Estados Unidos continúa empeñado en eliminar los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina. Ahí donde no ha podido sustituir a los presidentes democráticos con golpes de Estado de nuevo tipo, se empeña en poner su maquinaria económica y mediática contra quienes aspiran a continuar sus planes revolucionarios, como el venezolano Hugo Chávez —reelecto el pasado 7 de octubre— o el ecuatoriano Rafael Correa, quien pudiera ser reelecto el próximo 17 de febrero.
Correa, quien el próximo mes presentará su candidatura, sufrió hace dos años un golpe de Estado orquestado por Washington y apoyado por la oligarquía interna mediante una manipulada acción con elementos de la Policía, el cual fue desbaratado por la lealtad de fuerzas militares que lo rescataron del hospital donde lo tenían secuestrado.
El presidente del país andino —cuya economía con 5,2 por ciento de crecimiento en lo que va de año es en ese sentido la mejor situada en América Latina— ha liderado un gobierno de corte izquierdista basado en el compromiso con el pueblo, en especial el más pobre, el antiimperialismo y el antineoliberalismo.
Economista, antes de ocupar el Palacio de Caranderet informó sobre sus planes antineoliberales y antiimperialistas. Tras su asunción en 2007, el equipo de la nombrada Revolución ciudadana, a pesar de la oposición de la burguesía interna y los planes desestabilizadores estadounidenses, ha conseguido importantes logros internos en la nación, situándose entre los más importantes la creación de una Asamblea Constituyente que redactó una nueva Carta Magna para alcanzar la reestructuración de las bases políticas, económicas y sociales prometidas en su campaña.
La permanencia de Correa al frente del gobierno, como el resto de los presidentes de las naciones miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas, es un reto político para los planes hegemónicos de Estados Unidos en la región, donde también posee incondicionales aliados, ya que ha demostrado que puede construirse una nueva geopolítica a partir de los cambios en las estructuras económicas nacionales.
Cuando tomó las riendas del país, el joven economista definió claramente su política de respeto a la soberanía nacional, al no suscribir el mantenimiento de una base militar norteamericana en el territorio de Manta, la que debió salir del país al concluir su convenio con Quito. Las puertas del militarismo estadounidense acabaron de cerrarse de manera definitiva en Ecuador cuando la nueva Constitución Nacional prohibió, en uno de sus capítulos, la presencia de tropas extranjeras y su despliegue en su territorio.
Una postura soberana que puso a Ecuador y su Mandatario en la mira de la Agencia Central de Inteligencia y de sus jefes, cuyo propósito era sacarlo por las malas del cargo.
Respecto a la injerencia de Estados Unidos, Correa ha sido concreto: “Mientras yo sea presidente, ha dicho, no permitiré bases militares extranjeras en el suelo patrio, no permitiré injerencia alguna en nuestros asuntos, no negociaré nuestra soberanía y no aceptaré tutores para nuestra democracia”.
LA BATALLA TOMA FUERZA
Los planes desestabilizadores de Estados Unidos han sido visibles. Ese país apoyó a los banqueros que se opusieron a los planes económicos y sociales del nuevo presidente, quien ganó en las urnas el cargo, y empezó a entregar dinero a entidades para que accionaran planes en su contra y la Revolución Ciudadana que lidera.
Además de la intentona golpista, Estados Unidos y su aliado Colombia crearon una crisis diplomática cuando el exmandatario Álvaro Uribe ordenó el ataque nocturno contra un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el que perecieron miembros de esa fuerza, entre ellos su canciller, Raúl Reyes, y varios civiles.
Una poderosa campaña mediática contra Correa y sus allegados accionaron Washington y Bogotá para tratar de involucrar al Presidente con las FARC, computadoras intervenidas con supuestos mensajes comprometedores. Una sarta de mentiras que Quito se encargó de reducir a polvo, pero que constituyeron ataques poderosos contra la Revolución Ciudadana.
A pesar de los continuos ataques oligárquicos dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia, han sido notables los logros de Ecuador en materia económica y social.
No solo ha logrado mantener la economía a flote y creciendo en medio de la crisis capitalista global, sino que también la nación es reconocida por sus planes para una calidad de vida superior para sus habitantes, que comprenden desde la campaña nacional de alfabetización, las misiones sociales, entre ellas la dirigida a transformar la vida de las personas discapacitadas, aun aquellas que residen en las zonas más alejadas de la geografía ecuatoriana, la ayuda en dinero a personas en pobreza, el aumento en los estudios superiores de personas sin posibilidades antes.
Acciones de Ecuador en el área internacional también desagradan a Estados Unidos. Partidario de la integración regional y caribeña, el Mandatario ha tenido dignas posturas en todos los casos en que una nación de esas áreas se ha visto envuelta en un conflicto que ponga en peligro su soberanía, como cuando ocurrieron los frustrados golpes de Estado en Venezuela y Bolivia, y el acaecido en Honduras, también entonces miembro del ALBA.
Correa fue el único presidente que, acorde con sus principios políticos, no asistió a la Cumbre de las Américas como protesta por la ausencia de Cuba a esa reunión debido a las presiones de la Casa Blanca.
También en abierta oposición a los planes de Estados Unidos contra el periodista australiano Julián Assange, fundador del sitio de denuncia política Wikileaks, Ecuador le brindó asilo diplomático, evitando que las autoridades británicas lo enviaran a Suecia —donde es acusado, y ya se comprobó que es mentira— por supuesto acoso sexual. El plan norteamericano era que Suecia lo deportara a Estados Unidos, donde sería juzgado y posiblemente condenado a la pena de muerte.
Ahora, las denuncias hace pocos días del exembajador británico en Uzbekistán Graig Murray indican que el gobierno de Barack Obama no ceja en el propósito de trabajar para evitar a cualquier costo la reelección de Correa el próximo 17 de febrero.
Murray informó que la CIA invirtió 87 millones de dólares, una gran parte de esa cifra perteneciente al Pentágono, “para influenciar las elecciones ecuatorianas”, pero, advirtió, esa cantidad ha sido triplicada desde que Chávez ganó la reelección el pasado día 7 de octubre.
Añadió que “esto va a abrir el camino a la campaña de la oposición para sobornar y chantajear a los medios y a funcionarios oficiales. Se esperan escándalos mediáticos y salpicaduras de corrupción contra el gobierno de Correa en las próximas semanas”.
El exdiplomático británico resaltó que el Departamento de Estado de Estados Unidos fue sorprendido por el triunfo de Chávez en los recientes comicios venezolanos, ya que diplomáticos de alto rango de ese país estaban convencidos de que iba a perder.
“El furor por el regreso de Chávez ha dado lugar a una imposición de que el mismo error no se debe cometer en Ecuador”, según Murray, cuyas declaraciones fueron difundidas a nivel internacional y en las redes sociales.
Para Ecuador, acostumbrado a las acciones de terrorismo de Estado cometidas por el gigantesco país norteño en su territorio, —conocido el plan norteamericano de eliminar los gobiernos progresistas surgidos de las urnas, en especial los pertenecientes al ALBA—, el informe del ex embajador sólo confirma las continuas denuncias de Correa sobre la escalada imperialista que espera en las próximas semanas.
Tal como señaló la ministra coordinadora del Patrimonio ecuatoriano, Maria Fernanda Espinosa, tras conocerse la revelación del exdiplomático británico, “para los enemigos no se trata solo de ir por los líderes populares de la región, sino de un modelo que está interpelando al sistema colonial heredado y que empobreció a los países desde el punto de vista económico y espiritual”.
Aunque aún faltan tres meses para los comicios, que en términos de política se suceden como un soplo, el presidente Correa continúa sus planes electorales, con la inscripción de su candidatura a principios de mes, y el inicio de una campaña que —según analistas— debe mantenerlo al frente del gobierno otros cuatro años. El pueblo hablará en las urnas.
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