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domingo, 17 de noviembre de 2024

Derecha brasileña busca destruir al PT y sus dirigentes

La derecha brasileña, pretende destruir al Partido de los Trabajadores (PT), desprestigiando a sus dirigentes para derrocar a Dilma Rousseff y evitar la postulación, en 2018, del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 04/11/2015
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La derecha brasileña, oligárquica y poderosa, controladora de grandes empresas de comunicación social, conocida por su corrupción, está afanada en destruir a los gobiernos progresistas del Partido de los Trabajadores (PT) –ahora encabezado por la presidenta Dilma Rousseff-, mediante campañas de desprestigio personal que se extendieron hasta el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva y sus familiares.

Aunque por estrecho margen, Rousseff ganó un segundo mandato –antecedido por ocho años de Lula da Silva, fundador del PT-, a la derecha personalizada por Aécio Neves, del  Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien en estos momentos solicita licencia para “aconsejar al gobierno actual sobre cómo salir de su embrollo”, que por cierto con mucha maña, su agrupación fomenta.

Desde que ganó las elecciones y reasumió el pasado 1 de enero, -y aunque las campañas en su contra han sido permanentes- hay un fervor de la derecha por aniquilar a la exguerrillera contra la dictadura militar (1965-1985), quien tiene en su entorno a un Brasil muy diferente al de cuando entró por primera vez al Palacio del Planalto.

La crisis mundial del capitalismo del cual Brasil no escapó, unida a errores internos,  le hizo retroceder en el plano económico hasta reducir su crecimiento en un dos por ciento en el primer semestre de este año. Tal situación, posiblemente pasajera, trae como consecuencia que quienes poseen mayores recursos armen dificultades artificiales para crear el terror en determinados estratos sociales (como la creciente clase media, tan beneficiada por el PT), mientras la población más pobre se mantiene al lado de la Presidenta petista.

Mucho han lacerado la imagen del PT, creado por el obrero metalúrgico Lula da Silva en Sao Paulo el 10 de febrero de 1980, los escándalos de corrupción interna y los de la estatal Petrobrás, que involucra a altos funcionarios petistas, aunque – sin ánimo de justificación- tampoco puede decirse que otros partidos no estuviesen envueltos durante décadas en este tipo de corrupción política-estado, una práctica común en América Latina.

Pero se trata del PT, un espejo en el cual una vez se miró la izquierda de América Latina y que ahora está fragmento a lo interno –desde el ala radical hasta tintes derechistas-, y que debió aliarse a antiguos enemigos de otras ideologías para fomentar una coalición que impidiera la asunción de la derecha en enero pasado a la jefatura de la nación de más de 200 millones de habitantes.

Hay que derrocar a Rousseff, es la reclamación de los grupos opositores  y hasta de la ultraizquierda petista quienes promulgan un golpe de estado legislativo que hasta ahora no ha prosperado, pero que pende como la espada de Damocles sobre la Mandataria, a quien, por falta de pruebas, nadie puede implicar en los escándalos internos de su Partido, e incluso, de su gobierno, a pesar de las escabrosas situaciones en que este se ha visto envuelto. Su imagen personal y política queda fuera del alcance de las muchas acusaciones que le han imputado,  en especial en los últimos meses.

En este entramado político, Lula da Silva prometió que se presentaría en las elecciones del 2018 si fuera necesario, en el entendido de que solo lo haría para evitar que la derecha asuma las riendas brasileñas.

“De ahora en adelante, avisó el popular exmandatario, intensificaré mis actos políticos, porque veo a mucha gente que ya gobernó el país, que fue diputado, gobernador, y no hizo nada, y ahora da lecciones como si fuera el salvador de la patria".

Como Lula ya no es un peligro potencial, sino confirmado, los resortes comenzaron a moverse también en su contra, cuando la policía federal anunció la investigación de donaciones de la constructora Camargo-Correa por un millón de dólares al Instituto Lula, fundado por el político para estudios de América Latina.

La pasada semana, la dirección nacional del PT condenó las acciones de desestabilización contra Lula da Silva y solicitó el apoyo incondicional a  Rousseff, luego de una reunión en Brasilia, que concluyó con un documento que llama a la militancia a defender el legado y el papel histórico del exmandatario, a quien se considera abanderado de las conquistas sociales de Brasil, según el texto.

Da Silva, presente en la reunión de la máxima dirección del PT, al referirse al allanamiento de la oficina de uno de sus hijos por su supuesta implicación en un caso de corrupción, ironizó y dijo que tiene más hijos y nietos “y la persecución no va acabar en los próximos tres año”. Medios de prensa indicaron que el objetivo es arruinar cualquier perspectiva futura de Lula da Silva.

De acuerdo con Prensa Latina, Lula hacía alusión a insistentes tentativas de círculos de poder y la oposición en Brasil de implicarlo en algún acto ilícito para tratar de eliminarlo del panorama político en 2018.

En la cita, Lula da Silva destacó la necesidad del PT de defender y recuperar la confianza en la jefa de Estado y rechazar con fuerza cualquier proceso de juicio político en su contra, pues aclaró que no hay bases jurídicas para un enjuiciamiento.

CAPITULO ABIERTO Y PELIGROSO

La impugnación de Dilma, es un capitulo abierto y peligroso. La oposición brasileña ha presentado 14 solicitudes de impugnación contra la Mandataria, de las cuales la Cámara de Diputados rechazó 11 hasta ahora, ya que según el presidente de esa instancia, Eduardo Cunha, -el único con decisión al respecto- las peticiones no cumplen las exigencias técnicas necesarias para un juicio político.

Cunha, un controvertido político también acusado de corrupción, pero en este caso muy bien fundamentada, tiene en sus manos otras peticiones, algunas de personalidades influyentes, como un grupo de conocidos juristas, incluido Helio Bicudo, uno de los fundadores del  PT.

¿De qué se acusa a la Presidenta, que junto a Lula da Silva sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza, mantuvo en la escuela a millones de niños pobres pagándoles a los padres para que los menores no tuvieran que trabajar, redujo el desempleo a un 8,7 por ciento, entregó millones de viviendas, creó el programa Más Médicos, más vida –que ya atendió a más de 50 millones de personas humildes-, y elevó a la calidad de vida de los sectores más vulnerables?

En medio de una crisis también de popularidad –apoyada solo por el 10 por ciento del electorado- Dilma es indicada como responsable máxima de falsificación de las cuentas de la Unión en el 2014 para ocultar, según sus críticos, los resultados fiscales de ese año.

Los ocho miembros del  Tribunal de Cuentas de Brasil (TCB) recomendaron el pasado mes al  Congreso que rechazara las cuentas públicas del gobierno del 2014, ya que habían detectado de manera unánime “irregularidades en el manejo de los gastos, en particular con el objetivo de cumplir el déficit fiscal.”.

Según declaró un vocero del Tribunal, “hubo distorsiones en las cuentas por un monto de 27 mil millones de dólares en el manejo del presupuesto, efectuado por el  Ejecutivo para reducir el   déficit fiscal contabilizado y de esta forma cumplir con la ley”.

Según Cunha, no hay posibilidades de enjuiciar a la Mandataria pues el hecho corresponde a un período anterior de gobierno, no al actual. No obstante, sus opositores insisten en que en los primeros seis meses de este año también ocurrieron supuestas ilegalidades en las cuentas.

Por su parte, el Supremo Tribunal Federal –máximo órgano de justicia- analiza la demanda de los juristas antes vinculados al PT, quienes incluirían, a petición de esa instancia, un anexo con las supuestas irregularidades fiscales en el 2015, basados en un informe presentado por un fiscal de  la Contraloría Nacional.

Por el momento todo queda en manos de Cunha, un individuo llamado la serpiente por la facilidad con que se mueve en condiciones difíciles, como la que atraviesa ahora mismo.

La solicitud hecha al Comité de Ética del Congreso precisa que el presidente de la Cámara Baja violó el decoro parlamentario por eventuales beneficios obtenidos como parte de la red de corrupción en el seno de la PETROBRAS, un escándalo del que tanto Rousseff como Lula da Silva salieron incólumes.

CUNHA ATRAVIESA AGUAS OSCURAS

Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado del PT, pero que siempre estuvo del lado de donde sopla el viento), también atraviesa por circunstancias políticas adversas debido a las acusaciones de malversación lanzadas desde la oposición, y además, de 34 diputados del oficialismo por posesión de cuentas en Suiza a nombre de su mujer y su hija por valor de cuatro millones de dólares.

Para conocer de qué materia está conformada esta agrupación, recuérdese que el líder del PMDB y vicepresidente del gobierno federal, Michel Temer, el segundo de Dilma, viajó a Venezuela a reunirse con opositores del presidente Nicolás Maduro, por lo que fue duramente criticado por la Mandataria  y por medios políticos brasileños coincidentes con el pensamiento político del chavismo (presidente Hugo Chávez Frías).

El pasado día 29, el PMDB divulgó un documento llamado “Por un puente para el futuro”, en el que defiende caminos diferentes de los planteados por el gobierno para ejecutar los planes económicos oficiales. Pero aclaró, por boca de su jefe Temer, que no hay un rompimiento con el gobierno.

El texto precisa que se trata de una ruptura del PMDB con el actual modelo económico gubernamental, y que ese Partido posee un camino propio que seguirá de ahora en adelante, aun cuando choque con las propuestas oficiales.

Aunque Temer dijo hablar como líder del PMDB, indicó que “es posible afirmar que el Gobierno Federal cometió excesos, bien creando nuevos programas o ampliando los antiguos, asumiendo incluso inversiones por encima de la capacidad fiscal del Estado”.

Para expertos, este cambio de piel del PMDB podría ser la antesala de una retirada de la coalición gubernamental, la cual sería discutida en una reunión nacional en marzo próximo.

CUNHA, EL HOMBRE CLAVE

Eduardo Cunha no es un individuo que cae bien en medios políticos brasileños. Evangélico, con varios blogs dedicados a Jesús, con 54 diputados de esa religión en el Congreso Nacional, tiene en sus manos el futuro de la Presidenta, quien públicamente le ha criticado por sus posiciones ultraconservadoras, antiabortistas, homofóbicas, promotor de una ley sobre el Día del orgullo heterosexual, y calificado por políticos como un nuevo Maquiavelo.

Cunha es el hombre clave en esta crisis que podría terminar en un golpe de estado parlamentario, al estilo de lo que ocurrió con el presidente Fernando Lugo en Paraguay.

El PT aún tiene la mayoría de escaños en la Cámara, con 70 diputados, pese a haber perdido 18 asientos en los últimos comicios, por lo que quizás la tarea se le haga difícil.

El PMDB también se redujo, de 71 a 66 miembros, aunque sigue siendo el segundo más representado. En la oposición, el PSDB creció de 44 a 54 diputados. Entre los 513 miembros electos, 198 ejercerán mandato por primera vez.

Si el jefe de la Cámara Baja permite el juicio político contra la Presidenta se queda solo con las acusaciones en su contra, pues perdería su fuerza para negociar su propia salvación –si es que al gobierno le interesase- , y si no lo hace, entonces tendría que aliarse con la oposición, que no parece dispuesta a tenderle la mano.

Según analistas, que lo califican de “turbia calaña”, este individuo lo que hace es un doble juego silencioso. Aparenta alejar el fantasma del juicio político contra la Presidenta y alienta a los opositores a ponerlo en marcha, pues sigue recibiendo denuncias en ese sentido, la última de ellas el pasado 21 de octubre.

El camino que tomará es secreto hasta ahora; pero el coletazo –de donde sea- se le viene encima aun cuando insista en que es víctima de una persecución política del fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, a quien acusó, de manera maliciosa, de “extraña aceleración de procedimientos (…) en vísperas de las decisiones sobre el juicio político”


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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