Derecha ecuatoriana buscar allanar el camino para derrocar a Correa

La situación del gobierno de Ecuador presidido por el economista Rafael Correa atraviesa momentos difíciles ante los continuos ataques de la derecha local, que busca el desgaste de la Revolución Ciudadana desde  distintos flancos, entre ellos la convocatoria a un paro nacional el próximo 16 de agosto.

Tres son las cabezas visibles de la reacción ecuatoriana –quienes tampoco se esconden para autoproclamarse como tales-:  los alcaldes de Quito, Mauricio Rodas, de Guayaquil, Jaime Nebot, y deAzuay, Paúl Carrasco y el expresidenciable y banquero Guillermo Lasso, movilizadores de las protestas callejeras que dejaron como mínimo seis policías heridos.

Estos son los líderes de las acciones de violencia que desde junio pasado mantienen un estado de tensión en el país meridiano del mundo, solo detenidas durante la visita del Papa Francisco entre los días 5 y ocho de este mes.

No pararon sus protestas porque estén convencidos de que fracasarán en su intentona, sino porque el Ejecutivo tomó medidas administrativas para evitar la violencia durante la presencia del Sumo Pontífice, quien en su encíclica llamó al diálogo y la reconciliación nacional, en un mensaje donde no faltó la crítica a los ricos y su alejamiento de los pobres.

En ese contexto, el Mandatario decidió detener temporalmente la discusión de las leyes en el Congreso para contener la contrarrevolución, una medida que no gozó de las simpatías de una parte de los sectores revolucionarios locales.

Analistas estiman que el gobierno no debió retardar la discusión legislativa, ya que teniendo en cuenta la exigua cantidad de afectados podría haberlas decretado y dar muestras de una fortaleza interna que, para algunos, ahora está en entredicho.

CORREA SIEMPRE EN LA MIRA

No es la primera vez que Correa es blanco de ataques frontales de la reacción ecuatoriana, amparada por Estados Unidos.

“Los planes en mi contra se organizan en el exterior”, aseguró el presidente en alusión a las experiencias de ese carácter ya vividas en el Ecuador  en el 2012 cuando fue raptado por policías confabulados con políticos derechistas, como el exmandatario Lucio Gutiérrez, en un golpe de estado desbaratado por fuerzas leales del Ejército.

En estos momentos, con el mismo fin y distintas expresiones, la derecha regional mantiene su confabulación con Washington, que no oculta su deseo de recuperar la hegemonía perdida en la región latinoamericana. Continuos ataques ocurren contra los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina, mediante los erróneamente  llamados golpes blandos, que incluyen el desprestigio de los líderes revolucionarios, asesinatos, y guerras vinculadas a la economía, entre otros planes en desarrollo.

El gobierno ecuatoriano tiene razones para sospechar de la presunta injerencia de Estados Unidos en el movimiento desestabilizador en marcha.

En 2012, el exembajador británico Craig Murray confirmó que la Casa Blanca había entregado a los opositores ecuatorianos  87 millones de dólares para influir en el voto de los comicios presidenciales del 2013 para evitar que Correa fuera reelecto.

Con ese antecedente pocos dudan de que detrás de los grupos opositores  esté el dinero y la dirección de agencias norteamericanas, como la de Inteligencia, para intentar el fracaso de la Revolución Ciudadana. Estados Unidos no olvida que fue Correa quien mandó sacar su enclave militar en el territorio de Manta, ni que en diferentes foros se haya declarado contra el sistema antiimperialista.

Ahora, el pretexto para el nuevo intento golpista fue el envío en junio último de dos leyes por el Ejecutivo al Congreso Nacional, la llamada Ley de Herencias, que afecta a solo un dos por ciento de las familias millonarias de Ecuador, y la ley de la plusvalía, dirigida a cortar las ganancias extraordinarias del sector inmobiliario.

Mediante el engaño de los medios de comunicación privados al servicio de la reacción, una parte mínima de los ecuatorianos se sintieron confusos, pues en realidad el gobierno no explicó con suficiente amplitud el alcance de la legislación y quiénes son los perjudicados. Incluso fuentes oficiales aclararon  después que el dinero obtenido por el alza de gravámenes para esos grupos sería utilizado en los programas sociales de la Revolución Ciudadana.

Analistas estiman que el gobierno no debió retardar temporalmente la discusión de las leyes en el Congreso sino, teniendo en cuenta la exigua cantidad de afectados, haberlas aprobado y dar muestras de una fortaleza interna que, para algunos, ahora está en entredicho.

EL PRESIDENTE SE LA JUEGA

Los sectores derechistas –e incluso algunos ultraizquierdistas, según el presidente- solo abandonaron las calles y sus ataques, incluido un atentado con bombas contra el edificio del partido oficialista Alianza País en Guayaquil, durante la estancia del Sumo Pontífice en el país y luego continuaron la arremetida antigubernamental.

Queda claro que el motivo de las movilizaciones callejeras –que según fuentes del gobierno son pagados por la reacción a 30 dólares por manifestante-no son las leyes sino el derrocamiento de Correa y su posible presentación –si se aprueba por el Congreso la reelección indefinida- en las presidenciales del 2017, que, según analistas, serían ganadas nuevamente por el líder de Alianza País.

En una osada jugada política, Correa invitó a la población ecuatoriana adulta en su totalidad a un diálogo nacional para que se pronuncie por qué tipo de sociedad quiere para el país y, con ello, -según previsiones- darle una estocada mortal a los planes reaccionarios.

 Al hacer el llamamiento, el Presidente denunció que la ultraderecha mantiene un ataque permanente contra los logros de la Revolución Ciudadana.

“Enfrentamos, dijo, el chantaje de quienes quieren quitarnos la capacidad de gobernar, y respondemos con positivismo; no tenemos una oposición democrática sino un boicot”, aseguró el mandatario ante los periodistas en la provincia amazónica de Napo.

“A los violentos, precisó, tendremos que enfrentarlos democráticamente; hace un año advertí que existía la clara evidencia de la restauración conservadora y así ha sido”,

Este lunes, el Mandatario sostuvo una reunión con representantes del Frente Unidos, en el que están integradas organizaciones políticas que respaldan la propuesta gubernamental para sostener un Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social.

“Lo que no lograron en las urnas democráticamente lo quieren lograr a la fuerza con paros en complicidad con la derecha y en complicidad con la prensa de siempre”, cuestionó Correa.

Óscar Bonilla, representante del Movimiento País, afirmó que “el diálogo es abierto, no plantea condiciones que no sean el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio más claro de esta, frente a cualquier intento que desborde el cauce democrático e imponer una posición que atente contra el sistema y contra el proceso de cambio estructural que venimos impulsando”.

Pau Almeida, del Partido Comunista Ecuatoriano, también coincidió en el apoyo político al jefe de Estado. “Esta reunión fue para hacer un análisis político de la situación que está viviendo el país y expresarle al presidente nuestro respaldo”

CANCILLER PATIÑO IMPULSARÁ EL DIÁLOGO NACIONAL

El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunció este martes que dedicará dos meses de sus vacaciones acumuladas para darle un impulso extra al diálogo nacional, luego de aceptar la propuesta del presidente.

Este miércoles iniciaré mi labor, sin renunciar a la cancillería, para estimular el diálogo con los sectores sociales, populares, sindicatos, jóvenes, indígenas, y con las bases del movimiento Alianza País, dijo Patiño al espacio Pieza Clave del canal Ecuador TV.

Esos dos meses, Xavier Lasso (representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas) estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Patiño también confirmó a Pieza Clave que el llamado derechista a un paro nacional por tiempo indefinido el próximo mes demuestra la intención de quebrar al gobierno de Alianza País.

Mientras la contrarrevolución, expresó, planea extender el proceso desestabilizador, se impone un entendimiento por la equidad y la justicia, y recordó que el interés de la Revolución Ciudadana es convertir la economía en espacios de desarrollo y solidaridad, con altos niveles de educación para superar la pobreza intergeneracional.