Bolivia, uno de los países de mayores riquezas naturales en Suramérica, con una potencialidad económica elevada con enormes yacimientos del litio, es una de las presas más codiciadas de la derecha internacional, que este año intentó una nueva intentona golpista contra el gobierno progresista de Luis Arce. Con paciencia, inteligencia y movilizaciones populares, Arce logró desarticular el nuevo plan de desestabilización del ultraderechista gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, conocido por su rol preponderante en la caída del expresidente Evo Morales en 2019. Otra vez perdió la derecha fascista, pero el peligro acecha de manera constante a la democracia boliviana, protegida por su partido Movimiento al Socialismo, sus sindicatos y movimientos sociales.
Detrás de la tentativa está Estados Unidos (EE.UU.), que se propone reconfigurar la red de suministros de materias primas estratégicas para su plan de transición energética. El litio boliviano podría ser una joya de la corona económica imperial, por lo que la Casa Blanca pretende impedir la consolidación del proyecto autónomo comunitario boliviano, destituir al actual gobierno socialista y apoderarse de ese territorio con sus peones internos.
- Consulte además: El maquiavélico censo de Camacho en Bolivia (+Audio)
Es conocida la participación de la embajada estadounidense en el derrocamiento del presidente legítimo Evo Morales en 2019 mediante su títere internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y figuras como Camacho y sus proyectos federalistas en la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca y Sucre), asiento de la oligarquía nacional y donde se encuentran las mayores riquezas naturales del país.
BOLIVIANOS AVANZAN HACIA EL BUEN VIVIR
A pesar del nuevo intento contra la estabilidad política y social y el contexto internacional adverso, este 2022 la economía boliviana puede cerrar en torno al 5 % de crecimiento. El país muestra un alza económica importante y sostenido debido al especial énfasis del gobierno en elevar el área productiva y dinamizar la demanda interna. Hasta septiembre último, en medio de presiones de origen externo, se posicionó como la economía con la menor inflación de la región y una de las más bajas a nivel mundial, con 1,76 por ciento.
La gestión del equipo de gobierno reactivó la inversión pública, impulsó el sector productivo con créditos de fideicomisos, entre otras políticas. En el interés de impulsar y coadyuvar a la población en la adquisición de una vivienda propia, este año el Ejecutivo determinó que el 1,2 % de las utilidades de 2021 de los Bancos Múltiples y PyME se destinaran al fortalecimiento patrimonial del Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social.
La población boliviana obtuvo en los últimos 12 meses, a precio justo, el abastecimiento de alimentos como azúcar, maíz, trigo, subproductos de soya, carne de res, cerdo, pollo y huevo, un logro que pocas administraciones pueden alcanzar en la región.
El gobierno de Arce priorizó en este periodo anual la salud como bien público, restableciendo políticas para garantizar el acceso a ese derecho con inclusión, participación social, equidad de género, interculturalidad, oportuna y de calidad.
EE.UU. Y CAMACHO
El pretexto de Camacho y los comités cívicos santacruceños en su nuevo intento de quebrar Bolivia fue la fecha del Censo Nacional de Estadística y Viviendas, marcado por el Ejecutivo para el 2024. Sin embargo, Santa Cruz la rechazó por una supuesta lesión a su economía territorial y exigió se realizara el próximo año.
El argumento es bien simple: Santa Cruz es un estado que recibe cada año miles de emigrantes. De ser censados, como era su pretensión, obligaría por ley al Estado a destinarle un presupuesto de mayor cuantía, y la posibilidad de dos o tres escaños más en la Asamblea Nacional Plurinacional, en la que sus representantes se destacan por sus posiciones contra el proceso izquierdista liderado por Arce y su vice David Choquehuanca, excanciller de Morales.
El líder golpista es un multimillonario de extrema derecha que surgió de los movimientos fascistas en la región cruceña, donde Washington alienta el separatismo desde hace décadas. Procede de una familia de élites corporativas beneficiadas durante mucho tiempo de las abundantes reservas de gas natural del país. Sus parientes perdieron parte de su riqueza cuando Morales nacionalizó esos recursos para financiar sus programas sociales que redujeron la pobreza en un 42 % y la pobreza extrema en un 60 % en poco más de 10 años.
El pasado 23 de octubre, como una medida de fuerza contra un censo exclusivamente de carácter técnico y no político como aseguran los neofascistas –en 2008 expresaron de manera violenta su interés en escindirse del resto de Bolivia al estilo de lo ocurrido en Yugoslavia- Camacho y el Comité Cívico provincial decretaron un paro que duró 36 días y que tuvieron que levantar ante la fortaleza de las instituciones nacionales.
La camarilla golpista que le acompaña utilizó sus abundantes recursos para mover a una parte de la población, aunque grupos sociales locales lo estuvieron enfrentando para evitar un desangre de la economía y los enfrentamientos entre los bandos.
No obstante, el bloqueo de carreteras y la paralización económica dejaron pérdidas al país por cerca de 1000 millones de dólares.
Arce hizo gala de una paciencia extrema para demostrar la voluntad de resolver el problema de manera pacífica. La realización del censo en 2024 había sido un acuerdo colectivo de la arquitectura política y social del Estado, que acordaron reprogramarlo por razones técnicas.
A ese cónclave no asistieron Camacho y su corte, expresión del desdén y el irrespeto de la oligarquía más retrograda, racista y patriarcal boliviana. En deuda con la justicia, él fue una figura clave del golpe de Estado contra el exmandatario Morales, y de los primeros en apoyar a la usurpadora del cargo Jeanine Áñez, condenada este 2022 a 10 años de cárcel por ordenar la represión contra quienes protestaron por los sucesos, con saldo de 36 civiles asesinados y cientos de heridos.
En ese contexto es loable la inteligencia de los líderes socialistas para evitar una confrontación con los santacruceños e impedir que lograran sus propósitos, aunque actuaron en solitario.
En masiva concentración, el Cabildo Nacional del Pueblo, exigió el fin de la paralización para que la paz social y las condiciones de trabajo se garantizaran en el territorio nacional. “La decisión sobre el censo, acordó, es de la ciudadanía que hoy rechaza la intención de volver a los tiempos de Áñez, tiempos de masacres y oscuridad”.
El pasado 26 de noviembre, la región de Santa Cruz suspendió las protestas luego que expertos y el gobierno fijaran para abril de 2024 el censo nacional, pero sin que depusieran su actitud golpista, advirtió Rómulo Calvo, presidente del conglomerado civil-empresarial Comité Pro Santa Cruz.
Calvo anunció que “la región estará en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024", cuando está prevista la redistribución de recursos estatales en función de los resultados del censo, "y las elecciones de 2025". Los cívicos cruceños pidieron que en 2023 se realice una "encuesta censal" para determinar la cifra de habitantes del departamento y contrastarla con los datos del catastro nacional, previsto para el 23 de marzo de 2024.
Los resultados que se obtengan ajustan y/o definen, implementan y evalúan planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible, económico y social en el ámbito nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario.
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