Guerra jurídica contra Cristina Fernández

El martes 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal número 2 dictará sentencia en el juicio contra la vicepresidenta y dos veces mandataria argentina, Cristina Fernández, por supuestas irregularidades en una obra de viales en Santa Cruz, aunque ella aseguró que su condena ya está firmada y el tribunal es un pelotón de fusilamiento.

No exagera en sus apreciaciones la líder peronista, que aun mantiene en secreto sí, como quieren la mayoría de sus millones de seguidores, será candidata en las elecciones presidenciales del 2024.

Estos fueron los conceptos esenciales de Fernández al hablar ante el Tribunal, en lo que los medios denominan ¨las últimas palabras¨:  “Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento”. “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron”. “La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre”, cuando un joven intentó matarla frente a su departamento..

Ese día, mientras autografiaba su libro Sinceramente, la exmandataria fue víctima de un frustrado magnicidio, al atascarse la pistola del tirador. Los presuntos autores intelectuales no están acusados formalmente.El hecho ocurrió en medio del proceso judicial por la causa Vialidad, una de las tantas abiertas en su contra en una búsqueda sistemática del Poder Judicial de desacreditarla, desmoralizarla, criminalizarla y quitarle su base de apoyo.

Cristina, abogada, identificó hace unos días en su alegato 20 mentiras de la acusación, Sus afirmaciones impidieron que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola –vinculados al exmandatario derechista Mauricio Macri- ni siquiera se atrevieran a responder.

Esta no es la primera vez que la exmandataria debe comparecer ante un  tribunal de justicia. Desde 2015, ha sido acusada de diversos delitos, entre ellos el de corrupción, y todos fueron cancelados por carencia de pruebas. Esta es la primera que vez los tribunales llegan tan lejos y la someten a un juicio oral. Los fiscales Luciani y Mola solicitan para la acusada 12 años de encarcelamiento y la pérdida de sus derechos políticos y bienes materiales.

La guerra jurídica contra Fernández –conocida con el término inglés de lawfare- está instalada en su contra y su fallecido esposo, el también mandatario Néstor Kirchner, y otros familiares, desde hace 17 años.

Sin embargo, demostró que el 10 de diciembre de 2015 había salido del gobierno con los mismos bienes que había llegado y que ahora, dijo, quedaron para mis hijos. Tres jueces la investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vive en el mismo departamento que cuando se fue con Néstor a vivir a Olivos, la residencia presidencial.

Como prueba de la unidad de la prensa hegemónica y el sistema judicial, medios aliados al partido Juntos por el Cambio, del derechista Macri, adelantaron que Cristina será condenada a una pena de unos seis años de prisión por fraude al Estado, no por la asociación ilícita (un delito comprobadamente ¨plantado¨) como pretendían los fiscales para elevar los años de condena solicitados.

¿QUE PUEDE PASAR DESPUÉS DEL VEREDICTO?

Cristina se transformó en el juicio de acusada a acusadora. Ante la imputación de fraude en la construcción de viales, contestó a la fiscalía: “¿En serio creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública?. ¿Mi gobierno, que entregó un país desendeudado?. ¿El doctor Néstor Kirchner, que le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI)? ¿Nosotros estafamos al país, defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy?. Sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45 000 millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema¨.

Tras la lectura del fallo esta semana, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, fijarán la fecha –seguramente en febrero o marzo próximos- en que fundamentarán la sentencia. Después, las defensas -si hay condenas- podrán apelar a la Cámara de Casación y en última instancia a la Corte Suprema. Todo el trayecto es un campo minado de magistrados aliados a Juntos por el Cambio.

En cualquier caso, la resolución solo quedará firme en uno o dos años, como mínimo, aunque tratándose de la popularmente conocida como CFK como acusada -no como víctima- siempre podrían apurarse. La lógica indica que la vicepresidenta podría ser candidata en 2023, si así lo desea.

La posible represión judicial contra Cristina ya trae consecuencias. El secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Daniel “Tano” Catalano, confirmó este jueves que si es condenada convocará a un paro y movilización nacional.

En opinión de Catalano, a la embajada de Estados Unidos le preocupa Lula (el electo mandatario Luiz Inacio Lula da Silva) y una Cristina en el gobierno y pidió al presidente Alberto Fernández una reforma judicial que democratice el sistema. ¨¿ por qué se quedan atorados, qué les preocupa?, preguntó.
Luego, afirmó: ¨Si a Cristina la condenan, están condenando al pueblo trabajador. Están condenando nuestros derechos”.

Varios líderes peronistas identificados con CFK también le han pedido que exhorte a manifestaciones el día del fallo o posteriores, en su respaldo y, al mismo tiempo, en repudio a la persecución judicial.

LA GUERRA JURIDICA CONTRA LOS LÍDERES PROGRESISTAS

El ministro de justicia argentino, Martín Soria, denunció que “Detrás de esto hay una banda de amigos, no un tribunal. Este juicio se cae a pedazos. No obstante, aseguró, esta gente va a querer seguir avanzando.
Para Soria “el juicio de Vialidad no puede desvincularse de todo el escenario de violencia política, de destituciones, incentivado por los periódicos conservadores Clarín y La Nación, y que terminó con el intento de asesinato” a la vicepresidenta.

“Es la misma línea ideológica pero impulsada desde los tribunales. Van a buscar la proscripción del peronismo. Lo que no pueden hacer con las urnas, lo van a hacer con las tapas de los diarios”, añadió. Un editorialista de Clarín caracterizó sus campañas aliadas al judiciario como ¨periodismo de guerra¨.

El Poder Judicial en América Latina se convirtió en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliega, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política. Jueces y magistrados son designados por complejos mecanismos políticos y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen, por lo que operan bajo un manto de institucionalidad.Situaciones como las de CFK ya son conocidas en  América Latina. De esa forma fueron destituidos Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil.

Ahora en reciente liberación, pero perseguido por el Ejecutivo y el Judicial, a la cárcel enviaron por cinco años al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, y condenaron en 2018 al expresidente Rafael Correa por un supuesto delito de corrupción. Inhabilitado para ocupar cargos públicos, ahora radica en Bélgica. Al boliviano Evo Morales hasta le inventaron un hijo bastardo.

Se pretende acallar con la persecución y la cárcel a aquellos líderes del pueblo que puedan retornar para recuperar lo logrado por gobiernos populares en las últimas décadas. En un organizado complot, los magistrados actúan violando la ley.

Lawfare ¨guerra jurídica o guerra judicial¨ en inglés) es el nombre de un blog estadounidense dedicado a temas de seguridad nacional, publicado por el Instituto Lawfare en colaboración con la Institución Brookings,  iniciado en 2010 por Benjamin Wittes (autor y exredactor editorial para el The Washington Post), el profesor de la Escuela de Derecho Harvard, Jack Goldsmith, y el profesor de derecho de la Universidad de Texas en Austin, Robert M. Chesney. Sus escritores incluyen profesores de derecho, estudiantes de esa carrera y exfuncionarios de los expresidentes George Bush y Barak Obama.

Según se describe en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar, se trata de un método de guerra no convencional en el que la ley es empleada como medio para conseguir un objetivo militar, pero en 2001 el concepto ya estaba reformulado y aplicado en política y teorizado desde la academia en la Universidad de Harvard.

Luego, otros estudiosos lo perfeccionaron, difundieron y condujeron a América Latina con la complicidad de la cúpula del Poder Judicial, los medios de comunicación del sistema y los políticos aliados.

Estados Unidos, negado a admitir cambios políticos hacia el progresismo, asesora la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina para la implantación de la doctrina del lawfare. El llamado proyecto ¨Puentes¨, brindó cursos de preparación a integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región.
La derecha latinoamericana adoptó el Lawfare en los últimos años como un mecanismo eficaz para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes.

El propósito es suplantarlos, encarcelarlos o al menos desprestigiarlos cruelmente, y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.