Gobierno venezolano a la ofensiva

El gobierno de Venezuela dio nuevas muestras de capacidad política al sorprender con el indulto de 110 miembros del ala más radical de la oposición y realizar un cambio ministerial, hace pocas horas, en busca de la renovación plural de la Asamblea Nacional (AN) el próximo diciembre.

Después de cinco años bajo el control de la oposición, considerada en desacato por ignorar al Tribunal Supremo de Justicia, en poco más de dos meses la Revolución Bolivariana tendrá oportunidad de ocupar de nuevo la mayoría de la AN, el único de los tres poderes donde se enseñorean figuras de la contrarrevolución interna.

En una alocución este martes, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a sus partidarios en desacuerdo con el indulto —que tampoco fue reconocido por algunos de los beneficiados— en el que solicitó confianza plena en las decisiones de su gobierno, aunque, dijo, está consciente de que entre los que obtendrán su libertad aparecen magnicidas, asesinos, conspiradores contra su figura y el sistema socialista en el país.

El pasado domingo, el jefe de Estado llamó a consolidar la paz en Venezuela a través de la unidad nacional y la apertura de conversaciones de cara a los comicios, y se proclamó como “hombre de paz”. A la vez, el nuevo Consejo Nacional Electoral viene dando pasos para ampliar las garantías y construir confianza ante el proceso electoral.

“He sido víctima, a lo largo de la lucha a favor de la Revolución de toda la barbarie que se le puede hacer a un ser humano”, pero pese a ello, “apuesto por todo tipo de reconciliaciones, reencuentro, participación” y diálogo profundo para abrir nuevas páginas en la historia política de Venezuela.

El movimiento gubernamental pretende también ampliar la base de la oposición en el llamado diálogo nacional abierto en 2019, en aras de encontrar una plataforma plural ante las futuras elecciones y en los planes de desarrollo de la nación, sumida en una situación crítica debido a las continuas sanciones de Estados Unidos (EE.UU.).

En los últimos días se conoció que el presidente Donald Trump contrataría francotiradores para matar a Maduro. No sería la primera vez que lo intenta su gobierno, que mantiene una guerra no convencional contra el país suramericano, incluido un bloqueo naval, agregado hace algunos meses a las medidas extremas contra la economía nacional, entre ellas, el robo de sus reservas en oro situadas en el Reino Unido.

Las elecciones parlamentarias ocurrirán un mes después de las presidenciales estadounidenses, por lo que algunos articulistas consideran que Trump podría favorecer ahora otra acción violenta. Recuérdese el desembarco naval de noviembre, frustrado por la rápida actuación popular y de las fuerzas armadas.

El camino sería corto, pues la administración republicana usaría en la posible nueva intentona a la vecina Colombia, presidida por el derechista Iván Duque, quien no pierde oportunidad para redoblar su amenazante discurso contra Caracas.

La oposición radical no ha encontrado en el indulto un gesto de buena voluntad del oficialismo. Por el contrario, algunos de los líderes que estaban detenidos o exiliados y ahora pueden retornar insisten en que no son delincuentes, por lo tanto nunca debieron estar presos. Entre los favorecidos hay 23 diputados titulares y cuatro suplentes.

Ninguno, sin embargo, es inocente de los cruentos planes llevados a cabo en el país en los últimos años, que incluyeron atentados personales y a instituciones públicas, violencia en las calles —20 hombres revolucionarios fueron quemados vivos en Caracas— y mantienen una actitud hostil hacia el proceso político socialista venezolano.

Entre los contemplados en el decreto ley firmado por Maduro están Roberto Marrero, exjefe de gabinete del autoproclamado presidente Juan Guaidó, ahora ni siquiera reconocido por antiguos partidarios; Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN; Henry Ramos Allup, quien presidió el Parlamento en 2016; y el diputado Freddy Guevara, una de las voces más visibles de Voluntad Popular (el partido de Guaidó) hasta que a finales de 2017 se asiló en la Embajada de Chile en Caracas.

También fue indultado el politólogo Nícmer Evans, quien se alejó del gobierno de Caracas y engrosó las filas opositoras tras la muerte del presidente Hugo Chávez y resultó detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Cuando dio a conocer la noticia, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, advirtió que el gesto presidencial no obliga a los opositores a postularse para los comicios, pero sí ayudaría a alcanzar la pacificación nacional.

Algunos observadores políticos, sin embargo, desconfían de una posible buena voluntad de los antichavistas que todavía no reconocen a Maduro como presidente electo en las urnas y son cómplices de EE.UU., al que invocaron en una ocasión desde la Organización de Estados Americanos (OEA) para que interviniera militarmente en su propio país.

La decisión de Maduro fue recibida con claras señales de beneplácito por líderes mundiales, como la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien señaló que la medida es un paso positivo en los esfuerzos por abrir el espacio democrático y mejorar la situación política.

“El indulto cierra los procesos penales abiertos en su contra y les otorga libertad incondicional”, indicó en un comunicado la destacada funcionaria del ente internacional.

También, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, apreció el indulto como “una buena noticia” y añadió que, en sí, supone un avance hacia la celebración de elecciones plurales y transparentes.

Antes de la disposición, y a solicitud de la oposición participantes en el diálogo nacional en marcha, fue reformado el CNE, pues según los partidos no oficialistas, el anterior favorecía a los candidatos de la Revolución Bolivariana, lo cual ha sido desmentido por las autoridades nacionales.

Hace pocas horas, Maduro anunció que un grupo de ocho ministros y ministras serán candidatos en diciembre por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el más poderoso del país, para sumarse a la contienda electoral y “junto al pueblo, defender el Poder Popular”.

Ellos son Jorge Rodríguez, Blanca Eekhout, Pedro Infante, Asia Villegas, Gilberto Pinto, Gabriela Peña, Aloha Núñez y María Iris Varela”, anunció el jefe de Estado.

El mandatario confirmó que, como exige la Constitución, deben retirarse de sus cargos el próximo día 5 y anunció que firmará el decreto para sustituirlos en un nuevo tren ministerial.

Luego del anuncio en la cuenta oficial en Twitter del mandatario, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, precisó que esta “AN es la más importante en toda la historia contemporánea de Venezuela, porque el imperialismo y sus lacayos trataron de tener una especie de base política en el país, ya que no pudieron tener una base militar, y desde aquí desmontar el Estado, atacando la soberanía, el patrimonio y la paz en el país”.

El titular, una prestigiosa figura de la Revolución Bolivariana, destacó que vamos a recuperar la Asamblea, perdida en 2015 por el alto abstencionismo de la población (dos millones de chavistas decidieron quedarse en casa y no votar), según apreciaron entonces politólogos.

La ferocidad de los ataques de la derecha internacional unieron al pueblo revolucionario y el chavismo alcanzó victorias luego de sortear ataques de diverso tipo, dando muestras de civismo y resistencia.

No obstante, los títeres de EE.UU. siguen con sus planes perturbadores de la paz. Algunos dirigentes contrarrevolucionarios, como Leopoldo López, de Voluntad Popular; Henrique Capriles, de Primero Justicia; y otros de Acción Democrática y Un nuevo tiempo se reunieron en Bogotá con funcionarios estadounidense mediante videoconferencias. Unidos en el llamado G-4 estas fuerzas planean, con el apoyo de EE.UU., boicotear el proceso electoral y reactivar la movilización en la calle.

El gran ausente de la cita fue Guaidó, lo que indica que a Washington ya no le interesa el siempre fracasado “presidente interino” y gira hacia individuos con credenciales de violencia, como López, quien capitaneó las revueltas de los últimos años.

En esa reunión, el jefe de Voluntad Popular, ya con experiencia en el sabotaje violento, pidió a cada partido del G-4 que procediera de inmediato al reclutamiento de 100 000 voluntarios para movilizarlos desde los días previos a las elecciones, en las que carece de candidatos.