La flora y fauna silvestres son de alto valor para el sustento de los seres humanos. Influyen en la salud de los ecosistemas y cualquier pérdida de la biodiversidad trae repercusiones a grande o pequeña escala en el bienestar de poblaciones enteras.
Sin embargo, factores como el cambio climático, la caza o tala ilegal, la contaminación o mala explotación de los recursos naturales ponen en crisis la situación medioambiental en el mundo.
Es por ello que en esta Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), declarada por la Organización de Naciones Unidas, se impulsan iniciativas que sustenten una relación no destructiva entre los seres humanos y el resto de la vida en el planeta.
Cuba en el marco de la conservación de la biodiversidad trabaja en la recuperación de hábitats y protección de especies amenazadas.
A nivel internacional, nuestro país es signatario del Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo relativo a las Áreas y la Flora y la Fauna Silvestres Especialmente Protegidas de la Región del Gran Caribe; la Convención sobre el Comercio Internacional de la Fauna y la Flora Amenazadas; la Convención de Especies Migratorias, entre otros asociados con la conservación de la biodiversidad.
Leyenda: Especies en peligro crítico de extinción (CR), en peligro de extinción (EN), especies vulnerables (VU), casi amenazadas (NT) y especie extinta (EX)
Entre sus objetivos de cara al 2030, mantiene el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; incluidos los relacionados con garantizar la seguridad alimentaria, la protección de los ecosistemas y del medio ambiente en general.
Desde el punto de vista legislativo destacan cuenta con el Decreto-Ley 81/1997 amparando la Resolución 160 /2011 y el Decreto-Ley 136/1993 del Patrimonio Forestal y de la Fauna Silvestre.
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La primera establece como deber del Estado, los ciudadanos y la sociedad en general proteger el medio ambiente mediante su conservación y uso racional. Mientras que la segunda regula la protección de la fauna silvestre con medidas como la restauración de los bosques de uso maderable o la no comercialización y caza de animales protegidos.
Nuestro país cuenta además con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituido por las áreas naturales, terrestres y marinas más importante, cuya conservación se prioriza y aparece reflejada en las políticas medioambientales.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Mapa: Sexto Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica)
En declaraciones el pasado Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), declaró que la cifra de áreas protegidas aumentó a 119, unas 16 fueron declaradas como tal en 2020.
En materia de la protección de ecosistemas también señaló que se alcanzó el 31.66 por ciento de índice de boscosidad en Cuba, ya que 89.1 miles de hectáreas se beneficiaron con el programa de conservación de los suelos.
Además, próximamente de conjunto con la CITES se llevará a cabo un proyecto para la protección y uso sostenible del Guayacán, árbol silvestre muy apreciado como planta medicinal.
Al respecto, especialista del Departamento de Biodiversidad y Bioseguridad de la Dirección de Control Ambiental, de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA), José Alberto Álvarez Lemus, explicó que entre sus objetivos se encuentran además examinar la distribución y dinámica poblacional de los guayacanes especies protegidas por CITES. Esto permitirá establecer regulaciones para la extracción no perjudicial de esos árboles.
PLAN GUBERNAMENTAL PARA LA LUCHA DEL COMERCIO ILÍCITO DE VIDA SILVESTRE
En el 2020 el Consejo de Ministros aprobó el “Plan gubernamental para la prevención y el enfrentamiento de los delitos e ilegalidades que afectan los recursos forestales y la flora y fauna silvestre”.
Este forma parte de la política ambiental de Cuba y es un programa transversal que abarca a diversos sectores de la sociedad. Está dirigido a organizar las acciones en torno al tema y buscar soluciones para proteger los ecosistemas del país. Por ejemplo, crear la base legal a prácticas que aún carecen de regulación, como el uso de recursos naturales por actores no estatales.
Para su elaboración se efectúo un riguroso estudio de las problemáticas en cuanto al manejo de la vida silvestre a nivel nacional, el cual conformó una guía de temas sobre los que intervenir.
Las actividades ilegales en el manejo de los recursos naturales causan importantes pérdidas a nivel medioambiental y económico. Tal es el caso de la pesca ilegal no declarada, la cual afecta especies protegidas como el cocodrilo y el quelonio. Sin embargo, prevenir actividades de este tipo lleva además de lidiar con las infracciones, una forma de influenciar en los asentamientos poblacionales y su forma de vida. Según el estudio son 160 las comunidades pesqueras cuyos ingresos dependen de esa labor, por lo que una reubicación o búsqueda de otras formas de ingresos podrían estar dentro del plan gubernamental.
Otra necesidad recae en fomentar una conciencia ambiental, tarea que prioriza el plan de acciones de comunicación que apoya al programa. Cabe señalar que según datos de la investigación previa a este, el pasado año ocurrieron más de 500 incendios forestales y entre las causas principales estuvo las indisciplinas humanas.
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