Sebastián Piñera viaja en medio de grave situación en Chile

El derechista presidente chileno, Sebastián Piñera, quiere demostrar que puede viajar durante 12 días al exterior, mientras en su país partidos de la oposición pretenden acusar a dos de sus ministros por la grave situación creada en el sureño territorio de Aysén, donde han aplicado una Ley de seguridad creada por el régimen militar del dictador Augusto Pinochet en 1975.

La gira de Piñera, quien asumió el Ejecutivo hace dos años, lo llevará a Vietnam, Corea del Sur y Japón, en aras de fortalecer, declaró, las relaciones con esas naciones asiáticas. Es significativo que su segunda parada sea Corea del Sur, donde participará como invitado especial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la II Cumbre de Seguridad Nacional, que se celebrará en Seúl los días 26 y 27 próximos.

Pero mientras el Presidente anda en sus gestiones por Asia, en Chile la situación política es sumamente delicada, a partir de la falta de entendimiento entre el conservador Gobierno y los habitantes de la municipalidad de Puerto Aysén, en la región austral de ese país, la cual ha desembocado en una fuerte represión de los Carabineros, que incluso hirieron a varios niños en la calle.

Los ciudadanos de esa lejana región austral están en las vías desde el pasado 16 de febrero para exigir al Gobierno que dé respuestas a 16 peticiones que mejorarían su situación económica y social, pero hasta ahora han sido desoídos por las autoridades nacionales.

¿Qué piden los pobladores de Puerto Aysén?

El conflicto entre los pobladores del sur de Chile y el Ejecutivo surgió cuando enviaron hace meses un pliego de 11 peticiones al Palacio de la Moneda — sede gubernamental - para tratar de lograr una conciliación sobre temas que afectan a los habitantes de la apartada zona.

Entre ellas se encuentran la estabilidad laboral, pensión regionalizada a los adultos mayores y discapacitados, salarios dignos y de calidad, rebaja en los precios de los alimentos y los combustibles, posibilidad de participar de manera vinculante en los megaproyectos planteados para la región.

Los demandantes también quisieran una universidad regional y servicios de salud, impensables en las actuales condiciones económicas de los pobladores.

Hasta ahora no nos entendemos con el gobierno, explicó la alcaldesa municipal de Puerto Aysén, Marisol Martínez, quien destacó a la prensa local que el atascamiento de las negociaciones — tras dos días de deliberaciones la semana pasada- se debe a que el Ejecutivo no transige en el costo de los combustibles, muy lejos del subsidio exigido por los aiseninos.

Martínez refirió que “hay una posición muy clara en el movimiento creado para defender los derechos de los ciudadanos, - cercanos a los 26 mil- y es que no habrá avances en los restantes 10 puntos hasta tanto no se resuelva el precio de los combustibles”.

Como pretexto para no acceder a las reclamaciones ciudadanas, el Gobierno de Piñera, al servicio de la oligarquía chilena, ha dicho que la región está muy alejada de la zona central del país, por lo cual suben los costos de transporte de insumos, que al ser vendidos hasta triplican sus precios; pero tampoco hay respuestas sobre las restantes demandas.

De manera pacífica, los pobladores de Aysén, región ubicada en la Patagonia, a unos dos mil kilómetros de la capital chilena, tomaron las calles el pasado mes de manera pacífica en reivindicación de sus demandas.

Después de la negativa respuesta del Ejecutivo la semana pasada cerraron algunas vías, desviaron dos caminos y pusieron barricadas, pero sin atentar contra el orden público de manera agresiva, pues no cargan armas de tipo alguno.

Sin embargo, la orden dada a los Carabineros ha sido la de reprimir de manera violenta, causando varios heridos por porrazos, balines y gas lacrimógeno, entre ellos niños pequeños que estaban junto a sus familiares, algunos de ellos incluso dentro de sus hogares.

El pasado jueves, la intervención de los uniformados contra los aiseninos se prolongó por casi 20 horas, con saldo de numerosos heridos y 22 detenidos.

Los uniformados desoyeron la orden de Juan Patricio Silva Pedreros, quien en su condición de juez de familia determinó “la prohibición absoluta a carabineros del uso de elementos de disuasión (bombas lacrimógenas y balines) en contra de las personas de los referidos menores y de sus respectivos domicilios”.

En medio de los ataques policiales fueron detenidos 22 trabajadores y miembros de organizaciones sociales, a los que el Gobierno aplicará la Ley de Seguridad Interior del Estado, impuesta por el dictador Augusto Pinochet, como método para resolver la crisis en Aysén. La responsabilidad de encausar a los presos con esa legislación recae en el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el de Energía, Rodrigo Álvarez.

Ahora, cuando el mandatario tomó el avión rumbo a Asia, en Santiago la oposición inició un movimiento para acusar constitucionalmente a Hizpeter y Álvarez por la puesta en práctica de la ley dictatorial, la cual fue calificada por la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, de “estrategia infértil, la cual sólo cosechará más descontento y más rabia de la población”.

Otro político que invoca la responsabilidad de los ministros es el secretario general del Partido Comunista (PC) y diputado, Guillermo Teillier, quien aseguró ante la prensa que “le diría al Ejecutivo que retire la aplicación de la Ley de Seguridad Interior de Estado y que comience un diálogo muy llano y abierto con los pobladores de Aysén”.

“Eso es lo que están requiriendo (los habitantes de Aysen), y no otra cosa”, dijo, en tanto consideró que las medidas económicas del Ejecutivo de Piñera, de tono neoliberal, han afectado a las grandes masas chilenas, incluida la clase media.

También el Partido del Socialismo Allendista exhortó al pueblo chileno y a sus organizaciones políticas y sociales a expresar su solidaridad con los gravemente reprimidos ciudadanos de la región austral.

La legislación — aseveró unos de sus voceros- “en su actual redacción es una ley de 1975”, que marca períodos de “generalizada represión y violación de los derechos humanos”.

ASUSTAR A LA POBLACIÓN

Es evidente que la estrategia del Ejecutivo chileno es asustar a la población — aunque no han podido hacerlo con los estudiantes que lo tienen en jaque desde el pasado año y el pasado jueves volvieron a las calles —, rememorando prácticas de los militares que durante su mandato (1973-1990) asesinaron, torturaron y desaparecieron a miles de personas. Con esa práctica tratan de evitar nuevos focos de protestas en la nación.

A pesar de la petición de políticos y de la Iglesia Católica, los ministros del Interior y de Energía indicaron que la norma pinochetista será practicada contra aquellos que cometieron supuestos delitos contra el Estado de derecho.

La norma dictatorial permite altas condenas de prisión a los detenidos de manera automática, aunque no se les haya comprobado el delito, entre ellos los considerados “desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública”.

También califica como perjuicios contra el orden la “destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos”.

El gobierno de Piñera ha empleado antes la Ley de los militares. El pasado año trató de enjuiciar a líderes mapuches bajo tal regulación y en enero pasado la utilizó durante el conflicto en la región austral de Punta Arenas por el alza del precio del gas.

Sin embargo, en Aysén se mantiene la protesta. Líderes vecinales del espontáneo movimiento de resistencia contra las fuerzas especiales alertaron de que no desistirán de sus peticiones, mientras exigieron la salida de los Carabineros. De seguir actuando brutalmente contra la población no hay diálogo, advirtieron.

Mientras, el Presidente, como si viviera en un mundo de paz, viaja rumbo al Oriente.

Con dos protestas en el mismo día los secundarios iniciaron el jueves sus movilizaciones del 2012, para exigir que unos 200 alumnos puedan volver a sus escuelas. Varios alcaldes, que administran los colegios no les renovaron las matrículas por participar en las movilizaciones del 2011.

Uno de esos alcaldes, el coronel retirado Cristián Labbé, de la elegante comuna de Providencia, tiene un oscuro pasado en los servicios de seguridad del régimen militar, 1973-1990, y fue ministro del dictador Augusto Pinochet.

El gobierno trata de frenar la sublevación de Calama, en el norte, para que no se repita la situación de Aysén, que ha desviado la atención de varios ministros y ha ocupado a centenares de policías antimotines.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el viernes el envío al congreso de un proyecto para crear un fondo de deje un mínimo porcentaje de las riquezas del cobre en Calama, 1,570 kilómetros al norte de Santiago.

La aspiración de Calama y de otras ciudades mineras se prolonga por décadas, pero el anuncio no fue suficiente para detener las movilizaciones.

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, advirtió que “seguiremos movilizados y atentos a que todas nuestras peticiones se cumplan”.

“Este movimiento social es una apuesta y va a ganar quien demuestre que puede controlarlo”, advirtió al periódico La Tercera el dirigente cuprífero Cristián Cuevas.

Hinzpeter buscar evitar en Calama la situación de Aysén, 1,680 kilómetros al sur de Santiago, donde el gobierno no pudo dividir al Movimiento Social por Aysén, integrado por 24 dirigentes sociales y gremiales, que rechazaron discutir sus demandas en mesas separadas.

Aysén se rebeló hace un mes y medio, bloqueó caminos y planteó una decena de peticiones, que parten por una rebaja del combustible, mucho más caro que en Santiago. No hubo acuerdo porque la oferta oficial es muy inferior a lo solicitado.

El intento de hacer negociar a los dirigentes por separado interrumpió un accidentado diálogo y reavivó tomas de caminos y enfrentamientos con decenas de policías antimotines llevados desde Santiago.

El viernes, desconocidos quemaron un autobús y un carro lanzagases policiales y el Gobierno se querelló contra 22 personas, incluidas dueñas de casa, campesinos, obreros y pescadores, invocando una controvertida Ley de Seguridad del Estado, que establece penas de cárcel para quienes bloqueen calles y alteren el orden público.

Iván Fuentes, vocero del Movimiento de Aysén, solicitó al Ejecutivo retirar las querellas, “para poder empezar a caminar como corresponde con gente civilizada”.

“Hay que entenderse desde el intelecto y no por la ley del garrote”, añadió.

El Movimiento ha denunciado un exceso de represión policial, dirigida incluso a barriadas pobres. Fotografías y vídeos captados con celulares muestran a policías antimotines lanzando piedras hacia casas, que también han recibido bombas lacrimógenas en sus patios.

El director de la policía, general Gustavo González, alegó que son “acciones individuales” y que “tenemos que ajustar nuestros procedimientos e impedir que se produzcan”.