Bajo fuego gobierno de Guatemala

Guatemala, una nación centroamericana conocida a nivel mundial por el alto grado de violencia desatada en sus calles por el narcotráfico y la delincuencia común, ganó notoriedad mundial en las últimas semanas debido al escándalo de corrupción que salpicó a figuras de alto rango del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, quien se niega a renunciar al cargo cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones generales.

Los futuros comicios, en que se supone habría una continuidad en el poder del oficialista Partido Patriota, están opacados por la exigencia popular a que el exgeneral Molina deje la Primera Magistratura —que va desde las clases sociales de mejor posicionamiento hasta los indígenas y campesinos— y la renuncia del candidato oficialista Alejandro Sinibaldi, ante la real posibilidad de que pierda los comicios por amplio margen.

El 6 de septiembre serán renovados el presidente y su vice, 158 Diputados al Congreso de la República —cuya candidatura se disputa o por distrito electoral o por lista nacional—, 20 Diputados al Parlamento Centroamericano y Alcaldes y corporaciones de los 338 municipios.

El pasado mes estalló una bomba en la administración del Partido Patriota (de derecha) cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas (ONU) denunció públicamente una red de fraude fiscal y aduanero denominada La Línea, en la que aparecía involucrado el presidente del Banco Central y el secretario de la vicepresidencia del país.

Según las investigaciones, La Línea cobraba a importadores solo 40 % de los impuestos y conservaban 30 % restante. Con esa acción ilícita, el gobierno recibía menos de la mitad de los ingresos fiscales que hubiera obtenido de las importaciones en circunstancias normales.

La CICIG demostró también que la corrupción oficial incriminaba a magistrados, jueces y abogados sindicados por tráfico de influencias y soborno. Además, fueron enviados a prisión preventiva 17 involucrados en un contrato anómalo de 116 millones de quetzales (15,18 millones de dólares), entre ellos el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del mandatario Otto Pérez Molina.

Otros acusados son el expresidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, y asesor financiero en la subgerencia del Seguro Social, informó Prensa Latina.

El juzgado presentó como pruebas una escucha de Molina Stalling, Herbert García-Granados y a Arturo Castellanos en la que hablaban sobre la adjudicación de la Droguería Pisa, y el posible cobro de una comisión a cambio de conseguir la aprobación del contrato.

La audiencia de apertura a juicio será el 27 de julio, indicaron los magistrados.

En este entorno de corrupción, el juez Undécimo Penal José Eduardo Cojulum inició proceso y envió a prisión preventiva el pasado 18 de mayo a los abogados José Luis Montenegro y Luis Fernando Zapata, relacionados con un caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria.

MOVILIZACIÓN POPULAR

El pasado día 26, unas 50 000 personas de distintos estratos sociales marcharon por las principales avenidas de la capital guatemalteca contra la corrupción de políticos y administrativos, y pidiendo castigo y prisión para los responsables.

En consonancia con la situación nacional, varios partidos opositores presentaron una demanda ante el Ministerio Público (MP) para que Pérez Molina, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia guatemalteco, sea juzgado y con ello sacan partido con vistas a  las próximas presidenciales, una vez sacado del juego el Partido Patriota.

En declaraciones a la prensa, Amilcar Pop, líder del partido opositor Winaq, fundado por la militante indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, afirmó que denunció ante el MP al mandatario y su vice Roxana Baldetti —quien renunció al cargo poco después del destape— por ocho delitos: encubrimiento propio, obstrucción a la justicia, incumplimiento de deberes, asociación ilícita para el contrabando aduanero, conspiración para delinquir, colusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Otra denuncia contra el mandatario fue presentada también ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por delitos de incumplimiento de deberes, además de asociación ilícita y encubrimiento propio.

Pero no puede olvidarse que la CSJ fue integrada por actores del oficialismo y, por tanto, no autorizó a que el Congreso Nacional lo antejuiciara para levantarle la impunidad presidencial. Como en Guatemala tampoco existe el referendo revocatorio, lo que hay en su contra es la exigencia ciudadana de que se aleje del cargo, a lo cual no accede con el pretexto de que se trata de un rejuego político para eliminarlo políticamente.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia determinará si hay o no mérito de causa para que el Congreso Nacional decida en antejuicio si hay elementos convincentes para actuar en lo penal contra Pérez Molina. Si eso ocurriera, solo si se decreta prisión provisional en su contra, quedaría suspenso de sus funciones.

El fiscal del MP, Óscar Shaad, afirmó que los complotados cobraban entre 2 500 a 13 000 dólares por cada furgón para evadir los impuestos, y hasta ahora se han detectado en ese caso unos 500 furgones.

Hace poco más de un mes, las autoridades realizaron 22 detenciones de personas vinculadas con la estructura delictiva dirigida por el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien presuntamente facilitaba el contrabando. En este hecho también se encuentran relacionados miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como Carlos Muñoz y Omar Franco.

Cuando el grupo fue arrestado, el Secretario estaba fuera del país acompañando a Baldetti a Corea del Sur. Cuando conoció los hechos, la vicepresidenta retornó sola al país —quizás anticipándose a un juicio en ausencia— y de inmediato presentó su renuncia, pero Monzón continúa prófugo y con orden de captura.

Algunos políticos critican la postura de la exvicepresidenta, quien pudo entregar a su empleado a la Embajada guatemalteca en Seúl, pero lo dejó libre y dijo que solo podía responder por ella misma, lo cual, cuando menos, constituye una obstrucción a la justicia.

Pérez Molina, blanco de la ira popular en las dos gigantescas manifestaciones ocurridas este mes en la capital, también está inmerso en la vorágine del escándalo, pues para la población es poco creíble —tal como dijo— que desconociera la corrupción en que se movían tales personajes de su confianza.

Al contrario de cumplir lo que muchos politólogos consideran un deber elemental ante tamaño desprestigio, el exgeneral afirmó que “la denuncia de fraude al fisco no quedará en el limbo”, y aseguró que “se recogerá en el informe de análisis que evalúa el trabajo de la CICIG para prorrogar mi mandato”, una posición que no prosperará pues con certeza habrá un nuevo jefe de Estado en septiembre, o quizás antes, si progresa la denuncia del diputado Amílcar Pop.

El opositor Pop afirmó que resulta insuficiente la creación de órganos de control y fiscalización hacia el gobierno “mientras prevalezca un modelo económico que garantice la explotación, el saqueo de los bienes del pueblo, la inmunidad y el racismo estructural. Hemos tenido —precisó— generaciones de políticos corruptos, pero también factores externos de poder directo, como el sector privado, que corrompen políticos y los usan para que estén a su servicio, tal es el extremo de esa red de contrabando aduanero que vincula a más de 100 empresas grandes que han defraudado al Estado los últimos 20 años”.

Antes de descubrirse el trasiego de La Línea, el grupo de análisis de Estados Unidos InsightCrime comprobó que desde los años 70 hasta los 90 del pasado siglo hubo en Guatemala una trama de contrabando integrada por militares, policías y funcionarios corruptos, conocida como la “Red Moreno”. Moreno confiscaba cargamentos de contrabando y obligaba a los propietarios a pagar sobornos para recuperar las mercancías, según publicó en 2003 la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) sobre los grupos armados ilegales en Guatemala.

En la lista aparecía Pérez Molina como uno de los cabecillas de los paramilitares conocidos como El Sindicato, considerado uno de los poderes ocultos en Guatemala. Estos equipos eran conocidos como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), integrados por exmilitares y miembros de la jefatura de inteligencia, comandada por el ahora presidente.

A pesar de la tozuda postura del presidente, expertos consideran que su presencia al frente del gobierno será el preámbulo de mayores conflictos sociales que podrían desembocar en un río de violencia policial.