El gobierno de Venezuela ejecuta un plan de medidas contra reconocidos agentes políticos internos y externos que pretenden impedir la celebración de elecciones presidenciales este año, en las cuales participará la oposición, en lo que será una acción democrática de amplia participación popular.
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Dos acontecimientos movieron el piso político de la nación suramericana, primera reserva mundial de petróleo ambicionada por Estados Unidos (EE.UU.): la expulsión del país este mes de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y la aprehensión de ciudadanos acusados de conspiraciones contra autoridades del más alto nivel.
En las dos últimas semanas, la fiscalía general de la República denunció lo que calificó de una feroz campaña contra el sistema judicial venezolano, que en los últimos días aprehendió a una connotada contrarrevolucionaria involucrada en planes terroristas, incluido atentados mortales contra dirigentes partidistas, militares y gubernamentales.
El fiscal general de la República, Tarek Williams Saab, evidenció con pruebas contundentes ante la opinión pública nacional y extranjera cómo se organizan los proyectos de los más furibundos opositores para impedir la eventual reelección del presidente Nicolás Maduro.
Hace pocos días, Williams Saab demostró que la cruzada contra el sistema judicial venezolano es organizada por los mismos sectores que ignoran a las instituciones democráticas de su país y ampararon la puesta en marcha de los golpes anticonstitucionales contra el llamado socialismo del siglo XXI puesto en marcha por el fallecido líder revolucionario Hugo Chávez Frías en 1999.
En los últimos días fue aprehendida la abogada Rocío del Carmen San Miguel cuando se disponía a abandonar Venezuela, además de otros cinco personas también presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era asesinar a Maduro.
Aunque en círculos políticos locales y foráneos la detención de San Miguel dio lugar a protestas en su mayoría pagadas por círculos de extrema derecha, los resultados de las investigaciones determinaron la presentación de los detenidos en el Tribunal Segundo contra Terrorismo.
Las indagaciones demostraron que ese grupo organizó ataques previstos contra varias unidades militares de San Cristóbal, estado Táchira, y otras entidades de la nación suramericana.
San Miguel Sosa fue retenida por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
La Fiscalía también solicitó la prisión preventiva de Alejandro José González de Canales, expareja de San Miguel y excoronel del Ejército venezolano por presunta comisión de delitos asociados ¨a revelación de secretos políticos y militares¨, relativos, dijo el ente judicial, a la seguridad de la nación, obstrucción a la justicia y asociación.
A los informes del Ministerio Público se unieron también declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil, quien demostró a EE.UU. que las tramas contra las autoridades legítimas de su país tenían el apoyo financiero y logístico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) de la nación norteña.
Gil escribió en su cuenta X que esos dos organismos se unieron a opositores virulentos locales y crearon un nicho conspirativo entre Miami, en territorio estadounidense, y la inteligencia del Ejército de la vecina Colombia, desde donde han salido en varias ocasiones mercenarios contratados para penetrar en territorio venezolano y establecer un gobierno provisional.
Los conspiradores pensaban utilizar de nuevo –como en otras ocasiones- la violencia, como arma importante para desestabilizar el país.
Las palabras de Gil desmintieron al portavoz del Consejo Nacional de la Casa blanca, John Kirby, quien expresó su profunda preocupación por la detención de San Miguel, una persona al parecer muy conocida en los corrillos del régimen estadounidense.
EXPULSADA COMISIÓN DE LA ONU
Asimismo, el gobierno de Caracas ordenó el pasado día 15 la expulsión del personal adscrito a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Maduro anunció la suspensión de la cooperación bilateral luego de que un comunicado del Alto Comisionado Volker Turk, mostró preocupación por San Miguel, pero omitiendo las razones de su detención.
También el relator independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahri, publicó un duro informe contra el gobierno socialista el pasado día 14, en el que señaló que en Venezuela ¨aún hay hambre y desnutrición¨, sin hacer alusión al bloqueo estadounidense contra el país, y en una actitud injerencista expuso que los productos entregados por el Estado mediante los comités locales de abastecimiento y producción ¨constituyen una forma de clientelismo político¨.
Aunque varios círculos políticos dentro y fuera del país suramericano expresaron su desacuerdo con la medida oficialista, el canciller Gil demostró que la Oficina mantenía una actitud ¨colonialista, abusiva y violadora de la Carta de la ONU¨.
El ministro aseguró que Venezuela continuará cooperando con el tema de los derechos humanos luego del cierre de la entidad y la salida de sus funcionarios.
En su opinión, la entidad ¨se ha desviada del mandato¨, y aclaró que fue creada para una colaboración técnica con el Estado venezolano, mejorar y optimizar lo relacionado con la protección de los Derechos Humanos en el país y mostrar el apego de Caracas a esos principios.
Empero, y según pudo comprobarse, devino una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha de Venezuela.
A pesar de las denuncias oficiales sobre la desarticulación de cinco atentados contra el presidente, ni esa Oficina ni la del Alto Comisionado en Ginebra expresaron preocupación por la actuación de los grupos violentos, a los que pertenecían los ahora detenidos.
Y, como se ha hecho público en numerosas ocasiones, las acciones que han costado cientos de vidas inocentes al pueblo venezolano, buscan vulnerar, de manera masiva, los derechos humanos de quienes optaron por un sistema político inclusivo y humanista.
Es evidente que la ONU demostró un doble rasero para medir la manera en que desea vivir una nación independiente y soberana, pues, con su actitud al lado de los extremistas, la oficina de Caracas protegía, paradójicamente, a quienes intentaron subvertir el orden constitucional.
Cuando se abrió la institución, muchos entendieron que buscaría estrechar sus relaciones con el Estado y denunciar en las instancias a que pertenece los efectos de las más de 930 medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra los venezolanos, además de crear mecanismos para que sean suprimidas.
Ahora Venezuela, que defiende los derechos de los pueblos en principios básicos, solo se relacionará con aquellas agrupaciones dedicadas a esa labor bajo los principios de protección de la Carta de Naciones Unidas.
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