Los problemas legales para el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), lejos de disminuir, se acrecientan y ponen en nuevos aprietos a los colaboradores del aspirante a la candidatura republicana.
Según divulgó el magnate en su red Truth Social, su equipo legal busca una reunión con el fiscal general, Merrick Garland, mientras se presume la cercanía de la fase de acusación en torno a una investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del exgobernante.
El abogado Jack Smith, desinado para investigar el uso dado por el empresario a la documentación que sustrajo de la Casa Blanca y conservó en su poder aun después de abandonar el cargo, realiza otra indagación criminal extraordinaria sobre los intentos del exmandatario de subvertir los resultados de las elecciones de 2020.
De acuerdo con un reporte del medio Politico, es la primera de estas investigaciones la que parece más cercana a la fase de acusación.
También el periódico The Wall Street Journal informó recientemente, y a pocas horas antes de que Trump hiciera el anuncio, que la indagación sobre los documentos parecía casi concluida, y se anticipaban imputaciones inminentes.
En la misiva en la que solicitan un encuentro con Garland, los abogados del magnate no mencionan la posibilidad de acusaciones ni especifican a cuál de las investigaciones de Smith se refieren.
Más bien lo describen como un esfuerzo por “discutir la injusticia en curso que está siendo perpetrada por su fiscal especial”.
En tanto, como parte de una audiencia celebrada la víspera, un juez de Nueva York programó el juicio penal contra Trump por cargos de falsificación de documentos comerciales para el 25 de marzo de 2024, poniendo al expresidente y actual candidato en un tribunal de Manhattan en plena temporada de primarias presidenciales. El magistrado Juan Merchan aconsejó además al empresario cancelar todas las demás obligaciones durante el proceso, que podría durar varias semanas.
Durante la vista, a la que el empresario compareció mediante vídeoconferencia, el juez explicó una orden que prohíbe al acusado divulgar públicamente ciertas pruebas entregadas por los fiscales.
Según se informó, Trump puede hablar sobre el caso penal, pero corre el riesgo de ser declarado en desacato si utiliza las evidencias entregadas por la parte acusadora para apuntar a los testigos u otras personas involucradas.
El mes pasado, tras ser imputado con 34 cargos criminales, el expresidente se declaró inocente por delitos graves de falsificación de registros comerciales asociados a pagos secretos realizados durante su primera campaña presidencial en 2016.
También durante la víspera, la escritora E. Jean Carroll, que ganó una demanda civil contra Trump por abuso sexual y a la que le fueron concedidos cinco millones de dólares a modo de indemnización, solicitó a un tribunal que amplíe el alcance de su querella, con al menos 10 millones de dólares adicionales en daños.
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