Destinos turbios en Perú (+ Audio)

Pocos creyeron en Perú en la resistencia política del presidente Pedro Castillo cuando asumió la presidencia en 2021. El mandatario, sin gran experiencia en las lides políticas, estaba destinado a moverse, como sus antecesores, en la cuerda floja montada por el Congreso Nacional. Así ocurrió. Desde entonces dedica gran parte de sus energías a evitar su destitución. Quien más pierde en esta situación es el pueblo humilde, que ve pasar el tiempo con un gobierno apagado y en cambio constante.

Las actuales circunstancias son habituales en el país andino, pero quizás ingenuamente, el mandatario solicitó la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para, dijo, conciliar las disparidades con el Legislativo, obviando el papel de gendarme de esa organización con gobiernos progresistas de la región, donde fomentó incluso golpes de Estado.

Las disputas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo son constantes desde 2016 y cinco años después llegaron a la cúspide con Castillo, un sindicalista desconocido en los medios decisores políticos peruanos, dominados por una fuerte oligarquía asentada en Lima, la capital.

Presionado por la oposición, dirigida por la derechista Keiko Fujimori, el mandatario es victimizado por el unicameral Congreso Nacional, que destituyó cinco presidentes en las últimas décadas. Ahora, esa maquinaria en manos de la derecha no acepta que un maestro pobre, llegado a la Casa de Gobierno por el partido Perú Libre –del cual salió por discrepancias en métodos- ocupe la primera magistratura y haya previstos programas económicos y sociales que amenacen sus privilegios.

Al mandatario, oriundo de la empobrecida región de Cajamarca, donde laboró como maestro de nivel primario hasta ganar las elecciones del pasado año, el Legislativo lo mantiene atascado, sin autorización para desarrollar sus proyectos, en especial los que beneficien a las clases pobres del país, además de que lucha a brazo partido, apoyado en algunos políticos, para evitar ser destituido, y lo logró al menos en dos ocasiones  en menos de un año.

• Consulte además: ¿Sabrá Pedro Castillo en qué se mete con la OEA? (+Audio)

Perú cuenta con una población de 33 millones 35 304 personas, un 25 % de ellas viviendo en miseria, mientras el empleo informal alcanza a un 78 % -según datos de finales del 2021- . Por su historia de corrupción política y administrativa ese país precisa de cambios urgentes en sus estructuras sociales de base –prometidas por Castillo en su campaña mediante una nueva Carta Magna, al que los tradicionalistas políticos catalogan, sin conocerla, de subversiva y comunista.

Desde que asumió, el gobierno debió cambiar cinco veces su gabinete en pleno, algo insólito hasta ahora en América Latina y el Caribe.

Al presidente le negaron un voto de confianza para demostrar siquiera hasta dónde llega su capacidad para dirigir el país. Por el contrario, la disputa fomentada por los congresistas echa por tierra cualquier solución conciliatoria.

Uno de los últimos episodios del desentendimiento actual ocurrió hace pocos días, cuando el Legislativo negó a Castillo su salida para viajar a México, donde asistiría a una cumbre de la Alianza del Pacífico, y recibiría la presidencia temporal de ese grupo.

Era esa la tercera ocasión en que los legisladores negaban la autorización de salidas al exterior del jefe del gobierno. Antes lo vetaron para asistir a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia, así como una gira europea para visitar al Papa Francisco, Italia y Bélgica.

Sin embargo, le dio carta libre para trasladarse a Chile –donde estuvo esta semana- para entrevistarse con las autoridades vecinas y suscribir una serie de acuerdos con su homólogo Gabriel Boric.

Este martes, los dos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda, tras concluir el IV Gabinete Binacional, la instancia político-diplomática de más alto nivel, y presentaron los compromisos adquiridos en varios ejes temáticos, entre ellos seguridad y defensa, asuntos sociales y cultura, comercio exterior, inversiones, turismo, ciencia, tecnología, medioambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros y desarrollo e integración fronteriza.

Chile y Perú comparten una frontera de 160 kilómetros, y entre los acuerdos adoptados figuran la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes.

ARGUMENTACIONES INEXPLICABLES

Varios analistas de Lima consideraron inexplicables las contradictorias decisiones e inconsistente argumentación de una de las voceras de las bancadas de extrema derecha, Patricia Juárez, quien destacó la importancia de la cumbre bilateral sobre integración y cooperación fronteriza, como si la cita en México no lo fuera también.

El mundo político peruano vibró esta semana cuando reconsideró la negativa de la visita a México, impugnada por un solo voto de diferencia en contra.

El congresista Alejandro Cavero dio una pista. Molesto, declaró que no permitirían que Castillo se reuniera con tres presidentes izquierdistas, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, Petro y Boric, con quien, sin embargo, se encontró ahora en Santiago de Chile.

Incluso López Obrador se había dirigido al Parlamento peruano para que otorgara el permiso a Castillo, cuya presencia era imprescindible, puesto que recibiría la presidencia temporal de la Alianza. La cumbre fue suspendida por decisión del país anfitrión y se efectuará en Perú en fecha próxima.

Algunos medios de prensa alternativos indican que el presidente-maestro está secuestrado, y señalan que con la oleada de gobiernos progresistas existentes en América Latina y el Caribe, el Congreso lo confinará en Lima.

Con su actitud, el Parlamento ha conseguido obstruir al Ejecutivo y, a la vez, concretar una contrarreforma en temáticas sociales.

La oposición parlamentaria tiene en sus filas a militares retirados, como el actual presidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata, un general del Ejército que comandó patrullas antisubversivas entre1980 y 2000 y a Martha Moyano, antigua colaboradora de la lideresa opositora, hija del dictador encarcelado Alberto Fujimori.  

La inestabilidad política del eje gobierno-congreso causa la ineficiencia del Estado, que debería resolver problemas urgentes, como el aumento del número de muertes a manos de sicarios, las extorsiones por parte de bandas armadas, como la llamada Tren de Aragua y el incremento de desapariciones de mujeres. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de este año hubo 7 762 denuncias de esos casos.

El periódico La República reportó que, en lo que va de año, 199 personas resultaron asesinadas en Lima.

Es evidente que ni Castillo ni el Congreso tienen claro su destino. Según una reciente encuesta de la consultora Datum, 26 % de la población respalda la gestión del presidente, 60% cree que deberían vacarlo o suspenderlo y 37% prefiere que termine su periodo en 2026. Acerca del Legislativo, una medición del Instituto de Estudios Peruanos del pasado octubre reporta que 81 % de los consultados lo desaprueba y 56% considera la convocatoria a elecciones generales lo más conveniente para el país.

EL PUEBLO PROTESTA EN LAS CALLES

El antagonismo entre los poderes del Estado peruano devolvió las protestas públicas a las calles peruanas. Este pleito, que parece acompañará el periodo presidencial de Castillo, si lo concluye, tiene como consecuencia negativa la desatención a las pésimas condiciones de vida de buena parte de la población.

En las últimas semanas, damnificados por un grave derrame de petróleo realizaron nuevas manifestaciones frente a las oficinas de la firma Repsol, del presidente del Consejo de Ministros, y de la sede del Parlamento.

Cientos de mujeres que preparan las llamadas ollas comunes que alimentan a los más pobres, marcharon al  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para exigir presupuesto para 2023.

A estas circunstancias se suma la contrarreforma conservadora en educación y derechos sociales que impuso a Castillo la oposición parlamentaria, asesorada por los más experimentados excongresistas del fujimorismo.

La nueva primera ministra, Betssy Chávez, quien sustituyó hace pocos días al experimentado Aníbal Torres, compareció el pasado lunes ante el Parlamento opositor acompañada por todos sus ministros, con la advertencia de que ese órgano está “a un paso de su posible disolución”.

Chávez asistió al debate sobre el presupuesto nacional de 2023, que ella calificó como “el más importante”.

En una entrevista antes de entrar al recinto, la Premier recordó que los legisladores rechazaron de plano una cuestión de confianza solicitada por el Consejo de Ministros, la cual, según la Constitución, puede ser presentada discrecionalmente.

Confirmó así que, en efecto los legisladores usaron la primera negación de confianza. De hacerlo otra vez, según la Carta Magna, el presidente quedará habilitado para disolver al Congreso, pero aclaró que su objetivo no es adoptar esa extrema medida sino propiciar el diálogo y restablecer el equilibrio de poderes. La oposición, se conoce, ha hecho diversas modificaciones legales en desmedro de las facultades del Ejecutivo.

Hace pocas horas, la congresista opositora Patricia Chirinos, de Avanza Perú, de extrema derecha, presentó una denuncia por infracción constitucional contra Castillo, el ex premier Aníbal Torres, y la mayoría de los miembros del gabinete. La solicitud plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de cargos públicos a los imputados en su moción.

Chirinos, siempre con actitudes radicales contra el Gobierno, lanzó la iniciativa en medio de la crispación de la oposición, que teme que el mandatario pida una nueva moción de confianza, le sea negada y disuelva el Congreso.

El rollo sigue. La película mal argumentada y peor dirigida por los fujimoristas, parece no tener fin. Castillo sigue en la batalla a pesar de graves acusaciones en su contra y de su familia por corrupción. No pueden sacarlo, pero él sí, de ser necesario, le puede cerrar las puertas a sus enemigos.