El presidente colombiano Gustavo Petro busca un necesario Acuerdo Nacional entre los actores políticos de la nación suramericana, mientras su gobierno sufre los embates de fuerzas derechistas y de otras tendencias que persisten en políticas negativas basadas en la partidocracia y el desinterés por la paz.

Petro instaló hace pocos días la segunda legislatura del Congreso Nacional, donde carece de mayoría por disidencias en la coalición Pacto Histórico con el que ganó la primera magistratura, por desacuerdos, argumentaron, con varias reformas de enorme trascendencia social, en discusión en ese ámbito.

Este período comprende desde el pasado día 20 hasta fecha similar del 2024. En la agenda preliminar aparecen el análisis y aprobación de las innovaciones en la salud, laboral y de pensiones, entre otros proyectos transformadores.

Cuando se instaló en el Palacio de Nariño, el mandatario propuso un gran Acuerdo Nacional que incluyera a todos los partidos, y con ello darle un impulso contundente a su proyecto de Paz Total en el país, que incluso comprendía a bandas paramilitares vinculadas al tráfico de drogas, como el Clan del Golfo, además de los grupos guerrilleros en activo.

Con sus quehaceres, el izquierdista Petro demostró que sus proyectos inclusivos no eran retórica de campañas electorales. Su posición, aunque en principio fuera aceptada, no era compartida por determinados grupos de poder enquistados en partidos tradicionales, como el derechista Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, ahora en el Senado, u otros que proclamaban cambios, pero no demasiados.

Algunas agrupaciones miembros del Pacto Histórico colapsaron, y la mayoría con que contaba en el Ejecutivo y el Congreso cayó con ellas. Las reformas planteadas por el exalcalde de Bogotá y exsenador de la República eran muy arriesgadas para quienes compartían un sistema político discriminatorio, cogobernado por los barones de la droga, bajo el mando latente de Estados Unidos (EE.UU.) y sus siete bases militares en el territorio nacional.

El resultado fue que Petro debió recomponer su gabinete, trazar nuevas alianzas y luchar a brazo partido para que el Congreso aprobara algunas de sus mandamientos, como el Plan de Desarrollo hasta el 2030 y la reforma tributaria.

PETRO QUIERE MUCHO MAS

El presidente Petro es un hombre de palabra. Está llevando adelante su proyecto bandera de devolverle la paz a Colombia, luego de más de 50 años de confrontación de grupos guerrilleros que luchaban contra el sistema capitalista y el Estado –según indicaron sus jefes- como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya disueltas, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El incumplido Acuerdo de Paz con las FARC –con cuyas disidencias ahora el actual gobierno inició acercamientos- fue firmado en 2016 en La Habana durante el régimen de Juan Manuel Santos. Los asesinatos selectivos de los antiguos miembros de esa agrupación y de líderes sociales, la represión sistemática, la no entrega de tierras prometidas para cultivos que garanticen la seguridad alimentaria, han creado un ambiente de desconfianza de otros grupos armados.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia  ​​​​​​​denunció el pasado martes el asesinato de tres líderes sociales en diversas regiones del país. Precisó Indepaz que con esos casos los activistas ultimados por sicarios ascendieron a 97, y a 1 511 desde 2016.

Petro confía en que solo el silencio de las armas, aunque temporal, como ahora con el pacto alcanzado con el ELN, abre un camino para después acallar a los paramilitares. En agosto próximo se efectuará en Caracas, Venezuela, el cuarto ciclo de negociaciones con el ELN, mientras fuentes cercanas a Nariño indican que son probables conversaciones con otros grupos armados.

Pero esos propósitos pueden fracasar si el gobierno de Petro no se afianza en Bogotá, donde hace poco más de un mes hubo un alerta sobre un eventual golpe de estado blando desde el Congreso Nacional y los enemigos allí existentes al plan de reformas.

Por eso el presidente llamó de nuevo a un Acuerdo Nacional, con los actores actuales de la política –incluidos exmiebros del Pacto Histórico y entidades conseradoras- no solo para alcanzar la paz absoluta, sino para, dijo, allanar el camino ¨para construir un país con justicia social y ambiental¨.

Insistió en sellar un compromiso que permita transitar hacia una sociedad “más justa y más productiva”. Por ello, consideró que para acuñar este concepto ante los desafíos a los que se enfrenta el país en la actualidad, ese acuerdo debe suscribirse entre las diferencias y las diversidades sociales, económicas y políticas”.

La ultraderecha reaccionaria busca la paralización y bloqueo del Ejecutivo con distintas estratagemas e intrigas políticas, pero Petro, por el contrario, mostró  imaginación y creatividad con su tesis de la unidad nacional e hizo hincapié no solo en la paz, sino en materializar los derechos de millones de colombianos pobres y excluidos.

Colombia posee 51 600 000 habitantes. Bogotá, la capital, paraíso de la emigración interna, cuenta con alrededor de 7 900 000 ciudadanos, seguidos por el departamento de Antioquia con 6 680 000, refieren datos de 2023.

Informes oficiales de abril último indican que en esa fecha el 39,2 % de la población vive en pobreza. Un 44 % de ese porcentaje en zonas rurales, el 37,8 en urbanas y el 34 % en ciudades grandes

La población del país exportador de café más importante de Latinoamérica –y también el mayor productor y distribuidor de drogas del mundo- posee una dramática brecha de desigualdad económica. Solo el 10 % de los adinerados colombianos recibe 11 veces más que el 10 % más pobre.

Son deplorables los índices económicos y sociales de esa nación suramericana. Petro hace lo imposible, a pesar de los ataques en su contra, para cambiar los índices que hacen de Colombia uno de los Estados de mayor desigualdad en el mundo.

Un reciente informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) reproducido en el semanario Portafolio, advirtió que el 81 % de la tierra privada se concentra allí en un 1 % de personas, lo cual entraña una incómoda situación para los planes de reforma agraria planteados por Petro.

El actual gobierno ya entregó 30 000 ha de tierras, en busca de más justicia con los campesinos del país,  pero el Estado debe cumplir con el acuerdo de paz de 2016 que propone donar 500 000 ha por año. Con la reforma agraria el compromiso se eleva a dar más de 3 000 000 de ha a los cultivadores pobres.

La situación del empleo formal también es preocupante, pues el solo del 40 % de la población económicamente activa posee empleo formal, una de las tasas más bajas de Latinoamérica, según el Banco Mundial. Existen 2 800 000 individuos que, según esa entidad financiera, comen mal y poco.

Esta es la situación que podría transformarse si Petro consigue el Acuerdo Nacional al que se niegan los intereses de la oligarquía y los barones del narcotráfico, de enorme influencia hasta ahora en la política local.

En su exposición ante las Cámaras legislativas, el Presidente precisó que desea impulsar la movilización de la sociedad nacional alrededor de dos pilares: el de la justicia ambiental y el de la justicia social. La ambiental debe construirse alrededor de la transición energética y la protección de los recursos naturales y la social mediante la reforma agraria.

Los cambios en la propiedad de la tierra es obstruida por la oposición latifundista y el sabotaje burocrático de Ministerios y otras agencias, atacada violentamente por paramilitares en departamentos como el Meta, Cauca, Cesar, Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena.

La unidad nacional conlleva la garantía del derecho a la salud, de las pensiones y de la reforma laboral que proteja a la clase trabajadora de las  leyes neoliberales y su fin supremo es alcanzar la paz, indicó el mandatario.

NUEVOS MOVIMIENTOS

Aunque no hay una proyección oficial, la publicación Semana, de tendencia conservadora, afirmó este viernes que en fecha próxima el gobierno hará nuevos cambios en su gabinete, una información basada, dijo, en una ¨fuente de entero crédito en el Palacio de Nariño¨.

De acuerdo con Semana –que no trata con consideración alguna al Presidente- se ignora los eventuales ministros que serían removidos, en un movimiento que ese órgano vincula como ajustes necesarios para alcanzar el Acuerdo Nacional con nuevos apoyos en el Congreso.

Analistas de otras tendencias consideran que si Semana acierta es porque el mandatario tiene puesta su visión en las próximas elecciones departamentales y municipales el próximo 29 de octubre.

En el crucigrama político, la presencia –siempre en hipótesis- de titulares de partidos cercanos a las ideas del primer mandatario o que comparten algunas, puede incidir en el voto de los electores para escoger 32 gobernadores, 1 101 alcaldes, 418 diputados regionales, 12 063 concejales y 6 814 ediles dispuestos a cumplir los preceptos del Acuerdo Nacional en sus territorios.