El segundo golpe de Estado en Burkina Faso este año retomó el estribillo de la conspiración contra la institucionalidad y el temor a una escalada de la violencia extremista.
Aún sin una percepción clara de qué incidió en el derrocamiento del teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba el pasado 30 de septiembre por el capitán Ibrahim Traoré, los observadores opinan que se retrasará el proceso de transición hacia un gobierno civil.
Desde 2012 en el escenario de la africana región del Sahel, los motines militares se vincularon, en gran medida, con la incapacidad de las autoridades nacionales de enfrentar exitosamente las ofensivas de destacamentos radicales de matriz confesional.
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Burkina Faso –en el occidente de esa franja semidesértica- es frecuente objetivo de los ataques integristas al igual que sus vecinos Mali y Níger, con los que configura la llamada zona de las tres fronteras.
Los grupos armados de distorsionada filiación islámica causaron graves pérdidas a la ciudadanía, como ocurrió en la norteña localidad de Solhan, donde niños-soldados asesinaron a más de un centenar de residentes en 2021.
Aquella agresión, identificada como la peor tragedia de su tipo en el país, marcó profundamente la mentalidad de la población en general, y reforzó su sentimiento de inseguridad y desprotección.
Esa supuesta decepción pública estuvo entre los argumentos de los militares para deponer al presidente Roch Marc Christian Kaborè en enero pasado e imponer una junta castrense comandada por teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Ocho meses después, el 30 de septiembre, ocurrió el segundo golpe de Estado, esta vez dirigido por el capitán Ibrahim Traoré, un oficial de 34 años de edad que comenzó en el Ejército en 2009, y se desempeñó en el este y el norte del país.
La hoja de servicio del capitán incluye su participación en el derrocamiento de Christian Kaborè, quien según fuentes oficiales está “totalmente liberado”, mientras que su sucesor y también mandatario destituido Sandaogo Damiba, viajó a Togo.
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Aún sin sustento sólido, la nueva administración aseguró que Burkina Faso está bajo control y respetará sus compromisos con África occidental, aunque en sectores de la sociedad civil opinan que el proceso de transición política se detuvo.
El reciente golpe de Estado sucedió a la fractura de la junta militar de Sandaogo Damiba, el Movimiento Patriótico de Conservación y Restauración (MPSR), por desacuerdos en la reforma de las progubernamentales fuerzas de autodefensa
También se discrepó en el nombramiento de gobernadores militares en zonas afectadas por los ataques extremistas, así como en el aumento de operaciones en el norte y el oriente del país, que no lograron detener al terrorismo
Esa situación –estancarse en una guerra no convencional– erosionó la unidad en el mando y pudo favorecer al cambio por la fuerza en la jefatura del país, pero si la inseguridad perdura la interrogante sería: ¿se sucederán infinitamente los derrocamientos presidenciales en suelo burkinés? Esperemos para poder responder.
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