El gobierno del chileno Gabriel Boric atraviesa un complejo momento, apenas siete meses después de constituido, pues, hasta ahora, no tiene una propuesta clara para transformar un sistema que precisa la base de una nueva Constitución Nacional, exigida por el pueblo.
Nadie quiere pedirle peras al olmo en Chile y Boric no es mago, pero está obligado como representante de una nueva generación de políticos, de buscarle solución a los graves problemas económicos, políticos y sociales que signan la realidad de la nación andina.
El pasado día 4, la población rechazó de manera contundente el proyecto de carta magna presentado por la Convención Constituyente, que no satisfizo, por varias razones, las exigencias reformistas de la ciudadanía durante las protestas populares del 2018 y 2019.
Un 62 % de los más de 13 millones de votantes indicó a Boric su inconformidad con la propuesta redactada durante un año, pero confirmó la necesidad urgente de continuar con el cambio que permita suprimir la Constitución de 1980, apegada a los intereses de la oligarquía nacional y redactada por un equipo del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
El análisis se ha impuesto sobre el por qué tan alta negativa popular. Probablemente, el error comunicativo que mejor traduce la derrota cultural que implica el resultado del plebiscito, es el propio slogan que se impuso en la campaña: Aprobar para reformar. ¿Por qué votaría la gente a favor cuando el mensaje dice que lo que certifiquen se va a cambiar casi inmediatamente? Mejor ganar tiempo votando en contra de un texto que no se terminó de comunicar, socializar y entender.
Aunque el presidente chileno, de 36 años, surgido de las luchas estudiantiles de 2011 por una educación universal y de calidad, no puede desenredar en meses una madeja de décadas de neoliberalismo económico y neofascismo político, sí está precisado a dar señales de que los tres años y medio que le quedan en el Palacio de La Moneda serán empleados en solucionar los inquietantes problemas públicos y no en la adivinanza de cómo hacerlo.
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Boric calificó el triunfo del rechazo a la propuesta constitucional como un triunfo de la democracia y no como una derrota de las fuerzas de izquierda. Esta no es lo que esperaba, hay que escribir otra, fue el mensaje de las urnas.
La política en Chile es difícil. Lo fue hace 49 años atrás cuando durante un gobierno legítimo y progresista, las fuerzas militares comandadas por Pinochet bombardearon el Palacio de La Moneda, destruyeron los sueños del presidente socialista Salvador Allende y de millones de chilenos que seguían su ideario.
BORIC TOMA MEDIDAS, PERO AUN INSUFICIENTES
Las experiencias políticas de varios países, remitiéndonos solo a la historia contemporánea, demuestran la unidad y coordinación de la derecha internacional. Trazan y ejecutan planes de manera coordinada –como la eliminación física de líderes progresistas y de izquierda- aun cuando difieran en sus intereses económicos. La izquierda no logra todavía unirse, a pesar de amargas experiencias, sin que haya consolidado sus intereses ideológicos y planes políticos y socio-económicos, salvo excepciones.
Chile es un ejemplo de la carencia de unidad interna. Ocurrió durante el período presidencial de Allende (1970-1973) y también ahora en una nación donde el pueblo defiende en las calles sus criterios y aprendió la lección de que con la clase política –al menos la que gobernaba hasta este año y sigue presente en el país- nunca alcanzará sus objetivos.
El joven presidente, que gobierna con dos coaliciones, la suya, Apruebo Dignidad, y Socialismo Democrático, con evidentes discrepancias internas en la toma de decisiones, tras el resultado del referendo adoptó medidas de fondo, pero se transformó de un sistema izquierdista a otro de centro-izquierda.
El cambio inmediato de Giorgio Jackson, ministro de la presidencia encargado de las relaciones con el parlamento, y del Interior, en manos de Izquia Siches, sus compañeros en la lucha del 2011, llevó al Ejecutivo a figuras de la ex Concertación de Partidos por la Democracia, que ganaría las elecciones por cuatro gobiernos consecutivos, después de la llegada de la democracia.
Los rejuegos en el gabinete parece ahondar en la tesis de un Boric al que le cuesta trabajo hacer que el Estado se mueva en la dirección que desea y por tanto retrocede para garantizar la gobernabilidad.
Entre los principales nombramientos anunciados por Boric estuvo el de Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, que sustituyó a Siches, y el de Ana Lya Uriarte, del Socialista, a Jackson. Carolina es hija de José Tohá, el primer ministro de Interior del presidente Allende.
Tohá fue alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016, y ministra del gobierno de Michelle Bachelet entre 2009 y 2012. Uriarte, por su parte, abogada, del Partido Socialista, fue jefa de gabinete de esa mandataria durante su segundo mandato.
Este primer cambio ministerial tiene lugar en un momento de crispación en la nación suramericana, tras una caída de la popularidad del mandatario, una creciente inflación y fracturas en la coalición política que lo apoya.
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Boric tiene que definir cuáles son sus otras prioridades, además de echar a andar las bases de una nueva Constitución, y quizás su agenda deba tener objetivos claros, con fechas de cumplimiento, y centrarse en dos o tres políticas concretas sin esperar por el llamado documento rector. Educación, vivienda, y pensiones, la reparación a los pueblos indígenas, podrían ser banderas principales del gobierno, con independencia del carril constituyente.
Está claro que el Ejecutivo chileno está precisado a moverse en varias direcciones. Son enormes los problemas acumulados desde que Pinochet arrebató el poder al socialista Allende: 49 años bajo un sistema neoliberal, y aun cuando la dictadura terminó en 1990 cuando el traidor ya no le era necesario a Estados Unidos (EE.UU.), su base principal de apoyo, los sucesivos gobiernos en la llamada democracia tampoco pudieron lograr la reestructuración de las bases organizativas del sistema político. Además de que en este periodo hubo varios regímenes de derecha en el país austral.
Boric lo asumió en el discurso dirigido a la nación la noche en que se conocieron los números del plesbicito. Mencionó entre otros temas que afectan a la ciudadanía la alta inflación, el alza significativa de la delincuencia, las listas de espera en la salud, las bajas pensiones. “Los desafíos de nuestro país, afirmó, no se agotan en la cuestión constitucional”.
CONGRESO NACIONAL
Boric dejó claro que el Congreso Nacional, uno de los más fragmentados de la democracia en Chile, deberá ser el gran protagonista del nuevo proceso constituyente, el cual debe ser retomado a la brevedad, pasados los 125 días establecidos por la ley para dar paso a un nuevo proceso electoral.
Las novedades profundas que pretende emprender Boric se verían favorecidos por el acuerdo alcanzado en el Congreso -antes del plebiscito- de rebajar la necesidad de mayoría de la actual Constitución de 2/3 a 4/7, una lucha histórica que al fin pudo concretarse y que facilita las reformas planificadas.
Hace unos días, la ministra de la Secretaría y vocera del gobierno, Camila Vallejo, del Partido Comunista, habló sobre la primera reunión del renovado gabinete ministerial, en la cual analizaron la estrategia para resolver las problemáticas planteadas por la población en sus protestas públicas.
Vallejo aclaró que la reunión del Consejo de Ministros, determinó que ¨nuestra hoja de ruta, nuestro despliegue a los territorios, nuestro despliegue político nos permita fortalecer y dar un reimpulso a nuestro programa de Gobierno que está evidentemente pensado para poder responder a necesidades que son urgentes de nuestra población¨
La ministra planteó en las redes sociales, que sus palabras molestaron a la derechista coalición Chile Vamos en torno a sus declaraciones sobre un supuesto acuerdo alcanzado en la cita por un nuevo proceso constituyente, con un órgano electo, pueblos originarios (PP.OO), paritario y con apoyo de expertas y expertos".
La alianza de derecha Chile Vamos calificó de paso erróneo "Anunciar acuerdos que todavía no están suscritos¨, y desmintieron la existencia de un diseño del nuevo proceso constituyente.
Ante esto, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, Javier Macaya de la Unión Demócrata Independiente, y el senador de Evolución Política, Luciano Cruz-Coke, anunciaron que no asistirán a la reunión prevista de los partidos políticos para continuar el diálogo del proceso constitucional.
En un encuentro el lunes los partidos representados en el parlamento acordaron que la redacción de un nuevo texto debe hacerse por un órgano electo ciento por ciento, de carácter paritario, apoyado por un comité de expertos y sometido a un plebiscito de carácter obligatorio.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo estar sorprendida por la actitud de Chile Vamos de desconocer lo pactado y consideró que la derecha trata de ganar un poco de tiempo.
Mientras, la líder del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, consideró incomprensible la decisión de la oposición de desconocer los puntos que los presidentes del senado y de la cámara de diputados leyeron más de tres veces.
“Cuando uno quiere buscar excusas para no estar comprometido hasta el final se va a fijar en cualquier detalle”, advirtió, por su parte, la senadora del Partido Comunista Claudia Pascual.
El plan del Gobierno busca avanzar en equidad y justicia tributaria para todos los contribuyentes, lograr que paguen más las personas con mayores ingresos y ampliar los derechos sociales y e desarrollo productivo.
Una realidad compleja a resolver, aunque aún los políticos no se pongan de acuerdo en el cómo.
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