Caravana 43 Suramérica en demanda de justicia

Hace ocho meses, el pasado 26 de septiembre, el pueblo de México y la comunidad internacional conocieron atónitos la desaparición de 43 estudiantes apresados vivos por la policía de Iguala, en el estado de Guerrero, adonde habían llegado para protestar de manera pacífica contra los planes proselitistas del alcalde municipal y su esposa, quien se convertiría en su relevo en el cargo, en evidente fraude electoral.

Lejos estaban de imaginar aquellos jovencitos, y otros que como ellos se trasladaron desde la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, en un ómnibus local con destino a Iguala, que serían recibidos a tiros por la policía municipal subordinada al alcalde José Luis Abarca. Siete personas fallecieron al momento —tres estudiantes— y  43 alumnos quedaron detenidos a la vista pública.

“Vivos los detuvieron y vivos los queremos de vuelta” fue el reclamo de los padres y de la población mexicana que reaccionó de manera contundente ante el rapto de los jóvenes, todos de humilde procedencia y cuyo destino era enseñar en las comunidades menos favorecidas de Guerrero,  tal como proclamó en los años 20 del pasado siglo el creador de la escuela donde estudiaban, famosa por los valores políticos y humanos que inculca a su alumnado.

El caso Ayotnizapa puso en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien después de detener a los principales sospechosos —entre ellos varios sicarios del grupo mafioso Guerreros Unidos, cómplices probados de la Alcaldía y de la Policía municipal—, y de no encontrar rastros de los desaparecidos, dio por cerrado el caso.

Aunque el mandatario se reunió con los familiares de los raptados y les prometió hacer lo imposible para encontrarlos, la Fiscalía General no adelantó en la búsqueda.

La única pista la dieron los mafiosos presos cuando declararon: “Los recibimos de la Policía vivos, los matamos, incineramos los cuerpos y lanzamos las cenizas al río San Juan”, aunque sin evidencias materiales de sus palabras.

Luego de que se conoció el hecho comenzaron semanas y meses de lucha de las masas estudiantiles, los sindicatos y los movimientos sociales mexicanos movilizados en los Estados y en el Distrito Federal, exigiendo la vida de los estudiantes normalistas de los que, hasta hoy, no hay noticias.

SIGUE LA MOVILIZACIÓN

A pesar de los meses transcurridos y ante la escasa posibilidad de que aparezcan con vida, los familiares de los desaparecidos no dan tregua para dar a conocer la verdad sobre este caso, suerte de caja de Pandora para que el mundo volviera la vista hacia México y conociera de la criminalidad e impunidad allí de autoridades oficiales y mafias.

Hasta el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, solicitó al gobierno de Peña Nieto investigar hasta la saciedad lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa e impartir justicia. La imagen internacional de México quedó devastada, pues a partir de la búsqueda de los raptados se descubrieron centenares de fosas comunes con restos de personas desaparecidas.

Aunque la razón indica que será muy difícil dar con el paradero siquiera de los restos de los estudiantes, sus familiares continúan su batalla por lograr que impere la verdad y se aplique la ley contra los presuntos asesinos y los autores intelectuales del crimen.

Ahora, un reducido grupo de parientes circula en la Caravana Suramérica 43, formada por Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández; Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, y un normalista de Ayotzinapa, Francisco Sánchez Nava, que sobrevivió a la matanza del 26 de septiembre.

El objetivo es visitar, con la colaboración de entidades de derechos humanos y movimientos sociales, las ciudades más importantes de Argentina, Brasil y Uruguay, donde informarán en detalle lo ocurrido con sus hijos y sus reclamos ante el gobierno federal mexicano, y denunciarán la impunidad política y de los grupos mafiosos que mantienen en el terror a varios Estados de su país.

Desde que los estudiantes fueron desaparecidos sus familiares y vecinos de Ayotzinapa viven en constante movilización. Tras el rapto, marcharon en caravana por el país, donde recibieron la solidaridad de los estudiantes de distintos niveles y de la población, que les dieron abrigo y comida, y les acompañaron en manifestaciones públicas hasta llegar al Distrito Federal, sede del gobierno nacional.

Luego de que la Fiscalía General diera el caso por cerrado, a lo que se opuso la población mexicana en su conjunto, un pequeño grupo de parientes viajó hasta la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a presentar el caso y protestar por la evasiva dada por la administración de Peña Nieto.

Después viajaron por importantes ciudades de Estados Unidos, donde fueron acompañados en una movilización hasta las afueras de la Casa Blanca, quizás pensando en sensibilizar a las autoridades norteñas con el crimen de los jóvenes y para que le exigieran mayor rigor a Peña Nieto, dadas las óptimas relaciones entre ambas naciones.

En cada lugar visitado en Europa, Estados Unidos y ahora Suramérica, los familiares de los 43 estudiantes son recibidos con solidaridad y respeto hacia su causa, a pesar de que, ocho meses después de la brutal represión contra los jóvenes, la impunidad sigue rodeando el crimen.