La vicepresidenta y dos veces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la líder política de mayor influencia en su país, fue condenada –como ella anticipó- por el Tribunal Oral Federal 2 a seis años de cárcel y la inhabilitación especial perpetua para cargos públicos, en lo que se considera un atentado más del sistema judicial contra líderes de izquierda.

Los tres jueces –Rodríguez Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- informaron la sentencia en horas de la tarde de este martes en la sede de los tribunales, en la Avenida Comodoro Py, donde centenares de personas se aglomeraron para manifestar su desacuerdo con los resultados del juicio por la causa Viabilidad, en la que están implicadas otras 12 personas por supuesto fraude al Estado en la construcción de carreteras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, desenmascarados por sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri, pidieron 12 años de cárcel para la exmandataria y la inhabilitación especial para el ejercicio político.

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En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito. Las pruebas presentadas por los fiscales se derrumbaran durante el juicIo, pero aun así, y como ya había anunciado Fernández de Kirchner, la decisión fue tomada hace días.

Poco después de conocerse el fallo que siguió por videoconferencia, y desde su despacho en la presidencia del Senado, Cristina, también conocida como CFK, por su apellido y el de su difunto esposo, el también mandatario Néstor Kirchner, brindó a la nación sus criterios sobre la sentencia, cuyo fundamento será conocido el próximo año.

"La condena real es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es la verdad de la milanesa", señaló la vicepresidenta en su intervención y afirmó que hará lo mismo que en diciembre de 2015. ¨No voy a ser candidata a nada. Magnetto (Héctor Horacio Magnetto, director ejecutivo del reaccionario Grupo Clarín) puede pedir a sus esbirros que me metan presa".

También se refirió al intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre por elementos vinculados a los conservadores neofascistas, y dijo que ¨tal vez no me puedan meter presa porque a alguien se le puede ocurrir matarme antes. Presa o muerta me quieren",  precisó la lideresa peronista.

Indicó que hay un complot de jueces y empresarios en Argentina. "Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo¨ y mencionó la reunión privada que sostuvieron en Lago Escondido, propiedad del multimillonario inglés Joe Lewis, cuatro jueces, funcionarios del Grupo mediático Clarín (el que más títulos ha publicado en su contra, que pagó el avión privado) y otros personeros de lo que llamó la ¨mafia judicial¨.

CFK, quien aclaró que no es mascota de poder de nadie, precisó que "me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo". "Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente. Es un sistema disciplinador, no con los que piensan como ellos, sino fundamentalmente del peronismo, y de los que tenemos compromiso con la gente".

En su opinión, el actual sistema judicial argentino no tolerará que alguien no haga lo que ellos quieren y por eso la condenador. ¨Esa es la verdad, reiteró, de esta sentencia¨.

En esta guerra judicial o lawfare que libran desde hace años contra esta luchadora por los derechos del pueblo argentino, hay un aspecto fundamental que es el periodismo. ¨Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución, recordó, se necesita la complicidad de los medios", y explicó el vínculo entre miembros de la Cámara a los que deben apelar y los magistrados que la juzgaron. Por ejemplo, el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, al que CFK presentará su apelación, es tío de la esposa del presidente del tribunal que la condenó.

CONDENA DICTADA CON ANTELACIÓN

Fernández sabía de antemano su condena –y así lo denunció- que, según indican pruebas concretas, fue tramada por magistrados, funcionarios del gobierno del expresidente derechista Mauricio Macri y ejecutivos del Grupo Clarín (Pablo Cassey y Jorge Rendo) en un viaje pagado –el delito se llama dávidas- por esa organización mediática-empresarial, alineado con la derecha.

Los cuatro jueces federales que viajaron a Lago Escondido, propiedad del multimillonario Lewis, podrán alegar que sus ¨enemigos¨ entraron en sus chats y leyeron sus conversaciones sobre el juicio amañado, lo cual también es una transgresión,  pero hay pruebas irrefutables de que visitaron ese lugar. Entre ellos iba el magistrado Julián Ercolini, quien instruyó la causa Viabilidad y acusó a CFK sin la más mínima pericia. En asientos del vuelo 26 917 en la aeronave LVGCK, viajaban el ex ministro de Justicia de Macri, y Leo Bergot, exintegrante de la  Agencia Federal de inteligencia, organismo que funciona bajo la conducción política e institucional del poder ejecutivo.

Del aeropuerto de Bariloche, los invitados partieron hacia Lago Escondido en las camionetas del empresario inglés, un sitio al que los ciudadanos comunes carecen de acceso. Solo invitados del mismo rango social del propietario o figuras que interesen al aparato derechista argentino.

Lewis es amigo de Macri. Con una fortuna calculada por la revista Forbes en 5 000 millones de dólares, ganó altas sumas con la política de tarifas del anterior régimen derechista. Su amistad con el expresidente se forja por un tema deportivo. El inglés es propietario mayoritario del Tottenham Hotspur, uno de los clubes de fútbol más conocidos de la Liga Primera, y Macri, presidente del Boca Junior entre 1995 y 2008, una etapa en que la diplomacia y el deporte marchaban juntos.

No son raros entonces los favores entre Lewis y el ex mandatario, quien ahora se encuentra en Catar para presenciar el campeonato del mundo, mientras posa rodeados de jeques y millonarios del mundo árabe.

La conjura contra CFK y otros presuntos implicados en Vialidad también salió a flote cuando de manera comprobada el periódico Página 12 reveló que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Giménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani jugaban en el mismo equipo de fútbol, La Liverpool, y lo hicieron en Los Abrojos, la quinta de Macri, impulsor mediante organismos del Estado de la persecución judicial a CFK y a una extensa relación de peronistas y empresarios.

Los abogados defensores rechazaron a Giménez Uriburu con evidente lógica. Si el juez federal es amigo del fiscal no hay imparcialidad alguna en cualquier caso en que actúen. De antemano se sabe que habrá sentencia cantada.

Incluso, los integrantes de lo que muchos catalogan de mafia judicial, eliminaron del proceso a otros dos jueces –Roberto Boico y Sabrina Namer- por considerar que podían favorecer a la vicepresidenta.

No hicieron igual con un perito, Eloy Bona, que aunque se presentó como imparcial, registraba tuits de violencia extrema contra la acusada.

¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA?

Lo ocurrido en Comodoro Py concluye por el momento una causa armada con audiencias a lo largo de más de tres años y medio. Contra la acusación de los fiscales Luciani y Mola declararon incluso sus propios testigos. Imputaron a 13 personas, entre ellas CFK, de fraude contra el Estado, sin una pericia que indicara cuándo y dónde se cometió el delito.

El resultado demuestra la podredumbre del sistema judicial argentino, ya que incluso una auditoria convocada por el gobierno de Macri y la consultora privada Consulbaires demostraron que nunca el Estado pagó algo que no se hubiese construido.

La inmoralidad del proceso, y el viaje a Lago Escondido –que el presidente Fernández prometió de manera pública sería investigado- demostró, una vez más, la necesidad de una renovación en el sistema judicial argentino, contra el cual, a partir de que se haga firme la sentencia, apelarán los defensores.

Se trata, como ocurrió con los expresidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y Rafael Correa, en Ecuador, de usar la justicia para la política y sacar del juego a figuras que no obedecen a poderes fácticos locales o internacionales.

Aunque Cristina advirtió que no se postulará más, las consecuencias políticas de su condena son difíciles de pronosticar, pues se trata de un fallo en primera instancia, y puede llevar años para una sentencia definitiva. El complot y los millones de dólares que debieron ser pagados para esta condena debieron ser muchos, pues resulta ridículo judicializar una disposición que aprobó el Congreso Nacional en su momento.

Luego de conocerse el veredicto, comenzaron las voces de rechazo, entre ellas la de la Casa Rosada, sede de la presidencia, Confederación General del Trabajo, Estela Carlotta, titular de Abuelas de la Plaza de Mayo, el Partido Justicialista en Buenos Aires, diputados nacionales del oficialista Frente de Todos, entre otras personalidades y movimientos sociales.

Cristina no irá presa, pues sus fueros políticos la amparan. Pero tampoco, dijo, será candidata en 2024, lo que, según sus defensores, será un duro golpe al peronismo de izquierda, que ella lidera.

Mucho dependerá de la actitud del presidente Fernández para evitar que el peronismo sea borrado del mapa, pues los actores políticos del país deben estar ahora a la altura de las circunstancias. El mandatario ya pidió, al menos, investigar a jueces, fiscales y empresarios que viajaron a Bariloche.