Con la misma fuerza que hoy el volcán Popocaxtepel ruge y lanza cenizas en señal de advertencia de lo que podría pasar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un excelente diplomático y riguroso defensor de la soberanía nacional, advirtió a Estados Unidos (EE.UU.) que impedirá el financiamiento de grupos opositores a su administración por agencias norteamericanas interesadas en la desestabilización de su gobierno izquierdista.
El mandatario, que proyecta mantener una relación cordial con su imperial vecino, es un experimentado político que conoce el rol del Departamento de Estado, bajo cuyo dominio operan grupos de espionaje y sabotajes que pretenden quebrar la democracia en la región latinoamericana y caribeña.
En uno de sus rejuegos políticos, el mandatario informó sus opiniones a su par estadounidense Joseph Biden, como si este desconociera la manipulación política de sus embajadores e instituciones en el sur americano.
Otra elegante jugada de López Obrador para proteger sus vínculos, en ocasiones muy complicados, con su vecina potencia, a la vez que de nuevo estableció sus valoraciones sobre el intervencionismo que ni siquiera de manera solapada realizan organismos estadounidenses en México.
Este mes, el mandatario conocido como AMLO (por el acrónimo de su nombre) envió una carta a Biden en la que denuncia el financiamiento que otorga su gobierno mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a movimientos políticos del arco opositor, en lo que el tabasqueño calificó “a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y el respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos”.
En la misiva dio detalles sobre el aumento de recursos que la USAID entregó y seguiría haciéndolo a los enemigos de la Cuarta Transformación, de acuerdo con la página oficial del Departamento de Estado.
Ante periodistas que asisten a su conferencia de prensa mañanera, el mandatario leyó uno de los párrafos enviados al jefe de la Casa Blanca: “Deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo (…) se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento. (…)
Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención”.
El jefe del Ejecutivo mexicano fue considerado al catalogar a Biden como “una buena persona, que no perjudica políticamente a México, (…)”, pero reiteró que “sin embargo hay una cuestión que tiene que ver con los principios y la historia (,,,) y nos permite dar a conocer como es el tejemaneje de la política conservadora, como actúan con agencias del extranjero, cómo son financiados”.
AMLO, quien se caracteriza por la transparencia de sus pronunciamientos, destacó que su gobierno nada tiene que ocultar, no es corrupto ni establece relaciones de complicidad con nadie. “Exponer esta situación es parte de la revolución de las conciencias, en tanto calificó de traidores a la patria estos conservadores”.
La carta denunciante fue entregada por AMLO a la asesora presidencial para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, con quien se reunió en el Palacio Nacional solo para tratar el tema de la USAID.
Aunque el tono del dignatario era conciliador, según testigos, y no mencionó episodios similares anteriores, la prensa mexicana recordó que hace dos años el dignatario trasladó a la Casa Blanca una nota diplomática en la que cuestionó el papel de la USAID cuando aumentó el financiamiento de asociaciones consideradas abiertamente opositoras, entre ellas México Evalúa y Artículo 19. Sin embargo, el Departamento de Estado ignoró la protesta y Biden, quien se supone esté al tanto de lo que sucede en su país, tampoco le ha ofrecido una explicación.
La USAID, comprobaron las autoridades mexicanas, mantiene fuertes vínculos con entidades derechistas, como es “Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad A.C.”, una organización fundada por Claudio X González Guajardo, miembro de lo que AMLO denomina “mafia del poder”.
González Guajardo presidió esa asociación civil hasta julio de 2020, cuando anunció su renuncia para dedicarse a apoyar la alianza electoral “Va por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Cuando hace poco se reveló que “Mexicanos… “, constituida como una institución civil en noviembre de 2015, pagaba sus actividades con dinero de la USAID, AMLO se quejó ante el régimen estadounidense, que, como es conocido, mediante esa organización actúa de manera impune para quebrar la democracia en Latinoamérica.
Sin embargo, se mantienen las transferencias de la USAID hacia “Mexicanos…” que entre los años fiscales 2018 y 2021 alcanzaron 4 250 000 dólares, indica la base de datos de los gastos de la Casa Blanca.
En 2022, ese organismo realizó un donativo por un millón de dólares a ese grupo de oposición. Este año todavía no hay información actualizada.
La USAID comenzó a entregar dinero a González Guajardo en 2018 durante el primer año de Gobierno de AMLO. De manera abierta, este individuo convocó en varias ocasiones a dirigentes del viejo régimen para articular un frente antigubernamental, violando el principio de su agrupación de no perseguir objetivos políticos-electores.
Ese mismo principio hoy lo transgrede también Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). De Hoyos, quien aspira a ser el candidato presidencial de la oposición en 2024, ahora hace campaña contra el Gobierno federal y, sin consecuencia alguna, sigue formando parte del Consejo consultivo de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C”
AMLO es una figura política que se caracteriza por decir verdades. Su única inconformidad con la USAID va más allá del financiamiento a opositores. Quedó también evidenciada su intromisión en las políticas de los Estados mexicanos, lo que está prohibido por el artículo 117 de la Constitución Nacional y sin conocimiento del gobierno federal.
En octubre del pasado año, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibió al embajador Ken Salazar, quien estuvo acompañado de personal de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la USAID.
Ante la incomodidad de AMLO, Monreal negó la suscripción de cualquier acuerdo con las agencias norteñas.
Sin embargo, la supuesta agencia para el desarrollo opera en 12 Estados mexicanos con programas como Projusticia, que brinda asistencia técnica en esa materia; Surges, para el fomento de empleo y sustentabilidad en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.
También participa en “Sembrando Oportunidades” un marco de cooperación bilateral anunciado en 2021 para enfrentar la emigración irregular procedente de Centroamérica, mediante presuntas iniciativas agrícolas y empleo juvenil.
En junio del pasado año, el documento “Estrategia de cooperación para el desarrollo del país”, publicado por la USAID, establece que se continuará afianzando la relación estratégica con México, un plan al que hasta ahora, el gobierno federal no ha puesto objeciones.
RECHAZO A LA USAID
Durante la década de los 2000, cuando operaban en América Latina varios gobiernos de izquierda o progresistas, hubo un rechazo colectivo a la manera en que operaba la USAID en esos países de manera encubierta, dirigida a socavar la legitimidad de mandatarios electos en las urnas de manera democrática.
En 2008, las relaciones entre Washington y Bolivia, presidida entonces por el líder indígena Evo Morales, eran muy tensas, ya que fue descubierto un complot en el que el embajador de EE.UU., Philip Goldberg, estuvo comprometido en un plan injerencista antigubernamental.
Meses después, Morales expulsó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), una agencia con la que también ha tenido desencuentros López Obrador por su intromisión en planes oficiales contra el narcotráfico.
En mayo de 2013, Morales anunció el fin de la presencia de la USAID en Bolivia, la que, según denunció, operaba con fines políticos, absorta en una “mentalidad de sometimiento y dominación”.
También fue tensa la relación entre la USAID y el Gobierno del presidente de izquierda Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, quien ocupó por voluntad popular el Palacio de Carondelet entre 2007 y 2017.
Correa acusó a esa corporación de financiar a grupos que consideraba opositores al proceso revolucionario. Ecuador no renovó el convenio de cooperación con la USAID, que abandonó el país sudamericano en diciembre de 2013.
En Perú, la USAID fue repudiada por partidos opositores al entonces dictador Alberto Fujimori, quien realizó un programa de esterilización forzada de miles de miembros de comunidades indígenas. Según el Ministerio de Salud del Perú, en ese período se infertilizaron 331 600 mujeres y 25 590 hombres. La USAID pagó el proyecto, aunque sus directivos negaron conocer el uso del dinero entregado a Fujimori.
Los tentáculos de la USAID son largos y peligrosos. Ojalá en algún momento pudieran ser cortados en estas tierras del Sur, por AMLO o por otros.
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