¿Sabrá Pedro Castillo en qué se mete con la OEA? (+Audio)

Resulta paradójico que el presidente peruano Pedro Castillo llame a la criticada Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar lo que calificó de “golpe de estado de nueva modalidad”, cuando esa entidad propició la caída del boliviano Evo Morales, trató de intervenir en Venezuela y en Cuba, y sigue la política exterior de Estados Unidos (EE.UU.) en Latinoamérica y el Caribe.

Difícil entender que el antiguo profesor de primaria de Cajamarca, que es hostigado desde su primer día en el Palacio Nacional por una derecha corrupta y violenta, busque refugio en una institución que en su historia siempre estuvo al lado de las clases poderosas, lo que no ha cambiado. Cabe preguntarse: ¿estará consciente Castillo, un sindicalista sin gran experiencia política, de las complicaciones que puede traerle esa entidad con sede en Nueva York al futuro de su país? ¿Cree, ciertamente, que la OEA se buscará problemas con la poderosa oligarquía peruana para proteger su gobierno?

El presidente, que llegó a la primera magistratura de manos del partido progresista Nuevo Perú, al que renunció por discrepancias con su líder Vladimir Cerrón, acusado de corrupto, conoce que en la región funciona la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) bajo la presidencia temporal de Argentina, un espacio político de unidad e integración para la defensa de la paz y la democracia en el área. Pero decidió inclinarse hacia la OEA.

La situación política en Perú es crítica desde el mismo día en que el mandatario de origen humilde aceptó la banda presidencial. De inmediato, el Congreso Nacional quiso hacer valer su tradicional poderío, le puso la bota encima y ni siquiera le ha permitido hacer su gobierno.

Resulta ya una funesta tradición que en la bella nación andina el órgano legislativo dicte las órdenes del Ejecutivo, aunque los jefes de Estado le presenten pelea, como hizo Martín Vizcarra. En cinco años, el Congreso cambió a igual número de presidentes en distintas circunstancias pero con un solo motivo: no le convenían a los intereses del gran capital peruano.

A Castillo y sus familiares le imposibilitan la existencia. Este político, aunque con evidentes limitaciones, –según indican algunas de sus instrucciones y sus  encontronazos con los legisladores comandados por la ultraderechista y su rival en las urnas, Keiko Fujimori- tampoco cuenta con asesores calificados que le indiquen la dirección correcta para encaminar sus planes y siga en la preferencia de sus votantes. Su Ejecutivo ha sido cambiado en cuatro oportunidades por acusaciones de todo tipo contra sus miembros.

El mandatario ha estado en la cuerda floja de una sustitución (vacancia) solicitada pero no cumplida en dos oportunidades por falta de votos necesarios (87 de 150). Ahora está acusado de dirigir una red criminal, con grandes ramificaciones, en la que participan su esposa, su cuñada y otros familiares.

La población no cree en el Congreso, al que desaprueba en más de un 80 %. Es difícil creer que Castillo siempre fue un mafioso, incluso cuando amanecía en una escuelita rural, o cuando aceptó la invitación de Cerrón, que vio en él la posibilidad de un cambio radical en las estructuras del poder peruano. Tampoco lo era cuando, usando un caballo como vehículo y sin dinero para adquirir un “todo terreno”, hizo una campaña casi en silencio por las lomas de Cajamarca y las zonas más pobres del Perú profundo, adonde no llegan ni la Fujimori ni la mayoría de los que ahora piden su cabeza? ¿O es solo un político sin la suficiente preparación para liderar un país complejo como Perú?

Es posible que la respuesta afirmativa de la OEA de enviar su misión para tratar de establecer un diálogo nacional sea la catapulta que precisa la derecha para deshacerse del mandatario, contra quien la Fiscalía de la nación mantiene una escalada de denuncias, apoyada por nuevos “colaboradores eficaces”, -figuras antes vinculadas al dignatario-.

La cuestionada Fiscal de la nación, Patricia Benavides, acusada de favorecer a su hermana, inmersa en un caso de narcotráfico, se unió a los sectores de derecha y de ultraderecha en el Parlamento, además de los grandes medios de comunicación, para sacar a Castillo. Dos de los tres poderes lo tienen contra la pared, mientras el Ejecutivo vive sometido a desplomes constantes.

Benavides presentó al Congreso el pasado día 12 una denuncia constitucional contra Castillo, bajo la repetida acusación de liderar una banda criminal la cual, supuestamente, estaría orientada a promover licitaciones amañadas para la realización de obras públicas que beneficiarían a amigos empresarios.

De inmediato, el mandatario buscó a la OEA, negó rotundamente las acusaciones e indicó que la Fiscalía actúa de manera política.

En su misiva a la entidad, recordó que desde que asumió en junio del pasado año tiene que enfrentar denuncias de fraude sobre la legalidad de los comicios en que fue electo., Denunció que el Congreso además de querer destituirlo, le ha impedido salir en viajes oficiales y le redujo algunas de sus atribuciones, como convocar referendos.

Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo ni abandonar su país, reiteró que está siendo víctima de "persecución política" y calificó de "nueva modalidad de golpe de Estado" la denuncia, que involucra a dos de sus exministros.

En ese contexto, la semana pasada se realizaron nuevas detenciones de personas cercarnas a Castillo, así como el allanamiento de las viviendas de congresistas que, al no votar en su momento por la vacancia presidencial, se habrían beneficiado con supuestos favores políticos.

Al margen de la culpabilidad o no de Castillo, diversas voces, entre ellos destacados juristas, cuestionan la legalidad del proceso que sigue ahora y por el cual el Congreso pueda separarlo del cargo.

El politólogo peruano Omar Awapara califica la situación que vive su país como delicada e inédita. "Es inédito que un presidente en función tenga seis investigaciones abiertas y también que se haya presentado una denuncia constitucional en su contra. Todo lo que estamos viviendo es relativamente inédito. Especialmente, en lo que se refiere a la judicialización de la política y la participación más activa de órganos judiciales en un conflicto de este tipo".

¿TENDRÁ LA OEA UNA SOLUCIÓN?

Quizás el presidente campesino no comprenda las implicaciones políticas del pedido formal hecho el miércoles pasado a la intervencionista OEA, considerada una institución al servicio de los intereses estadounidenses, a fin de que genere un diálogo con sus detractores.

Quienes conocen a la OEA piensan lo peor, porque hasta ahora, que se conozca, las misiones desempeñadas por esa institución, también bautizada por el excanciller cubano Raúl Roa García, como ministerio de las colonias de EE.UU., siempre avaló y promovió la política de expolio hacia América Latina.

La OEA, que apoya a los gobiernos derechistas del subcontinente al igual que Washington, su mayor financista, sin embargo nunca excluyó –como hizo con Cuba en 1962 por razones ideológicas- ni sancionó a ninguna de las dictaduras militares latinoamericanas, ni siquiera después de las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocada por Lima, sobre atrocidades y violaciones cometidas por esos regímenes casi a finales del pasado siglo.

La OEA hoy está presidida por el uruguayo Luis Almagro, quien mantuvo una afinidad rayana en lo servil con el gobierno ultraconservador de Donald Trump, reconoció y avaló en Venezuela el golpismo del exdiputado Juan Guaidó, y declaró que en 2020 en Bolivia hubo un fraude electoral por parte de Evo Morales, seguido de un golpe de Estado militar que situó en su lugar a la conservadora exsenadora Jeanine Añez.

Sin embargo, es a esa institución pro-imperialista –con ideas contrarias a las que Castillo decía tener- que acude el mandatario peruano –apelando a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática- para que, dijo, lo ayude a fomentar negociaciones con los furibundos grupos derechistas.

Analistas consideran que tal actitud no es casual, pues el mandatario, recuerdan, no apela a la movilización social para enfrentar a sus enemigos, y bajo la prédica de una política que llamó conciliación de clases, optó por correrse sistemáticamente a la derecha abandonando sus promesas de campaña y asumiendo una gestión continuista en toda la línea.

El proceder de Castillo, que solo tiene de popularidad un 22.2 % este mes, trajo el debilitamiento a su gestión, mientras los conservadores se fortalecían.

La guerra continúa aun cuando el Castillo de ahora se distanció hasta en el vestir del modesto profesor tocado con sombrero típico del campesinado que asumió el poder. El asunto es que la derecha quiere poner en su lugar a uno de su clase, de la élite empresarial, que defienda abiertamente a la burguesía asentada en Lima y ni siquiera discuta si quieren deshacerse de él.

Los expertos de la OEA llegan a Lima esta semana. Además de reunirse con Castillo lo harán con los otros dos poderes, y por las últimas declaraciones de algunos políticos, el desenlace quizás no sea el esperado por Castillo.

El presidente del Congreso, José Williams, a la cabeza, y otros legisladores manifestaron su desacuerdo con la petición a la OEA.

Williams señaló que a pesar de las gestiones de esa organización, el propósito de destituir a Castillo sigue en pie, al margen de lo que decida la institución.

“De ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano”, estimó y mencionó, entre otros, al Ministerio Público y al Parlamento.

Los voceros de Cambio Democrático y Perú Libre, contraparte de la derecha en el Congreso, y escuderos de Castillo, ya anunciaron una moción de censura contra Williams. La crisis interna promete, con o sin OEA de por medio.