La Junta militar de Guinea solicitó enjuiciar al ex mandatario Alpha Conde, derrocado en 2021, y a más de 180 funcionarios de su administración, lo que de proceder causará un revuelo judicial.
Según opinan medios de prensa en Conakry, la capital guineana, las autoridades hicieron suya la batalla contra la corrupción y en esa línea apresaron a muchos ex-empleados públicos.
Unido a la demanda de enjuiciamiento de Condè, el ministro de Justica, Alphonse Charles Wright, entregó a los fiscales una lista de 188 nombres de presuntos implicados en casos y algunos ya en prisión.
Entre todos ellos están el ex primer ministro Ibrahima Kassory Fofana y una cuarentena de ex jefes de carteras, como Mohamed Diané en Defensa, Mamady Camara en Economía y Mariama Camara, otrora titular de Comercio.
Las acusaciones son por presuntos actos de complicidad con el enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, falsificación y uso de falsas escrituras públicas, malversación de fondos estatales y otras transgresiones.
“El Gobierno guineano, en su política de moralización de la vida pública, se ha fijado como objetivo la lucha contra los delitos económicos y financieros”, subrayó Charles Wright.
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Asimismo consideró “un imperativo” investigar la procedencia de las finanzas en las cuentas de esos funcionarios ante cualquier presunción de enriquecimiento ilegal.
En ese ámbito la nota más estridente es la inclusión del ex presidente Condè -de 84 años- entre los sospechosos y a quien procesaron en mayo por supuestos delitos cometidos al reprimir manifestaciones contra su política.
No obstante, los críticos del quehacer de la junta castrense comandada por el coronel Mamady Doumbouya aseguran que esta lanzó una “cacería de brujas” contra la administración anterior.
Sin embargo, las autoridades mantienen en prisión a importantes jefes del Frente Nacional por la Defensa de la Constitución (FNDC), que en 2019 encabezó las protestas contra el tercer mandato del entonces gobernante, lo cual considerada inconstitucional.
Observadores aluden a que la moralización pública tiene como objetivos: calmar el debate interno y en lo externo hacerse fiable ante la Comunidad Económica de Estado de África Occidental (Cedeao) que concedió dos años a la junta para la transición civil.
Pero de hecho el proceso judicial que se prevé también puede desenterrar incómodos espectros del pasado, lo cual impactaría en la marcha hacia el restablecimiento de la autoridad civil, ese es el riesgo a tener en cuenta.
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