Ocupados con la guerra desatada entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias políticas y económicas a nivel global, son pocos los gobiernos y organizaciones de derechos humanos que vuelven sus ojos hacia Haití, la pequeña nación caribeña ensangrentada por más de 120 bandas de delincuentes, con millares de personas hambrientas mientras los ataca el cólera. Nada indica que este 2023 será diferente a los últimos dos años bajo el gobierno considerado ilegitimo del premier Ariel Henry.
Pero si ahora el pretexto para virar el rostro es la operación militar llevada a cabo por Rusia en su vecina Ucrania desde febrero del pasado año, la crisis política y socio-económica haitiana es endémica y, en general, la comunidad internacional está poco interesada en encontrar una solución viable que devuelva cierto grado de tranquilidad a una aterrorizada población que se desplaza hacia zonas de relativa calma o trata de emigrar al exterior.
Aunque Henry, quien sustituyó al asesinado presidente Juvenal Moise en julio de 2021 promete elecciones a corto plazo desde que asumió, la realidad es que los mandantes en Haití son los jefes de las bandas paramilitares que secuestran, violan, saquean, matan civiles y policías.
La realidad demuestra que hay una división interna entre los partidos que sobreviven, mientras el Congreso Nacional sigue disuelto, y la Corte de Justicia solo posee tres de 13 miembros y 11 400 detenidos esperan en condiciones infrahumanas por juicios que no se celebran. Las fuerzas militares demuestran su incapacidad para enfrentar la delincuencia, dotada de equipos bélicos modernos y vehículos para movilizarse.
En la actualidad los grupos mafiosos sitian Puerto Príncipe, la capital, y otras ciudades y el primer ministro solicitó a la comunidad internacional el despliegue de tropas para contener la violencia y destruir las poderosas bandas, cuyas armas son compradas en el exterior, en especial Estados Unidos (EE.UU.) autoproclamado el adalid de los derechos humanos y que exhibe una cifra alarmante de ataques con armas de fuego contra civiles en sus Estados.
Henry, quien se supone estaría pocos meses al frente del Ejecutivo, ha alargado su estadía para su conveniencia personal y ante el descontrol generalizado en el país buscó respaldo en la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) efectuada en Buenos Aires, Argentina, “para colaborar con los esfuerzos de seguridad locales”.
En esa misma cuerda habló en la XLIV conferencia de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) efectuada en Bahamas, en la que buscó apoyo para la Policía que, dijo, no está entrenada para manejar este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta ahora, Celac llamó a un consenso más amplio e instaron a los miembros a estudiar la posibilidad de un despliegue solicitado por la ONU. La organización caribeña se desmarcó del envío de tropas.
El ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de Caricom, Amery Browne, consideró prematuro que soldados extranjeros irrumpan en el país caribeño e insistió en que la solución de la crisis debe ser liderada por Haití.
Canadá, que aún debe los vehículos blindados comprados por el Gobierno de Haití para apoyar a las fuerzas del orden, sancionó junto a Estados Unidos a miembros de la élite política y económica y desplegó un avión de vigilancia y naves en las costas de la nación caribeña, además de liderar reuniones internacionales, pero sin anunciar otras acciones.
Una delegación de Caricom visitó Puerto Príncipe para reunirse con miembros del Gobierno, organizaciones sociales y religiosas, líderes políticos y figuras influyentes, pero al final solo alertó que los socios internacionales de la pequeña nación caribeña “deben entrar en razón y actuar ante problemas muy urgentes”.
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Aunque Henry impulsó el vigente Alto Consejo de Transición, es notable que dejó fuera de la plataforma a importantes grupos opositores y partidos políticos como Fanmi Lavalas, fundado por el expresidente Jean Bertrand Aristide, lo que equivale a que sigue siendo un rehén de los intereses de grupos y familias adineradas que controlan la endeble economía nacional.
Es notable que, a lo interno, las negociaciones entre las autoridades y la oposición se enfriaron, y por el momento un acuerdo parece poco probable.
PANDILLAS INCONTROLABLES
Derechos humanos son dos palabras olvidadas en Haití. Por su posición geográfica, azotada por huracanes y terremotos, los haitianos sobreviven en la nada, aun durmiendo en carpas o a la intemperie, sin empleos fijos, ni agua potable. Viven con lo mínimo y ahora están en una situación de desastre bajo la agresión de las pandillas armadas que atacan lo mismo a un vendedor ambulante que a un policía o un profesor universitario.
La ecuación es simple: obtener dinero por rescates, crear el terror mediante ataques armados contra cualquier objetivo, e ir alejando a la población de los centros territoriales más importantes, obligados a desplazarse o abandonar el territorio nacional. Muchos perecen en el intento de alejarse de las costas haitianas y ni siquiera poseen la posibilidad de atravesar la frontera con República Dominicana, ahora protegida por un alto muro para impedir el paso desde la otra parte de la isla La Española que comparten los dos países.
Una de las últimas víctimas de estos clanes fue el director del Laboratorio Nacional de Salud Pública (Lnsp), Dr. Jacques Boncy, quien fue secuestrado el pasado miércoles 5, a quien balearon y luego liberaron.
La periodista Nancy Roc informó en un tuit que varios galenos de los centros Gheiso de investigación han sido raptados -10 de enero a marzo de este año- de acuerdo con la Asociación Médica Haitiana en nota del pasado día 6. El pasado año, dijo la organización, fueron secuestrados 20 médicos, dos de ellos asesinados.
HAITI SE MUERE
Haití sobrevive en medio del hambre y la sangre, sin líderes políticos y la mirada huidiza de la comunidad mundial.
Los datos son preocupantes y la esperanza de una vida mejor se desvanece. Solo en lo que va de 2023, se registra una inflación del 47% y 4 700 000 personas padecen hambre aguda; 531 ciudadanos fueron asesinados, 300 heridos y 277 secuestrados, según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. En los dos primeros meses de este año 152 personas fueron ultimadas, entre ellos más de una veintena de policías, hubo más de un centenar de secuestros, solo en Puerto Príncipe y la ciudad de Liancourt, en el departamento Artibonite, indicó el director de la institución Frantz Elbé.
Según estimaciones de Frantz Elbé, unos 150 000 haitianos trataron de abandonar el país en el primer trimestre de este año, la mayoría por mar. Muchos, dijo sin mencionar cifras, perdieron la vida en el intento, entre ellos una alta cantidad de menores.
Son varios los grupos armados que irrumpen en los barrios residenciales, asesinan, violan y saquean viviendas. La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití alertó a finales de febrero sobre la violencia perpetrada por la banda Baz Gran Grif contra residentes de Artibonite, que hasta esa fecha causó 69 fallecidos y 83 heridos.
En esa situación, precisó, miles de ciudadanos se refugiaran en otras comunas del departamento, mientras que el miedo a las represalias y falta de servicios médicos agravan la crisis.
“El bandidaje, banalización de la vida y prácticas de privación de libertad se convierten en norma, ante la mirada impotente de las autoridades correspondientes”, deploró en un comunicado el rectorado de la Universidad Estatal de Haití, tras el secuestro del extitular de Educación y presidente de la Sociedad Haitiana de Historia y Geografía, Pierre Buteau, quien pasó nueve días con sus captores.
Las bandas intensificaron su control sobre áreas estratégicas, aumentando la violencia, incluso sobre la principal terminal de combustible de Puerto Príncipe, impidiendo su distribución. La falta de acceso a ese producto afecta de manera severa al comercio, escuelas y hospitales y generó escasez de productos y servicios básicos, como agua y telecomunicaciones.
En medio de este caos, Estados Unidos y otros países repatriaron a casi 41 000 haitianos por vía aérea y marítima entre enero de 2021 y septiembre de 2022, y la República Dominicana expulsó a casi 59 000 emigrantes por vía terrestre entre febrero y octubre de 2022, incluidas personas nacidas en ese país, pero consideradas haitianas por las autoridades dominicanas.
Sin embargo, y a pesar de estas terribles condiciones, desde agosto del pasado año, miles de haitianos protestan por ciclos cortos en las calles contra el gobierno y el incremento de la violencia, la alta inflación y el aumento del precio del combustible, derivado de la eliminación de los subsidios oficiales.
Durante la visita del presidente de EE.UU. Joe Biden a Canadá, centenares de personas protestaron en Québec. La organización Solidarité Québec Haïti acusó a la Casa Blanca de entregarle armas de guerra al régimen ilegal del primer ministro Henry, vinculado, aprecian, a paramilitares criminales en Haití, entre ellos el Parti haïtien tèt kale (Phtk), la Federación de pandillas G9 an fanmi e alye, dirigida por el ex oficial de policía Jimmy Chérizier, alias Barbecue.
No hay solución a la vista a la problemática haitiana. Nadie sabe con certeza cuánto podrá mantenerse esta situación en la que las bandas aterrorizarán para que ocurra una intervención militar extranjera que, opinan, las reconocerán como legitimo gobierno.
Pensamientos muy simplistas por parte de los bandidos, si se consideran los resultados de las intervenciones militares de países extranjeros y de la ONU en el siempre sufrido territorio haitiano.
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