Delete Facebook: grito de preocupación

Celeste, una chica de 18 años y su madre Jessica Burgess, están siendo procesadas por la realización de un aborto ilegal en el condado de Madison (Nebraska, EE UU). Una noticia que impacta, sobre todo tras  la acción del Tribunal Supremo respecto al aborto en ese país, pero que a simple vista no se conecta con el ámbito tecnológico, si no se explica que la huella digital de esta adolescente fue determinante para presentar una acusación contra ellas.

Ambas fueron procesadas por el delito grave de sustracción o abandono de un cuerpo y por ocultar la muerte de otra persona. Fue entonces cuando los investigadores solicitaron la información personal de la madre desde el 15 de abril: fotografías, audios y vídeos, mensajes privados y otra información de la cuenta.

La investigación del aborto de Celeste cuando solo tenía 17 años y alrededor de 23 semanas de embarazo –ilegal porque en ese Estado está prohibido hacerlo más allá de la semana 20– cuenta con dos páginas de una conversación privada entre una madre y su hija por Facebook Messenger sobre la compra y uso de la píldora abortiva.

Este caso pone la lupa sobre dos debates que replantean nuestro uso de redes y aplicaciones con datos personales. El primero se centra en cómo la información personal de las mujeres en la Red puede suponer un peligro para ellas cuando se trata de derechos reproductivos. En segundo lugar, hablamos de la privacidad de cada uno de nosotros más o menos cerca de la sede de la compañía de Zuckerberg. Vale plantearse hasta qué punto nos afectas sus términos  condiciones de uso que por demás no leemos en la mayoría de las ocasiones.

La campaña #DeleteFacebook en un problema mayor

La reacción ante el caso no se hizo esperar en otras redes sociales y en las primeras semanas de julio fue viral el #DaleteFacebook. El movimiento señala otros escándalos  de la compañía y el hecho de que, para los analistas, los principales activos de Meta o Facebook son sus más de 2 900 millones de usuarios y la información sobre nosotros que es recopilada, analizada o vendida. 

Uno de los tweets principales fue lanzado por la activista juvenil, Olivia Juliana, quien alertaba: “Mucha gente está perdiendo la perspectiva aquí. Independientemente de lo que haya en esos mensajes, pensaron que ella había abortado. Citaron a Facebook, que cooperó sin oposición, para obtener más información. Este precedente es peligroso. Esto pondrá a las personas en riesgo”.

Sin embargo, el contexto es aún más complejo pues el tema de la privacidad de los datos de las mujeres en las redes viene meses siendo objeto de debate en Estados Unidos. Hace casi un año, en septiembre de 2021, Texas Right to Life, la organización ultraconservadora más grande del Estado del sur, abrió una web que permitía denunciar de forma anónima a quien se creyese que había estado vinculado a un aborto. Por tanto, no se trata solo de Facebook solamente.

De hecho, cuando el Tribunal Supremo derogó Roe vs. Wade –que daba rango constitucional y garantizaba en todo el país el derecho al aborto– las mujeres estadounidenses empezaron a tener miedo por los datos que dejaban en las aplicaciones para monitorizar la regla, también populares en Cuba. Resulta que un informe de 2021 del Consejo Internacional de Responsabilidad Digital (IDAC) descubrió que los rastreadores de menstruación sin declararlo envían información personal sin cifrar o comparten datos con terceros para publicidad, por ejemplo.

Sería el caso de la app de menstruación Flo, con más de 100 millones de usuarias, quien llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) tras ser investigada por haber prometido mantener los datos de sus usuarios protegidos para luego compartirlos con Facebook y Google. Igual en el caso de Ovia, quien compartía los datos agregados sobre la planificación familiar de algunos usuarios con sus empleadores.

Promesas aparte, ni las empresas que guardan datos ni las aplicaciones están sujetas a normas como la Ley estadounidense de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, relacionada con el secreto profesional en las consultas y seguros médicos. De ahí que los magnates de los datos no tienen la misma obligación a pesar de que, por otra parte, reconocen el derecho a la privacidad.

Para la abogada española y columnista Paloma Llaneza, tiene todo el sentido preocuparse y movilizar campañas porque “nunca sabemos si acabaremos viviendo, de un día para otro, en un estado policial o en El cuento de la criada”. Además, añade que para impulsar nuevos derechos de privacidad y mantener los existentes –como los reproductivos– hay que tener presente que son un compacto de fina arena producto de la lucha constante de las generaciones pasadas.

Foto: George Kraychyk

Dicho análisis adquiere mucho más valor si se tienen en cuenta las últimas declaraciones al respecto compartidas por Andy Stone, portavoz de Meta: “Recibimos órdenes legales válidas de la policía local el 7 de junio, antes de la decisión del Tribunal Supremo. Las órdenes no mencionaron el aborto. Los documentos judiciales indican que la policía estaba investigando en ese momento la supuesta quema y entierro ilegales de un bebé que nació muerto. Las órdenes iban acompañadas de órdenes de confidencialidad, lo que nos impedía compartir información sobre ellas. Las órdenes ahora han sido levantadas”. ¿Es eso normal?

¿Lo que pasa en redes se queda en redes?

En EE UU, la ley obliga a las empresas tecnológicas a aportar datos privados de los usuarios en caso de que se las soliciten las autoridades vía orden judicial. En la Unión Europea, en cambio, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ofrece un marco legal mucho más robusto que hace el acceso a ese tipo de datos mucho más complicado.

Ese es, de hecho, uno de los motivos por los que la UE lleva años negociando con EE UU un tratamiento especial para los datos de ciudadanos europeos que se alojan en servidores ubicados en suelo estadounidense. Bruselas quiere asegurarse de que la CIA o el FBI no puedan acceder a información que guarden Google o Facebook sobre alemanes o españoles, por ejemplo.

Incluso algunas empresas, como Meta, han amenazado con retirarse de Europa si no se aclara el marco normativo porque se afecta el negocio de Políticas de Privacidad, a partir de la cual estos sitios venden tus datos a terceros como parte del modelo de negocios de una industria mundial millonaria.

En este debate se encuentran también usuarios que consideran extremista la idea de que empresas internacionales quieran sus datos, mientras, para los analistas cada dato ínfimo cuenta para identificar patrones de usuarios, sus modos de reacción e intereses. Cada registro cuenta para los estudios de Big Data desarrollados por estas plataformas al recopilar datos sin aparente valor –cifras basura– y pensar en monetizarlos.

Esos datos apropiadamente procesados podían servir para prever comportamientos por ejemplo en las búsquedas: qué atrapa tu atención, si has leído este artículo hasta aquí y Google podría hacerte sugerencias de textos similares. A su vez se pide a Google que “no registre y retenga innecesariamente los datos de localización de los clientes” y evite que se utilicen para identificar a las personas, en este caso que han abortado, con el riesgo de que los fiscales de los estados más restrictivos obtengan órdenes para perseguirlas.

La congresista demócrata por California Sara Jacob está tratando de evitar que esto ocurra y ha presentado el proyecto de ley “Mi cuerpo, mis datos” que exigiría a las empresas solo recoger y conservar la información sobre salud reproductiva “estrictamente necesaria” para prestar sus servicios, a menos que obtengan el consentimiento explícito de un usuario, dándoles el derecho a exigir que se elimine su información o que las empresas revelen cómo están utilizando los datos.

En los propios términos de uso, las personas permiten esos estudios globales y el registro de su actividad sin estar del todo conscientes. Las compañías deben pedir autorización a los usuarios para usar esos datos, pero al mismo tiempo se sobre carga a las personas con la decisión de permitir el uso de su información privada, en lugar de ser las empresas quienes garanticen la confidencialidad.

Otro factor de conflicto es el derecho de las plataformas a cambiar sus políticas sin avisar. De esta forma, una vez aceptes los términos podrían modificarlos a su conveniencia, como alerta la app de mensajería Sijú. Dicha herramienta además no garantiza la seguridad de datos personales y se acoge a normas de Facebook, una compañía con grandes escándalos relacionados también con el tema.

En Cuba, estos acuerdos digitales se emplean cada vez más como una cautela de los productores. Tal es el caso de los términos de ToDus que, sirven al menos a sus creadores para librarse de culpa en caso de problemas en el funcionamiento o robo de la información por terceros. Cualquier responsabilidad recae en los usuarios si deciden emplear la plataforma.

Incluso más allá de normas judiciales o términos de uso, en nuestro día a día en redes no estamos exentos de ofrecer nuestra privacidad a quien pueda interesar. Efectivamente lo que pasa en redes no queda en las redes y ya se da el caso de empleadores que revisan las redes personales para decidir si contratar a alguien. Estamos en la palestra pública para ser juzgados con cada postura, hábito o relaciones con la familia y sus opiniones que se dejen leer en nuestros muros.

Al mismo tiempo, a gran escala también la información personal detallada que se recoge es muy susceptible de ser analizada con técnicas de minería de datos y ser cotejada entre las distintas redes, sitios y formas de recopilación. Tan pronto se recaba un dato aparece la tentación de solicitarlo y la obligación de entregarlo.

De pronto los legisladores se percataron de que, con la economía de datos, se produce una ingente cantidad de información que se vende al mejor postor: incluidos gobiernos o bien puede ser la fiscalía tejana o un grupo conservador de la derecha radical antiabortos, en función de influir en la cultura y política.

Al tiempo que desde las propias empresas se vende la idea de una vida cada vez más transparente, donde muere la privacidad –como reforzó Mark Zuckerberg en una ocasión– en pos de desarrollar este llamado capitalismo de vigilancia. Un fenómeno ante el cual solo la alfabetización digital y la cultura informacional dotan al usuario de competencias para lidiar con este mundo hiperconectado.