores sociales, lo que cayó en el vacío.
Ante la carencia de un gobierno estable y acusado de corrupto por sus opositores, resulta muy difícil detener el trasiego de las bandas criminales, que matan, secuestran y extorsionan sin resistencia del Estado.
Observadores consideran que estos grupos pretenden consolidar su poder en los barrios más poblados antes de que, en algún momento, haya convocatoria de comicios. Así podrán coaccionar a los residentes y controlar sus votos por determinados candidatos para asegurar una eventual negociación con los políticos, que los favorezcan.
BANDAS OCUPAN EL PAÍS
En Haití operan 200 bandas paramilitares, 95 de ellas identificadas en el área metropolitana capitalina, mientras una buena parte de la ciudadanía busca la emigración para salvar sus vidas.
Como en Haití no hay una planificación urbanística, las calles son estrechas y sin pavimento, los vehículos no pueden transitar. Por tanto, las barriadas son fáciles de defender de otros grupos armados y de las fuerzas de seguridad del Estado, si es que estas se atrevieran a entrar, dado el volumen de fuego de los delincuentes.
Estas bandas utilizan a personas comunes como escudos humanos, si son atacadas por similares o las fuerzas públicas que determinan enfrentárselas.
Incluso establecen puntos de apoyo en ciudades como Cabo Haitiano, Gonaïves, Les Cayes, Jérémie y Jacmel, todas ellas puertos densamente poblados y conectados con las carreteras principales.
Dos son las dominantes: el G9 an Fanmi e Alye, conocida como G9, dirigida por ex capitán de policía Jimmy Barbacoa Chérizier, y el Gpèp, dirigido por Gabriel Jean Pierre, alias Ti Gabriel.
El G9 se creó oficialmente en junio de 2020, cuando los jefes de nueve grandes bandas de Puerto Príncipe decidieron aliarse para asegurarse la supremacía armada. Tras invitar a los grupos de Cité Soleil a que se les unieran, lanzaron un ataque coordinado contra los que se negaron. Al mes siguiente, Ti Gabriel, líder de la banda Nan Brooklyn, reunió a todos los que rechazaron la invitación del Gpèp.
Las antiguas rivalidades fueron sustituidas por una guerra entre dos bandos. El G9 y el Gpèp se disputan el poder. Las bandas decapitan en público a sus adversarios, queman cadáveres en la calle, incendian casas y recurren a la violencia sexual para intimidar a los residentes e impedir que colaboren con sus rivales. Los efectos de esta violencia son cada vez más dañinos. El bloqueo de la Ruta 2, la carretera que conecta Puerto Príncipe con el sur, impide el paso a los grupos humanitarios que intentan llegar a las víctimas del terremoto que destruyó las ciudades de esa parte del país en agosto de 2021.
Hasta el pasado mes de abril, la banda más poderosa de Puerto Príncipe, 400 Mawozo, se mantenía al margen, pero ahora está en la refriega. Esta organización construyó su poder en torno al municipio de Croix-de-Bouquets, en la periferia noreste de la capital y alcanzó notoriedad internacional cuando secuestró a 17 misioneros cristianos de Estados Unidos y Canadá en 2021. Los ataques coordinados de las bandas del Gpèp en Cité Soleil y 400 Mawozo en abril último indican que han firmado una alianza de conveniencia.
Un crimen abominable fue cometido por 400 Mawozo el pasado día 20 cuando ultimaron a una madre y sus dos hijas en el barrio capitalino Cité Doudoune
La Fundación Je Klere (FJKL), de Haití, denunció que Jossette Fils Desanclos (56 años) y sus dos hijas, Sardjie Desanclos (24) y Sherwood Sondjie Desanclos (28) viajaban en automóvil cuando los atacantes las mataron e incineraron sus cadáveres casi a la entrada de la referida localidad.
Sherwood Sondje Desanclos estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Puerto Príncipe, mientras que Sarhadje Desanclos, diplomada en Derecho, cursaba la especialidad de Contabilidad en la Universidad de Puerto Príncipe. Según la FJKL, ambas hermanas querían vivir en Haití y se negaban a emigrar para huir de la violencia..
MOÏSE Y LA PAZ
El difunto presidente Moïse reactivó en 2019 el desarme de las bandas. El portavoz de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración del Estado reconoció que tras su asesinato los grupos criminales se han fortalecido, aunque no actúan movidos por consideraciones políticas, a pesar de sus vínculos con las élites de Haití.
El interés de esas violentas alianzas se fundamentan, indican observadores, en un intercambio de ventajas: los ricos utilizan la violencia para aplastar a la oposición política, influir en los resultados electorales y asegurarse los monopolios económicos.
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Los pandilleros emplean esas conexiones para asegurar armas y municiones, además de impunidad para sus delitos, aunque en la actualidad también usan como fuente de financiación los rescates de los secuestros, la extorsión a empresas y los beneficios del tráfico de armas y drogas. Emplean a los empresarios para obtener subvenciones y a los políticos para protegerse de las investigaciones.
En el último mes, las autoridades interceptaron cuatro cargamentos de armas en Puerto Príncipe y Puerto de Paz, procedentes de Estados Unidos.
Mientras, la policía haitiana está mal equipada, con condiciones pésimas de trabajo y baja remuneración. Tiene solo 16 000 agentes en activo, muy inferior a la cantidad recomendada por Naciones Unidas respecto a la población nacional.
Para tratar de resolver la situación interna, el líder del partido haitiano Unión Nacional para la Integridad y la Reconciliación, Clarens Reonois, alentó un proceso de diálogo que saque al país de la crisis y la ola de violencia, luego de masivas movilizaciones ciudadanas contra la pobreza, inflación e inseguridad.
Los haitianos, enfrentados a una crisis multidimensional sin precedentes, están resentidos por las ayudas prometidas, y nunca llegadas al país, por países donantes que asegurarían el desempeño agrícola y de otros sectores.
Ese pequeño país tiene una larga historia de intervenciones extranjeras con pocos o nulos resultados. La animosidad contra Estados Unidos y Naciones Unidas es visible. Los llamados Cascos Azules de la ONU abandonaron a cientos de niños y mujeres abusadas sexualmente y que dejaron embarazadas. Uno de los soldados extranjeros introdujo el cólera, que causó miles de muertes.
Organizaciones de la sociedad civil haitiana acusaron al Core Group (del que forman parte la ONU, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos) de perpetuar un régimen corrupto con su apoyo al premier Henry.
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