El maquiavélico censo de Camacho en Bolivia (+Audio)

El presidente Luis Arce presentó una nueva propuesta sobre la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda previsto para 2024, el cual es utilizado como arma de presión de las derechistas autoridades del departamento de Santa Cruz de la Sierra, que pretenden repetir un golpe de Estado similar al de 2019 y, mediante un paro indefinido en curso, derrocar al gobierno izquierdista y reinstaurar un régimen neoliberal.

La paralización de la región separatista de Santa Cruz, la más rica del país, trata de igualarse a la que realizó allí la rancia derecha en 2019, con la unión de las clases medias bolivianas, que propiciaron un levantamiento opositor y el derrocamiento del presidente Evo Morales, reelecto en los comicios celebrados en noviembre de ese año.

Sin embargo, las condiciones son diferentes ahora, aunque el cabecilla del movimiento es el mismo: el ahora gobernador santacruceño Luis Fernando Camacho, entonces jefe del Comité Cívico de ese departamento, enemigo acérrimo de Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS). Hoy, como entonces, ese fiel seguidor de las órdenes de Estados Unidos (EE.UU), trata de quebrar el sistema revolucionario. Este millonario empresario formó parte de la organización del golpe cívico-militar que impuso como presidenta de facto a la exsenadora Jeanine Áñez, ahora detenida por sus crímenes de Estado.

A Camacho le interesa muchísimo que el Censo se realice en 2023, tal como se preveía por el gobierno central hasta que, por razones logísticas y para garantizar su calidad, prefirió trasladarlo para el siguiente año, lo cual fue consensuado con autoridades de los departamentos, alcaldes y autoridades judiciales, pero Santa Cruz no participó ni en el debate ni en el acuerdo. Luego, cuando rompió hostilidades, fue invitado a un diálogo y se levantó de la mesa con una clara respuesta: paralizo a Santa Cruz y te derroco.

¿Qué le pasa a los políticos santacruceños?. Hay tela por donde cortar. En Bolivia, los impuestos se centralizan y luego se distribuyen según la población de cada departamento o región. De ahí la importancia de la encuesta nacional.

El presidente izquierdista Luis Arce convocó a un foro nacional el próximo viernes 28 con todos los sectores de Bolivia para definir la fecha del Censo Nacional de Población y Viviendas, impugnado por la derechista gobernación de Santa Cruz. (Tomada de Trabajadores)

El último censo nacional fue realizado en 2012, por lo que –al tener un intermedio de una década- el siguiente debía ser este año. El gobierno de Arce consideró los perjuicios causados por la pandemia por la COVID-19, la logística necesaria y lo aplazó hasta 2024, en una decisión consensuada.

Camacho no solo siente que la postergación del censo –bien argumentada y consciente- lo perjudica por varias razones, entre ellas las económicas.

La distribución de puestos en la Cámara de diputados también depende de esta medición. Si el censo fuera en 2023, los resultados podrían aplicarse en las elecciones de 2025. Se calcula que le darían a Santa Cruz tres diputados más. Además, el censo es necesario para rediseñar las circunscripciones electorales, algo deseado por los cruceños, ya que el MAS tiene más fuerza que ningún otro partido en las áreas rurales. Si fuera en 2024, las elecciones deberían efectuarse con los datos poblacionales de 2012.

Mediciones preliminares indican que la población santacruceña, en torno a los 3 000 000 de habitantes, es la que más crece en Bolivia, ya que ese territorio, llamado la capital del oriente, recibe un constante flujo de inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida, gracias a su dinamismo económico.

En esa región se asienta la agroindustria exportadora nacional y un alto número de grandes empresas privadas. Su conexión aérea y terrestre con el exterior es la mejor del país.

El oficialismo, según Camacho, relativiza los prejuicios de esta situación para los cruceños. La cantidad de recursos adicionales será modesta y no cambiará la situación de las arcas autonómicas. Los tres nuevos diputados cruceños poco podrán hacer en una Asamblea Legislativa controlada por el MAS desde 2006. Además, como segunda fuerza política del oriente boliviano, al menos uno de de esos diputados será suyo.

Para la gran mayoría seguidora del partido fundado por Morales, el Comité Cívico de Santa Cruz usa el censo como un pretexto para movilizar a las bases opositoras tras sentimientos regionalistas. El presidente Arce, en el discurso por el segundo aniversario de su llegada al poder, calificó esta movilización como una “aventura golpista”.

GOLPE A LA ECONOMÍA NACIONAL

La paralización de Santa Cruz es un golpe a la economía nacional, y sus decisiones pueden atraen a algunos sectores con diferencias con el gobierno de La Paz, como el de Cooperativistas mineros auríferos, que el pasado martes instalaron puntos de bloqueo en el centro de esa urbe, con grandes congestionamientos vehiculares en la sede gubernamental y legislativa de Bolivia.

El ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, aseguró que el paro cívico indefinido constituye un atentado al proceso de reconstrucción económica, pues generará pérdidas por 40 000 000 de dólares por día.

La plataforma Escuela Socialista Comunitaria denunció en las redes sociales que esos obreros forman parte de la conspiración encabezada por Camacho, y que su misión es abrir un segundo frente desestabilizador.

Como si integraran un plan mayor, y por razones diferentes, miembros de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y a la de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) abandonaron el diálogo que sostenían con los ministros del sector, Ramiro Villavicencio y Montenegro, sobre la alícuota tributaria destinada a los planes sociales gubernamentales.

Las autoridades propusieron un gravamen a la exportación de oro del 5 %, pero los auríferos lo rechazaron y quieren pagar solo 4,5 puntos porcentuales. Los titulares confirmaron su disposición a continuar el diálogo para quebrar lo que puede convertirse en otro conato contra el sistema político boliviano.

Camacho, aunque en solitario pues el paro no fue acogido por otros territorios, está dispuesto a continuar su lucha contra el sistema socialista que implantó el expresidente Morales. Reiteró a la prensa esta semana que no iniciarán una ronda de diálogos en mesas técnicas si no derogan el decreto del censo y se establece una fecha para el próximo año.

ARCE MOVILIZA AL PUEBLO

El presidente Arce convocó al ¨Encuentro Plurinacional por un censo con consenso¨, el próximo viernes 28. Gobernadores, alcaldes, Autoridades de autonomías indígenas originarias campesinas, Región Autónoma del Chaco, y Rectores del sistema público se darán cita en Cochabamba como reafirmación de la vocación democrática de búsqueda de soluciones.

En su cuenta en Facebook, el jefe de Estado destacó que ese foro recoge la propuesta de las organizaciones sindicales, sociales, sectores económicos y productivos, naciones indígenas originarias, profesionales, universitarios y personas con discapacidad, reunidas en Santa Cruz, y opuestas a los planes del gobernador y sus comités cívicos.

El nuevo movimiento del gobierno ocurre mientras se reportaban choques entre  los santacruceños que apoyan el censo en 2024 y los seguidores de Camacho, durante el cuarto día de paro.

Una gran parte de la población oriental y grupos políticos afines al sistema socialista exigen el reinicio de las operaciones normales en el departamento, pues los trabajadores son perjudicados en su economía personal y familiar, además de los perjuicios a todo el país.

Este martes, en medio de una creciente tensión en Santa Cruz, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el objetivo de un eventual cambio de fecha es ¨garantizar un censo de calidad y la rigurosidad técnica¨.

La decisión fue tomada horas después del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la oposición del separatista territorio, que nunca aceptó a un indígena en la silla presidencial.

En declaraciones a radio Panamericana, Alcón indicó que serán las mesas técnicas en las que trabajen universidades e invitados foráneos las que definirán la mejor fecha de la encuesta nacional.

Esa instancia recogerá los resultados del foro de todos los sectores del Estado plurinacional al que convocó Arce ante la cerrazón de los líderes derechistas de Santa Cruz. Lo que allí se decida deberá ser aceptado por Camacho, pues como sus decisiones afectan a una sola región, corre el riesgo de quedar aislado en sus ideas.

En lo que analistas consideran una réplica del golpe fascista contra Morales, el Comité Cívico cruceño –que reúne a las organizaciones locales- preparó condiciones para que el paro indefinido coincidiera con el mismo día del ocurrido en 2019, que fortaleció el golpe de Estado contra Morales, obligado a salir del país bajo amenazas de muerte.

Antes de iniciarse la huelga, los cívicos le dieron al gobierno de Arce 21 días para que determinara la fecha del censo, el mismo tiempo que duró la movilización callejera de la derecha, con saldo de muertos y heridos, contra el presidente Morales, reelecto de manera democrática. No es coincidencia, sino querer repetir el caos que sumió al país durante un año en una dictadura clasista.

Ahora el momento es diferente. Arce, electo en las urnas en 2020, está consolidado en el Palacio Quemado. El ataque brutal e inesperado por la derecha a Morales no volverá a repetirse, pues resultó una sorpresa que la Organización de Estados Americanos (OEA) invitada como observadora a las elecciones dictaminara que hubo un resultado electoral fraudulento.

En esta ocasión, ya Federaciones campesinas, centrales obreras, Confederaciones de mujeres y otras organizaciones afines al gobierno están preparadas incluso para cercar a Santa Cruz, o sea, devolverle la moneda a Camacho con un bloqueo de entrada y salida del campo a la ciudad que puede ser tanto de personas como de alimentos que se producen en el área rural.