Cuando solo faltan cuatro meses para las esperadas elecciones presidenciales en Brasil, el asesinato de dos reconocidas figuras defensoras de la Amazonía y los pueblos indígenas, puso de relieve el desinterés del presidente derechista Jair Bolsonaro en la protección de esa región, considerada un pulmón del planeta Tierra.
Brasil conoció horrorizado este mes el crimen cometido contra el periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo por tres pescadores furtivos que los ultimaron a balazos, descuartizaron sus cuerpos, los incineraron y enterraron cerca de un río en la comunidad del Valle de Javari, una zona del tamaño de Portugal, que hace frontera con Perú y Colombia.
Los dos hombres, conocidos en esa área de tierras indígenas, partieron en bote el pasado día 5 hacia Atalaia del Norte, una localidad cercana al Valle, sin que llegaran a su destino. Testigos vieron que eran seguidos por una lancha.
Philips, 57 años, radicado en Brasil desde hacía más de una década, era colaborador de importantes medios de prensa, como The Guardian, Financial Times y Washington Post. El recorrido que estaba realizando serviría de base para un libro que escribía con el apoyo de la Fundación Alicia Patterson sobre la preservación de la Amazonía brasileña, saqueada con autorización del gobierno de Bolsonaro por empresas nacionales y extranjeras, y delincuentes comunes.
Esta no era la primera incursión que el reportero hacía con Araújo, ya que en 2018 realizaron un viaje similar acompañados del fotógrafo Gary Calton con el objetivo de rastrear el paradero de una tribu no contactada por los blancos.
El Valle de Javari se encuentra en la frontera entre Perú y Colombia y es una de las selvas más densas del mundo. Tiene 8 500 000 hectáreas demarcadas y representa la segunda mayor reserva indígena del país tras la Yanomami.
En esta región habitan más de 6000 personas de siete etnias conocidas y 20 grupos no contactados. Su situación geográfica lo convierte en un refugio perfecto para narcotraficantes, misioneros evangélicos y actividades delictivas, como la pesca o la caza ilegal.
Considerado un hombre clave en la Fundación Nacional del Indio (Funai) para las tribus no contactadas, Araújo fue removido en 2019 por un movimiento político de Bolsonaro, quien arropado por la derecha local en esa fecha ocupó el Palacio del Planalto. Su despido de la Funai ocurrió poco después de que su equipo contribuyera a que fuera cerrada una de las minas ilegales más grandes de la región amazónica, lo que disgustó a las trasnacionales.
Entonces, el experto en indigenismo, muy conocido por los pueblos autóctonos de la Amazonía, pasó a trabajar con el Observatorio para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aislados y de Contacto Reciente (OPI), una organización paraguas de los 26 grupos indígenas del Javari.
EL CRIMEN Y LA RESPONSABILIDAD DE BOLSONARO
Según la Policía Federal, el pescador Amarildo da Costa Oliveira, conocido como ¨Pelado¨, admitió el doble homicidio por disparo de arma de fuego en el que también están implicados los hermanos Amarildo y Oseney da Costa Oliveira, dedicados a la misma faena en el río.
De acuerdo con la información que publican medios como las redes de televisión Bandeirantes y Globonews, los detenidos cometieron el crimen después de que Araújo los sorprendiera mientras practicaban pesca ilegal en áreas prohibidas por ser propiedad de reservas indígenas. Tras retenerlos, llevaron al periodista y al indigenista a un lugar aislado donde los mataron.
Debido a su decisión de hacer cumplir las leyes existentes sobre la pesca de especies incluso en peligro de extinción, el experto había recibido numerosas amenazas de muerte de pescadores y cazadores ilegales y usualmente llevaba un arma de fuego para defenderse, por lo que se presume fueron sorprendidos por los homicidas.
Mientras Phillips deseaba formar familia en tierra brasilera, Araújo Pereira estaba casado y era padre de tres hijos.
Dom Phillips y Bruno Araújo fueron brutalmente asesinados en la Amazonía brasileña a manos de quienes burlan la ley en tierras indígenas. (Tomada de EFE)
Como jefe de la oficina local de la FUNAI, había participado en varias operaciones contra la pesca ilegal. El objetivo era confiscar los productos para venderlos a la población, mientras imponía multas a los violadores de la ley. Sólo los indígenas pueden pescar en sus territorios.
Las investigaciones no concluyentes aun, apuntan como autor intelectual del crimen a una red internacional que paga a gente pobre para que faenen de forma ilegal en el segundo territorio indígena más grande de Brasil. Pero también indagan sobre un esquema de lavado de dinero para el narcotráfico mediante la venta de pescado y otros animales, que podría estar relacionado con el asesinato.
La trama está gestionada por empresarios locales para que desempleados pesquen en el Valle de Javari, burlando la ley, y les entreguen las capturas. Uno de los objetivos más preciados es el pez de agua dulce con escamas más grande del mundo, el arapaima. Pesa hasta 200 kg y puede alcanzar los tres metros. Ese animal se vende en ciudades cercanas de Colombia y Perú. Por cada incursión ilegal, los pescadores reciben unos 3000 dólares.
A pesar de la indignación que causó el doble homicidio no solo en Brasil, sino también en otros países donde funcionan organizaciones de defensa de la Naturaleza, la postura de Bolsonaro, que piensa reelegirse en las elecciones de octubre próximo, fue de indiferencia y hasta ofensiva hacia las víctimas.
En declaraciones públicas, el mandatario, conocido por su manera despiadada de referirse a ciertos sucesos mortales ocurridos durante su mandato, —como el asesinato de la concejala Marielle Franco en Río de Janeiro— en esta oportunidad dijo del periodista: “Ese inglés estaba mal visto en la región, porque hacía muchos reportajes contra los mineros (ilegales N de R), un tema ambiental; entonces, en esa región de allá, que es bastante aislada, hay mucha gente que no le quería. Estaban jugando con fuego y se lo buscaron”, refirió en su conocido tono cínico.
A Bolsonaro poco le interesa proteger la Amazonía brasileña. Diversos informes de organizaciones medioambientales identifican la deforestación y los incendios como parte de un proceso que tiene como punto final la utilización de tierras para el sector agropecuario, con el cual está comprometido.
“Los números simplemente muestran que el plan de Jair Bolsonaro ha sido exitoso”, afirmó en una nota de tono irónico el Observatorio del Clima, que engloba a 56 organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y WWF.
“Invasores de tierras, mineros, madereros ilegales y asesinos de indios, practicando sus crímenes, supieron interpretar las señales que vienen de la presidencia y, de forma inédita, del Ministerio de Medioambiente”, refirió el grupo ecologista.
De acuerdo con la entidad, el área desforestada en la Amazonía en el último año es en un 70 % superior al promedio anual medido en la década anterior a la llegada de Bolsonaro a la presidencia (6 500 km² por año).
También citaron como factores agravantes la paralización del cobro de multas ambientales, el despido y persecución de fiscales ambientales, la desobediencia a informes de alerta emitidos por los técnicos y el envío al Congreso de proyectos de ley para legalizar la minería y eliminar reservas indígenas.
NO HAY POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE INDÍGENAS
En plena campaña electoral, el ex mandatario y postulado a la presidencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva se pronunció por el crimen cometido contra Philips y Araújo.
En una nota conjunta con el ex gobernador paulista Geraldo Alckmin, y posible vicepresidente, Lula señaló que “El mundo sabe que este crimen está directamente relacionado con el desmantelamiento de las políticas públicas de protección a los pueblos indígenas”.
El documento precisó que “la democracia y Brasil no toleran ni pueden convivir más con la violencia, el odio y el desprecio por los valores de la civilización. Bruno y Dom vivirán en nuestra memoria y en la esperanza de un mundo mejor”.
Para políticos y organizaciones internacionales, el asesinato demostró de nuevo las amenazas que penden sobre los defensores de la mayor selva tropical del mundo y el funesto desempeño del gobierno de Bolsonaro, quien minimizó la criminal acción.
La actitud del evangelista, misógino y controvertido presidente tuvo repercusión en una encuesta espontanea de Datafolha, considerada la más prestigiosa de Brasil.
Realizada luego de las declaraciones de Bolsonaro sobre la muerte de los dos luchadores por la Amazonía, Lula da Silva tiene un 48 % de las preferencias de los eventuales votantes del 2 de octubre venidero, mientras el mandatario actual alcanza el 27 %, una cifra que puede descender dadas las continuas equivocaciones del ocupante del Palacio de Planalto.
El nivel de rechazo de Bolsonaro es de 54 %. Entre los jóvenes —de 16 a 24 años— Lula tiene un 58 % de apoyo y en las mujeres, 49 % y su contrincante 23 %. En los de renta más baja, el ex mandatario tiene un 56 % de apoyo, el actual 20 %.
Mientras en las ciudades continúa la lucha política para evitar que el político derechista sea reelecto mediante sus falsedades mediáticas —las cuales empleó para ganar en 2018— en la aparente tranquila Amazonía sigue la batalla por la vida de la población ancestral, sus hábitos y tradiciones.
Con la impresionante superficie de 5 500 000 km² abarca nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela,
Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Ecuador. La Amazonia se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta.
Aunque algunas organizaciones no gubernamentales indican que en esa selva sobreviven unos 400 pueblos indígenas, pueden ser muchos más, pues se conoce la existencia de conglomerados aislados de la llamada civilización.
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