Gran complot asesinó a Berta Cáceres

Año y medio después del asesinato de la lideresa hondureña Berta Cáceres surgen nuevas revelaciones sobre los implicados en la criminal acción, entre ellos la empresa de Desarrollo Energético S. A. (DESA), en complicidad con agentes del gobierno de Juan Carlos Hernández y el silencio de entidades financieras internacionales.

El 2 de marzo de 2016, Cáceres, de 45 años, madre de cuatro hijos, recibió seis disparos mientras dormía en su hogar en la localidad La Esperanza, departamento de Intibucá, en momentos en que libraba una batalla legal contra DESA por la construcción de una represa en el Agua Zarca, afluente del río Gualcarque, en Santa Bárbara, que despojaría de sus tierras y aguas a los indígenas lenca, etnia de la cual era descendiente.

Cofundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Coniph), premiada por prestigiosos organizaciones internacionales por su defensa del medio ambiente, los detenidos por el crimen se consideran chivos expiatorios, pues hay indicios de que directivos de alto nivel están también implicados.

Parecía que se había cerrado el capítulo del brutal asesinato de la luchadora lenca y que los restantes involucrados nunca aparecerían. Sin embargo, las investigaciones del Grupo Asesor Independiente de Personas Expertas (Gaipe) revelaron otras pruebas contundentes que involucran por sus nombres a las empresas cómplices de DESA en el atentado contra Cáceres y el ocultamiento de la verdad por el gobierno de Hernández.

El informe conclusivo, presentado el pasado 31 de octubre, recopila la información completa del caso, reunida por investigadores independientes, ya que las indagaciones oficiales son cuestionadas por los familiares de Cáceres, la Coniph y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

De acuerdo con el Grupo, que denunció la impunidad en que se mantiene el asesinato de centenares de activistas en Honduras a partir del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en 2009, es necesaria una rápida respuesta del gobierno de Hernández para arrestar y enjuiciar a todos los implicados.

Titulado “Represa de violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”, el informe precisó que desde noviembre de 2015 comenzó a organizarse una acción contra la vida de Cáceres, cuya muerte llevó a la calle a miles de personas en acciones de protesta.

Luchadora desde su más temprana juventud por los derechos de los lenca y la protección de los recursos naturales, ella devino una crítica abierta a la administración de Hernández, a quien calificó de “dictador” y “vende patria”.

En declaraciones a los periodistas Dick y Mirian Emmuneulsson, la lideresa lenca denunció en 2013 las 47 concesiones o permisos de explotación concedidos en los últimos ocho años a empresas trasnacionales representadas por compañías locales como testaferros, que es el caso de DESA.

Una de sus muchas acusaciones fue contra el ex ministro de la Secretaría de Recursos Naturales Rigoberto Cuellar, quien para beneficiar a DESA juró que el pueblo lenca no vivía donde se levantaría la hidroeléctrica de Río Zarca.

Desde hacía varios años Berta era amenazada de muerte, más aun después de su activa presencia en las manifestaciones en apoyo a Zelaya.

En febrero de 2016, hubo un atentado fallido en su contra. Ella solicitó protección policial oficialmente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la noche que la mataron la vivienda estaba sin resguardo, en evidente confabulación de los militares con los sicarios.

Los especialistas también comprobaron que el estado hondureño no solo dejó sin amparo a Cáceres sino que la policía informaba a DESA de sus movimientos personales.

El Gaipe expresó que hay indicios de que al menos un alto dirigente de DESA en libertad está involucrado e indicó como cómplices, por su silencio ante las conocidas atrocidades cometidas por la empresa, a instituciones internacionales que financiaban la futura hidroeléctrica.

Medios de prensa hondureños recordaron que Cáceres acusó de amenazas de muerte, acoso sexual y telefónico al ex coronel de la fuerza aérea Douglas Geovanny Bustillo, cuando este se desempeñaba como jefe de seguridad de DESA y ahora es uno de los encarcelados.

TRASNACIONALES INVOLUCRADAS

El documento de Gaipe refiere en una de sus partes:

“A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund.

”Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes”.

El gobierno, que según Gaipe tenía “conocimiento de la situación antes y después de la eliminación física de Cáceres”, detuvo a ocho presuntos implicados, que recibieron, según declararon, 22 000 dólares pagados por la compañía.

Pero no hay constancia de que ellos sean los verdaderos o únicos culpables. Cinco se declararon autores materiales y otros tres como los instigadores: Sergio Rodríguez, gerente técnico y ambiental de DESA, Bustillo, y Mariano Díaz Chávez, agente del estado mayor de las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar.

El Gaipe revisó más de 40 000 páginas de registros telefónicos, mensajes de texto, conversaciones de chat, equipos GPS y correos extraídos de celulares incautados a los encarcelados.

Para los expertos que examinaron el caso, el presidente Hernández debe dar una señal de que habrá una pesquisa más profunda, lo cual, sin embargo, será imposible, pues su administración vendió las tierras lencas y permitió el desvió del río Zarca, sagrado para ese pueblo.

La penetración de compañías foráneas en DESA había sido advertida por la Coniph, con el silencio como respuesta.

Hace algunos años, el Consejo condenó “a quienes apoyan este proyecto de muerte a las trasnacionales que forman parte del gran consorcio que planea la hidroeléctrica cuya cara es la DESA”.

En ese negocio, dijo, hay capitales del Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO-Banco Holandés, con 15 millones de dólares, el Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. Finnfund de Finlandia con cinco millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica con 24,4 millones de dólares, las compañías Siemens y VoithHydro de Alemania,

El gobierno de Estados Unidos —afirmó Coniph— se involucra a través de USAID-Proyecto Mercado.

Falta observar ahora cómo Hernández puede librarse del pesado fardo que le colocó el Gaipe.