Pedro Sánchez se mantiene en la presidencia pero, ¿a qué costo?

El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, fue reelegido este jueves como presidente del Gobierno por tercera vez en los últimos cinco años. Casi cuatro meses después de que los españoles acudieran de manera anticipada a las urnas en las elecciones generales del 23 de julio, el país contará otra vez con un ejecutivo de coalición sui géneris.

Y es que para permanecer en el Palacio de la Moncloa, Sánchez se vio forzado a repetir la estrategia de las alianzas y pactar con partidos de las más variadas tendencias del espectro político de centro izquierda, competidores y rivales entre sí. Todo ello, para superar la brecha entre los 122 escaños que logró el PSOE en el 23-J y los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta.  

Algo que consiguió tras largas semanas de negociaciones para nada ajenas a la polémica y el reclamo popular. Uno de los primeros pactos fue con Sumar, la agrupación de movimientos de la izquierda creada este año bajo el liderazgo de la candidata y vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, quien fue la vicepresidenta segunda en el anterior mandato de Sánchez.

Con Sumar, su principal aliado en el Congreso, el PSOE pactó acuerdos en materia laboral y salarial, como la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5.

También se pactó con partidos como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria (CC), y con los vascos nacionalistas e independentistas del Partido Nacionalista Vasco y Bildu. En este caso, los acuerdos conllevan desde la ampliación de derechos laborales a la condonación de deuda, el traspaso de competencias o la ampliación de recursos.

Pero los acuerdos que más controversia han causado los firmó con dos partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya. El primero contempla, entre otras cosas, la condonación de deuda del gobierno catalán por valor de US$15.000 millones, mientras que el segundo recoge la medida más polémica entre las negociadas por el PSOE: una ley de amnistía que beneficia a cientos de condenados por el proceso independentista catalán, que culminó en 2017 con una declaración de independencia unilateral ilegal.

La investidura se produjo en medio de un gran despliegue de seguridad en el Congreso y después de días de tensión en las calles y protestas frente a las sedes del Partido Socialista, principalmente en Madrid, que se han repetido cada noche durante casi dos semanas y algunas acabaron en enfrentamientos. Todas, en menor o mayor medida, incitadas por Vox y el Partido Popular, a quienes Sánchez deberá hacerle frente en el Congreso para desarrollar el programa de su legislatura.

Sin embargo, no será de lo único de lo que deba preocuparse. Queda por ver su nivel de compromiso con lo acordado y cómo influye en su programa político los intereses partidistas específicos. De hecho, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ya dijo que “la estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos”.

Evidentemente Sánchez deberá lidiar con los independentistas, que ya alertaron que su apoyo al PSOE se verá “día a día”, pero también con los distintos grupos sociales inconformes. De ahí que se espere máxima presión por parte de la oposición tradicional para desmontar un andamiaje organizado solo por el temor al avance de la extrema derecha.