Año crucial para la paz en Colombia

Este año electoral en Colombia, donde las antenas políticas están sincronizadas para tratar de obtener la presidencia del país, el proceso de paz, bastante atrasado en su implementación, puede sufrir aún más descalabros y convertirse en otro intento fallido saboteado por el propio Estado.

Al menos en el reciente balance realizado por el gobierno y el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nacido de las disueltas guerrillas más antiguas de América Latina, quedó demostrado que los compromisos contraídos, en La Habana primero y en Cartagena de Indias después, se han cumplido solo un 18 % por parte del Estado.

Las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en cambio, asumieron sus obligaciones y, tal como suscribieron, desarmaron sus tropas y dejaron atrás los campamentos, identificaron a sus miembros en las llamadas zonas veredales y se convirtieron en un partido político aún de poco arraigo en el espectro político nacional.

A la cita de la pasada semana en Cartagena de Indias asistieron varios miembros de alto nivel del gobierno y de las FARC, así como los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y de España, Felipe González, garantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI).

 Los dos exmandatarios brindaron un informe de las distintas situaciones que han limitado el avance en el proceso de pacificación, en las que se observa una tendencia del Estado colombiano y de algunos partidos políticos y sus líderes de derecha de boicotear la implementación de las regulaciones.

Para los participantes de las tres partes quedó claro que el Acuerdo de Paz debe tener un impulso adicional este 2018, pues hay pruebas de que se están complotando disímiles fuerzas y poderes políticos para seguir atrasando la puesta en marcha de lo acordado.

Solo con decisiones de fondo, que corresponden al Estado y sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, podrá decirse que la paz no fracasó una vez más en Colombia. Y habría que considerar hasta qué punto Santos se comprometerá a imponer los criterios adoptados en La Habana y Cartagena en 2016.

El pasado año, según declaraciones de líderes del partido FARC, que por primera vez participarán en la lid comicial, ocurrieron actos que calificaron de deleznables, como las modificaciones hechas al acuerdo que en algunos casos suprime puntos esenciales para un tránsito tranquilo de los guerrilleros a la vida civil.

El Congreso Nacional, por ejemplo, suprimió la vía rápida para impulsar la resolución, lo que sorprendió a los grupos de izquierda y de Derechos Humanos, ya que las FARC-EP habían desarmado a sus combatientes. La retrancada legislativa ocurrió cuando se conocía que tras la salida de las áreas donde operaban, sus campamentos fueron ocupados por grupos militares que ahora siembran el terror entre el campesinado, absolutamente desprotegido.

Uno de los acuerdos indicaba que de manera voluntaria debían ser desmantelados los sembrados de coca por cultivos que solo servirían para consumo por la lejanía de los mercados de venta. Sin embargo, hay varios casos en que fuerzas militares por la fuerza han arrancado las siembras y desalojado a los habitantes de esas zonas agrarias, golpeando a los agricultores y echándolos de sus casuchas.

Tampoco se ha visto un atisbo de la tan anunciada reforma agraria integral. El gobierno de Santos ni siquiera moverá un dedo para quitarle a un terrateniente una hectárea de tierra de terrenos baldíos. Utilizados o no, los consideran propios y legales.

Muy triste, por la trampa que representa, es el rejuego empleado por el gobierno en la aprobada Ley de Amnistía e Indulto, ya que más del 70 % de los prisioneros políticos de las antiguas FARC-EP siguen encarcelados.

De una gran mentira puede considerarse la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP) ante la cual debían presentarse tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como los antiguos guerrilleros acusados de cometer delitos durante la guerra. Sin embargo, por decisión de la JEP solo serán juzgados los exsubversivos, en tanto dejan en libertad a los sicarios que asesinaron a miles de ciudadanos.

Ante la tensa situación que pone en peligro los seis años de negociaciones en La Habana, el excomandante en jefe de las extintas FARC-EP, Rodrigo Londoño (Timochenko), candidato por el FARC a la presidencia, advirtió que hay cifras crecientes de exguerrilleros y sus familiares asesinados, al igual que líderes sociales. Se estima que son más de 150, solo el pasado año. En carta enviada a la misión de la ONU escribió: “La soñada reconciliación naufraga ante el empuje de quienes insisten en negarnos un espacio en Colombia”.

Un mes antes, Timochenko denunció que “no se puede hablar de un balance feliz, cuando lo que se ha estado implementado no es lo firmado. Que se cumpla sin burlas lo pactado”, dijo el pasado 24 de noviembre cuando se cumplió el primer aniversario de la rúbrica del documento que supuestamente dejaría atrás 52 años de confrontación militar, con cerca de siete millones de personas afectadas.

Santos tuvo que reconocer ahora en Cartagena que “hemos encontrado obstáculos, hemos tenido retrasos, muchos de ellos por culpa del propio gobierno, por falta de coordinación en las entidades y por falta de planificación”.

 El presidente se comprometió a que este año dará un impulso especial a los acuerdos, pero pocos creen en su palabras, pues él conoce que la paz será usada por los políticos derechistas para tratar de ganarse votos electorales, en especial figuras como el expresidente Álvaro Uribe, ahora senador de la república.

Para analistas, Santos, uno de los hombres de Uribe, pues fue su ministro de Defensa en el último gobierno y ordenó el asesinato del canciller de las FARC-EP Raúl Reyes, cumplió su objetivo: firmar un acuerdo que deje prácticamente sin asideros a los antiguos guerrilleros, mientras él contempla con satisfacción el Premio Nobel de la Paz concedido por la Academia de Estocolmo por sus esfuerzos por alcanzar la paz colombiana.

Existen suficientes elementos que podrían hacer naufragar las negociaciones que su gobierno sostiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito, Ecuador, pues el comportamiento gubernamental crea dudas e incertidumbre.