El estado de Texas y el Gobierno federal de Estados Unidos (EE.UU.) protagonizan en los últimos días una escalada de tensiones en la frontera con México debido a las marcadas diferencias entre las autoridades estatales republicanas y las federales demócratas en la aplicación de políticas migratorias.
Greg Abbott, gobernador de Texas, enfatizó el pasado miércoles en un comunicado el derecho de su estado a defender sus fronteras de la inmigración ilegal, a la cual calificó de “invasión”. Incluso, en declaraciones a la cadena FOX, Abbott acusó al presidente Joseph R. Biden de causar “un daño sin precedente al pueblo estadounidense” ante su incapacidad para procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal.
La actual crisis se agudizó cuando la Guardia Nacional de Texas cercó un tramo de alrededor de 4 kilómetros, que rodeó el parque Shelby en Eagle Pass, de la frontera de EE.UU. y México, lo que impidió el acceso a la Patrulla Fronteriza. La Corte Suprema falló a favor de que se retirara el alambre de púas, pero hasta la fecha Texas rechaza la decisión y los militares continúan impidiendo que los agentes fronterizos quiten el vallado. De hecho, el teniente Crhis Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad pública de Texas, dijo que el estado estaba instalando más barreras.
NEW VIDEO: Here is TX National Guard attempting solo to manage migrants crossing in large groups in Eagle Pass, TX in Dec @FoxNews pic.twitter.com/ZRTOUAELsc
— Griff Jenkins (@GriffJenkins) January 13, 2024
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El Departamento de Justicia de EE.UU. ya presentó un expediente ante la Corte Suprema, argumentando que la capacidad de la Patrulla Fronteriza para monitorear esa sección en la frontera está "limitada a una pequeña franja de una única cámara de vigilancia ubicada fuera del área recién cercada" y pidiendo a la institución jurídica "restablecer el acceso a la Patrulla Fronteriza”. Además, interpuso otra demanda contra Texas por impugnar la Ley SB4, aprobada recientemente en dicho estado, que otorga a los funcionarios estatales amplios poderes para detener, procesar y deportar a las personas que cruzan de manera ilegal la frontera desde México.
La posición de Texas ha sido apoyada, de momento, por los gobernadores de 25 estados: Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Indiana, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
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Aun cuando se trata de un conflicto único, no es la primera vez que ocurren fricciones de este tipo, pues con la llegada de Biden a la Casa Blanca y la entrada en vigor de una política migratoria, a priori, menos agresiva a la desarrollada por la gestión de Donald J. Trump, los funcionarios estatales encabezados por Abbott comenzaron a tomar medidas de forma unilateral para frenar el flujo de inmigrantes.
El gobernador inició su política migratoria independiente en marzo del 2021, cuando puso en marcha la Operación Estrella Solitaria. En este contexto, policías estatales y miembros de la Guardia Nacional fueron apostados a lo largo de los 1.931 kilómetros de frontera entre Texas y México. En los últimos años las autoridades tejanas continuaron con la construcción del muro fronterizo, levantaron unos 19 kilómetros de barreras y reforzaron otras partes de la frontera con alrededor de 70 mil rollos de alambre de espino. Se estima que desde el 2021 Texas ha gastado más de 10 mil millones dólares para aplicar todas estas medidas para enfrentar la migración irregular.
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