La Fiscalía de Sao Paulo consideró inconstitucional el decreto otorgado por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que perdona penas y extingue condenas de policías militares responsabilizados en el caso conocido como Masacre de Carandiru.
El Ministerio Público de ese estado envió además una representación, firmada por el procurador general de Justicia, Mário Luiz Sarrubbo, al de la República, Antônio Augusto Aras.
«La concesión del indulto se incompatibiliza con esos dispositivos de la Convención Americana de Derechos Humanos promulgada por el Decreto n. 678, de 6 de noviembre de 1992», indica el oficio de la fiscalía.
Pide que se adopten medidas urgentes ante los preceptos impugnados por incompatibilidad en artículos de la Constitución federal y normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El 2 de octubre de 1992, 111 presos, 84 de los cuales ni siquiera sin ser juzgados y condenados por sus crímenes, fueron ultimados durante la invasión de la Policía Militar (PM) para contener una rebelión en la Casa de Detención, un complejo penitenciario construido en la década de 1920, en el barrio de Carandiru, zona norte de Sao Paulo.
La lucha entre los detenidos pronto se generalizó y se convirtió en un motín. Fue entonces que los agentes militares fueron llamados para contener el conflicto.
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Tras el fracaso en un intento de negociación con los recluidos, el comando policial decidió entrar en el lugar con metralletas, fusiles y pistolas.
Media hora después de la entrada de la PM, «las ametralladoras silenciaron», contó el médico Drauzio Varela, en su libro Estación Carandiru. Ningún policía murió en la acción.
Según el decreto presidencial de Bolsonaro, serán condonados agentes de fuerzas de seguridad, acusados por crímenes cometidos hace más de 30 años, aunque ellos no resultaron condenados en definitiva en la última instancia de la Justicia.
La responsabilidad por la acción policial no comenzó a ser juzgada hasta 10 años después de los hechos.
En 2001, el coronel Ubiratan Guimarães, que dirigió la operación en Carandiru, fue condenado a 632 años de prisión. Su defensa recurrió la sentencia y fue revocada, siendo anulada por el Tribunal de Justicia en 2006.
Estudios forenses presentados durante el juicio concluyeron que los 111 muertos recibieron 515 balazos, de ese total 126 en la cabeza, disparos que, para organizaciones de derechos humanos, constituyen pruebas de que los detenidos fueron ejecutados de forma sumaria.
Otros cinco juicios ocurrieron entre 2013 y 2014. Por ser un proceso que involucraba una gran cantidad de víctimas y acusados, el expediente fue desmembrado en cuatro partes.
El Tribunal de Justicia de Sao Paulo puede expedir órdenes de detención contra los 74 policías militares condenados a penas que van desde 48 a 624 años de prisión por el asesinato de los encarcelados.
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