Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) presentarán el próximo día 1 el partido político que les permitirá representación en distintas instancias de decisión nacional, uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz suscrito con el presidente Juan Manuel Santos.
A pesar de la continuidad de asesinatos de sus exmiembros y activistas sociales y la inercia del gobierno de Santos, las FARC-EP siguen la ruta suscrita en Cartagena de Indias, la que asegura su pase a la vida civil y participación en la política local.
En reciente conferencia de prensa, Carlos Antonio Lozada, uno de los jefes del ex movimiento insurgente, con más de 50 años de lucha continua contra las desigualdades existentes en Colombia, afirmó que “el nuevo movimiento político”, como le llamó, será presentado en la plaza principal de Bogotá, la capital del país, el primer día de septiembre.
Ese espacio es simbólico, ya que en su entorno se encuentran las sedes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, donde a partir del próximo cambio de legisladores habrá presencia de miembros de las antiguas FARC-EP, que cumplen de manera impecable sus compromisos adoptados en el definitivo Acuerdo de Paz suscrito en Cartagena de Indias el pasado año.
Se estima que días después la nueva agrupación sea inscripta ante el Consejo Nacional Electoral, una vez definidos sus estatutos, nombre, estrategia e ideales, indicó el diario colombiano El Tiempo.
En consecuencia, desde el próximo domingo 27 y hasta el miércoles de la siguiente semana, las antiguas guerrillas celebrarán en Bogotá el Congreso Nacional “Por un Gobierno de Transición para la Reconciliación y la Paz” con más de 1 000 delegados e invitados nacionales y extranjeros.
El evento discutirá las bases programáticas del nuevo partido, los candidatos a las próximas elecciones, y los ocupantes de las 10 plazas asignadas por el Ejecutivo —cinco en la Cámara de Diputados e igual número en el Senado— hasta el 2026, más allá de su desempeño electoral, con voz, pero sin voto.
En una democrática acción, la dirección de las FARC-EP, dijo Lozada, están recibiendo informaciones de los distintos departamentos que integran el Estado Mayor Central para elaborar las propuestas de su nueva plataforma política.
El dirigente de la insurgencia afirmó que “tenemos una propuesta de modelo económico, la política de género que desplegará nuestro partido, las propuestas que haremos al sector de la juventud, así como la defensa del medioambiente, la política del partido frente al tema urbano e igualmente para la parte agraria. Son 61 tesis”, confirmó.
De acuerdo con Público unos 60 activistas de derechos humanos, en su mayoría de la Universidad Nacional y de los movimientos Marcha Patriótica, Unión Patriótica y Partido Comunista, se reunieron en las últimas semanas con los líderes guerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape para precisar detalles sobre la formación de la nueva organización.
Analistas consideran de sumo interés el programa que ejecutará la agrupación llamada a cambiar las poco democráticas estructuras de un país donde las fuerzas de derecha, enemigas de la pacificación, están presentes en la gran mayoría de las instituciones y organizaciones políticas, económicas y mediáticas con el expresidente Álvaro Uribe como cabecilla principal.
La futura organización partidista recibirá financiación del Estado, al igual que las ya existentes, lo cual, espera la dirección guerrillera, sea cumplido por el Ejecutivo para facilitar la reincorporación política de sus miembros, calculados en casi ocho mil personas, ahora acampadas en las llamadas zonas veredales o transicionales.
El pasado 1 de agosto, y en cumplimiento del Acuerdo, una misión de Naciones Unidas (ONU) retiró el último de los contenedores con las armas entregadas por las FARC-EP, las que demuestran en la práctica su interés en una marcha positiva hacia la paz, signos que no aparecen en las disposiciones gubernamentales.
Santos, a quien le entregaron el Nobel de la Paz 2016 por sus gestiones de paz —imposible si las FARC-EP no hubiesen tenido iguales propósitos— trata de terminar su mandato en 2018 con la mayor cantidad de puntos del Acuerdo cumplidos o en marcha, en especial los correspondientes a las guerrillas.
En distintas ocasiones, la dirección de las FARC-EP han denunciado que el Ejecutivo ignora compromisos de agilización del proceso, el que, a pesar de los positivos alcances, en conjunto, tiene peligrosas hendijas que, a la larga, convertirían a la resistencia política pacifica en otra forma de guerra.
En los más de 50 años de confrontación bélica, más de siete millones de colombianos se vieron afectados. Se estima que 200 000 personas murieron en ese tiempo, millares fueron secuestrados, y hay más de seis millones de desplazados de los sitios de enfrentamiento.
Mientras, para poner un broche de oro a las acciones guerrilleras, el gobierno realiza negociaciones en Ecuador con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda en importancia en Colombia, los asesinatos de exguerrilleros y activistas sociales continúan en ese país marcado por el flagelo de los grupos paramilitares organizados, pagados y actuantes de la guerra sucia de la derecha.
Se estima que más de 70 dirigentes de base han sido asesinados por los paramilitares que, en descarado gesto ante las narices del gobierno, ocuparon los antiguos campamentos guerrilleros para asentarse en las zonas de Colombia donde ahora los campesinos carecen de protección contra sus fechorías.
En tanto, las FARC-EP se aprestan a constituirse en fuerza política, el gobierno y el Congreso Nacional colombianos están inmersos en una crisis al parecer irreversible, según apuntan revelaciones de la corrupción de importantes figuras con el esquema de la firma brasileña Odebrecht en esa nación.
De acuerdo con investigaciones de peritos de Estados Unidos, y aunque no se conocen todos los involucrados, la trama de Odebrecht, denunciada por su presidente Marcelo Odebrecht, preso actualmente, entregó 11.1 millones de dólares en coimas a funcionarios colombianos para hacerse de contratos en construcciones estatales sin someterse a licitaciones públicas.
Uno de los posibles involucrados es el exgerente de la campaña presidencial de Santos, Roberto Prieto, quien supuestamente recibió 300 millones de pesos (un poco más de 100 000 dólares) por favorecer a la compañía privada brasileña ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La acusación partió del empresario colombiano Eduardo Zambrano, detenido para esclarecer el pago de sobornos de Odebrecht.
Zambrano, de la firma Consultores Unidos S.A., dijo que Prieto consiguió recursos adicionales ante el director de ANI para el diseño del puente Plato, un tramo de la carretera Ruta del Sol III.
Hasta ahora, responden a la justicia el ex senador liberal Otto Bula, el exviceministro, Gabriel García Morales, los congresistas Bernardo Elías, quien está detenido, Musa Besaile, Antonio Guerra, y Ciro Rodríguez, además de varios negociantes que facilitaban sus cuentas para legalizar el dinero de la constructora foránea.
También están comprometidos, hasta ahora, el director de la ANI Luis Fernando Andrade, pendiente de interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación. A la Corte Suprema concurrieron el pasado viernes las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa.
Se espera que en los próximos días se conozcan los nombres de nuevos implicados en el caso Odebrecht, esta vez los vinculados a campañas electorales, tanto en los períodos de Uribe como de Santos, ya que en Colombia existe la prohibición de tales prebendas procedentes de extranjeros.
Expertos reconocen la podredumbre existente en la política y la justicia colombiana, pero llama su atención el hecho de que sea la agencia norteamericana destinada a combatir el narcotráfico (DEA) la que se interese por la corrupción en Colombia, más que las autoridades judiciales brasileñas.
Ello podría significar, infieren, la vinculación del narcotráfico colombiano con las élites políticas y jurídicas. Se supone que los implicados hasta ahora, y los que se conocerán, lavaban dinero de jefes del narco mezclándolo con los fondos públicos robados en cada contrato concedido a Odebrecht.
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