Guatemala en alerta (+Video)

En las últimas semanas miles de personas apoyan en las calles de Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo, atacado por fuerzas de la derecha que, con maniobras fraudulentas, intentan un golpe de estado anticipado para evitar su asunción el próximo 14 de enero.

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Entre los movilizados en los 22 departamentos del país centroamericano están los miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), quienes protestaron frente a la sede del Ministerio Público de Chimaltenango.

Los integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán empezaron una marcha desde el edificio de la Cámara de Industria hasta la sede central del Ministerio Público. Exigen que se vayan de sus puestos los funcionarios a disposición de los conservadores y corruptos.

“Fuera, golpistas”, fue una de las consignas de un grupo de vecinos en Chiquimulilla, Santa Rosa. En un mitin, la investigadora Kaqchikel Sandra Xinico refirió que “estamos denunciando cómo el sistema está carcomiendo nuestra vida”.

Las demostraciones públicas y pacíficas de rechazo apuntan a la fiscal general Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana, quienes pusieron a funcionar la maquinaria judicial contra el partido de Arévalo, el Movimiento Semilla.

La polémica carrera de Curruchiche no inicia acá, pues como jefe de la FECI es señalado por obstruir investigaciones en contra del actual presidente Alejandro Giammattei y de haber forzado al exilio o a la cárcel a periodistas y fiscales.   

Las maniobras de este equipo visible -repudiado por la población que votó por el prestigioso académico y diplomático; y su vice, la científica Karin Herrera- trataron de eliminar de la escena política a Semilla en un complot ilegítimo.

Orellana utilizó maliciosamente la ley contra la delincuencia organizada y la ley de lavado de dinero u otros activos para hacer creer a la población que el partido Semilla es una estructura criminal a la que se le aplican leyes de menor rango.

Fue una estratagema jurídica, dada la imposibilidad del juez de aplicar justicia desde la ley electoral y de partidos políticos -que tiene un rango constitucional- fuera de su espectro, y que solo le compete al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La positiva decisión de la Corte de Constitucionalidad ante un pedido de amparo del partido Semilla le permite continuar como organización política hasta que concluya el proceso electoral el 31 de octubre próximo.

Son muchas las trabas que impulsan contra la futura administración la red tejida, entre otros, por la élite empresarial, los políticos conservadores y el enorme aparato de estigmatización del progreso y el izquierdismo, el llamado Pacto de Corruptos, firmado en 2017 para obtener impunidad ante la justicia.

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La estrategia para tratar de quitarle a Semilla su personería jurídica como partido político después del 25 de julio falló, pero sigue como una amenaza latente contra las filas de la agrupación ganadora en el balotaje del 20 de agosto pasado, cuando Arévalo aventajó holgadamente a la ex primera dama Sandra Torres, algo que no esperaba el conservadurismo guatemalteco.

Torres, quien fuera casada con el expresidente Álvaro Colon, está asociada a la clase dirigente establecida y era la tercera vez que aspiraba a la primera magistratura del país.

Más de una semana estuvo en silencio, sin reconocer el apabullante triunfo de su oponente (más de un millón de votos de diferencia), quien ha prometido poner mano dura en una nación que, con la mayor economía de Centroamérica, tiene casi el 60% de su población viviendo en pobreza y una constante emigración que huye del hambre y la violencia.

En investigaciones realizadas por reconocidas firmas locales, en torno al 76% de los encuestados dijo que más de la mitad de los políticos locales están implicados en casos de corrupción, la cifra más alta jamás registrada en el país.

Pruebas contundentes verificaron que organismos gubernamentales, ministerios, empresas y otras asociaciones participan de vínculos con el narcotráfico. Esa unión impediría –una vez comprados los funcionarios del sistema judicial- que fueran a la cárcel, impunidad que para muchos es barata, dado los millones que ganan anualmente en sus negocios turbios.

Entonces llegó Arévalo, el último candidato anticorrupción que estaba en campaña, ganó contra todos los pronósticos y ahora se enfrenta al muro, ya al parecer no tan infranqueable, de los elementos vinculados al poderío de la mafia de cuello blanco guatemalteca.

El mensaje del candidato de Semilla caló entre los votantes, en especial jóvenes, hartos de gobiernos neoliberales que han hundido al país en un lastimoso estado, sin beneficio alguno para las poblaciones más vulnerables.

Un objetivo central de las protestas de esta semana es la fiscal general Porras. “¡Renuncia, Consuelo!”, coreaban los manifestantes en las grandes movilizaciones de esta semana. 

Porras asumió el cargo en 2018 y en 2021 fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por prácticas antidemocráticas y socavar las investigaciones anticorrupción. Ella niega las acusaciones. A la vez, mantiene en marcha las investigaciones sobre cómo reunió Semilla las 5 000 firmas necesarias para inscribirse unos años antes, así como sobre unas acusaciones de fraude electoral que los observadores independientes consideran infundadas.

Arévalo considera que la democracia del país está en un terreno resbaladizo, pero piensa que eso ha cambiado desde las elecciones. ”Ahora más gente ´apuesta´ por la democracia”, estimó en una entrevista reciente con la prensa internacional.

Los guatemaltecos, señaló, han vivido en un estado corrupto con prácticas autoritarias y la gente empieza a darse cuenta de sus derechos. Sin embargo, no desconoce el alto grado de inseguridad que se cierne tanto sobre su figura como la de su vice Herrera.

Amenazados de muerte, Arévalo denunció que "está en curso" un golpe de estado en su contra “en el que el aparato de justicia es usado para violar la Justicia misma”. Además, sentenció que “el grupo de corruptos” que se niega a aceptarlo como presidente está “burlando la voluntad popular expresada en las urnas”.

No tuvo reparos en dar nombres y apellidos de quienes estarían promoviendo el plan para impedir su posesión presidencial, la de su vicepresidenta y la de los 23 diputados electos de su bancada y señaló a Porras, a Curruchiche y a Orellana. Además, apuntó a la complicidad de la Junta Directiva del Congreso de la República.

Son varias las hipótesis que se manejan en torno a la posesión del nuevo gobierno. Arévalo suspendió el proceso de transición con el presidente Alejandro Gianmatei ante las irregularidades observadas.

Para el abogado Edie Cux, director jurídico del organismo que en Guatemala representa a Transparencia Internacional, “hay un riesgo alto de que (Arévalo) no se pueda posesionar”, usando como pretexto el no reconocimiento de su Partido. La respuesta del futuro presidente fue que con o sin Semilla, él entrará al Palacio de Gobierno en enero.

Analistas políticos consideran desvergonzado que Giammattei le abriera las puertas del país al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pelele de EE.UU. Luis Almagro, para observar cómo su ejecutivo colaboraba con el mandatario electo en el período transicional.

Entretanto, su partido Vamos anuló a Semilla y sus 23 diputados en el Congreso, en componenda con Porras y los otros implicados que tantas investigaciones por corrupción en su contra, opinan, le han archivado.

La narrativa del mandatario saliente se queda en retórica y en el fondo está camuflando su objetivo, ya que él también firmó el Pacto de Corruptos. Su real misión, de acuerdo con su actuar, es quebrar la institucionalidad y quedarse en el poder luego de arrebatarle la victoria a los progresistas.

 A pesar de tal posibilidad –que tiene visos de certeza-, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), integrada por siete organizaciones de la sociedad civil, destacó el riesgo que supone para la democracia las acciones promovidas por el conservadurismo.

Precisó que, a pesar de muchos tropiezos, el proceso avanza, y expuso su confianza en que esa sea la tónica con la cual se llegue a la finalización del proceso comicial que concluirá el próximo día primero.

Existe también la posibilidad de que el Congreso Nacional no reconozca el triunfo de Arévalo si al concluir oficialmente el proceso antes de la asunción, el sistema judicial insiste en borrar la personalidad jurídica de Semilla.

En ese caso, apuntó el fiscal de ese Movimiento, Juan Gerardo Guerrero, estamos preparados para tal escenario de bloqueo.

“No lo descartamos, aunque es totalmente ilegal y no solamente es ilegal, sino que va en contra de la legitimación del pueblo de Guatemala, y va en contra de la alternancia en el ejercicio del cargo de la Presidencia”, afirma Guerrero, al tiempo que plantea una contraofensiva de acciones legales en el ámbito penal.

Aún antes de iniciar su gobierno, Arévalo tendrá una dura batalla en el órgano legislativo que ahora discute el presupuesto de 2024 y que ignora la solicitud de Semilla de engrosar ciertas partidas para llevar adelante varios de sus programas sociales. Si gobierna, tendrá que hacer realidad su consigna de mano dura contra los corruptos, que como mínimo le tenderán trampas para desestabilizarlo e inventarán tretas para destituirlo.

Guatemala, la Uhatezmala del pueblo maya o "Montaña que lanza fuego" , donde se hablan más de 20 lenguas autóctonas y el español, famosa por su marimba, posee más de 17 millones de habitantes. Esa nación centroamericana está dividida en ocho regiones, 22 departamentos y 338 municipios.