Muerte avisada

Quizás la ciudadanía ecuatoriana jamás ha sufrido una crisis de inseguridad social como ahora, cuando en un hecho sin precedentes un grupo de siete colombianos presuntamente asesinó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, al que dejaron casi sin seguridad personal cuando salía de un mitin de campaña en Quito, la capital, el pasado miércoles.

Villavicencio, 59 años, periodista e investigador en temas de corrupción, exlegislador, estaba postulado por el Movimiento Construye. Los encargados de proteger al político, amenazado de muerte por una banda mafiosa, era apenas un escolta, que lo sacó a una camioneta común, sin chaleco antibalas ni cascos, por la parte frontal del Colegio Anderson y no por la trasera. Su auto blindado lo habían mandado a Guayaquil.

El presidenciable, que ocupaba el segundo lugar en la preferencia electoral, según encuestas, recibió varios disparos mortales realizados –indican informaciones oficiales- por siete individuos ahora identificados como colombianos, uno de ellos herido y fallecido poco después, en circunstancias que algunas voces consideran confusas, pues se desconoce quién repelió el ataque.

Hasta la captura de los extranjeros, las autoridades estimaban que el atentado fue realizado por miembros de cárteles de la droga que operan en Ecuador. Otras nueve personas resultaron tiroteadas en el lugar, donde las autoridades encontraron 64 cartuchos de balas.

La Policía Nacional informó que el vehículo blindado asignado al candidato “estaba ocupado en un mitin político en Guayaquil”, lo cual despertó el escepticismo de la población local, que repudió el hecho con posible repercusión en la votación del día 20. Los siete postulados a la presidencia también rechazaron de inmediato el homicidio.

El candidato de Construye, que se autocalificaba de izquierda moderada y luego de centro, es el tercer político asesinado en las últimas semanas, luego del alcalde de Manta Agustín Intriago y el aspirante a asambleísta Rider Hernández. Este jueves, Estefany Puente, postulada a legisladora por la provincia Los Ríos, también sufrió un atentado por disparos en el sector conocido como El Club de Leones. El vehículo de Puente Castro, quien sufrió heridas leves, fue interceptado por dos hombres, que le dispararon y huyeron.

Aunque el escenario ecuatoriano es complejo y hay muchas interrogantes sobre este caso que conmovió al país, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, ratificó este jueves que se mantiene la fecha de las elecciones generales adelantadas, en las que se elegirá al sustituto del presidente Guillermo Lasso y a los miembros de la Asamblea Nacional.

Atamaint aseguró que las fuerzas del orden público, en medio del estado de excepción durante 60 días dictado la víspera por el mandatario, redoblarán la seguridad en los recintos comiciales. El mandatario decretó tres días de duelo nacional en su alocución e informó que solicitó al Buró Federal de Investigación (FBI) de EE. UU. su colaboración para desentrañar este caso.

Sin embargo, en los corrillos públicos, amén de las conclusiones del FBI, son muchos los que cuestionan el papel de la seguridad personal de este político, y consideran que esa fuerza no es ajena a los hechos, ya que lo expuso a sus atacantes.

¿QUÉ PODRÍA SUCEDER CON LAS ELECCIONES?

Ecuador es, en estos momentos, un polvorín. La violencia se ha elevado a niveles que el gobierno de Lasso, y antes el de Lenin Moreno, no pudieron contener. De  2021 a 2022 los homicidios subieron de 2 464  4 450, y este año promete ser peor, pues solo entre el 1 de enero y el 1 de julio pasados ya hubo 3 568.

¨El narcotráfico se ha apoderado de los poderes de la nación¨, denunció desde Bélgica en entrevista con el canal RT el expresidente Rafael Correa, a quien el sistema judicial derechista ha intentado detener y condenar mediante pruebas falsificadas por supuesta corrupción. Villavicencio era uno de sus críticos más severos y trató de vincularlo con la delincuencia sin que hasta su muerte haya presentado prueba alguna. Incluso solía apoyarse en EE.UU. para denunciarlo. En junio de 2016, una investigación del canal Telesur relacionó al candidato con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana en una conspiración para desestabilizar al gobierno del exdignatario, junto al exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Mario Pazmiño y agentes encubiertos.

Esta situación de violencia incontenible se hizo visible tras la asunción de Moreno, que junto a la venta de los bienes públicos a consorcios y empresas, introduciendo el neoliberalismo en un país de políticas públicas inclusivas, permitió el desarrollo de grupos criminales relacionados con el narcotráfico, algo impensado durante la Revolución Ciudadana dirigida por Correa, que lo propuso en el cargo para sustituirlo, confiado en que entregaba el Palacio de Carondelet a un izquierdista de corazón.

Lasso, su relevo, un banquero millonario que careció de control alguno del Estado, se vio envuelto dos años después de su ascensión en un proceso de enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional, acusado de vínculos con un empresariado corrupto.

Para evitar ser sustituido, pues así se vislumbraba su final, dictó una muerte cruzada –cierre del Legislativo y llamado a elecciones generales adelantadas- que ensombreció aun más la situación local, resentida además por los motines carcelarios organizados por delincuentes que desde esos recintos dirigen operaciones, fomentan luchas por los territorios, y duplican en las calles los secuestros, asesinatos, violaciones y robos.

En las 36 cárceles ecuatorianas hay actualmente detenidas 31 319 personas, en su mayoría relacionadas con las drogas, que viven en condiciones infrahumanas y se enfrentan por disputas territoriales.

Aunque el grupo criminal Los Choneros se responsabilizó con el ataque, el ministerio del Interior informó poco después la captura de seis colombianos, más uno que murió tras ser herido, considerados los presuntos culpables. Esta situación recuerda lo ocurrido en Haití, cuando mercenarios de Colombia ultimaron, con la anuencia de sus guardaespaldas y autoridades, al presidente haitiano Jovenal Moïse en 2021.

El ministro del Interior, Juan Zapata, responsable de la protección de Villavicencio afirmó que este ¨es un crimen político con carácter terrorista¨.

La banda Los Choneros está aliada – afirman sus líderes- al Cártel de Sinaloa, mientras los Lobos, sus rivales, son socios del Cártel Jalisco Nueva Generación, agrupaciones mexicanas que extendieron sus disputas al Ecuador. Villavicencio las venía investigando y Los Choneros amenazaron con matarlo.

Esa agrupación incluso puso precio a la cabeza de Lasso y ofreció 10 000 000 de dólares a quien esté dispuesto a quitarle la vida.

Ante las cámaras de televisión, un periodista local indicaba como Ecuador se transformó en el segundo país de la región suramericana en la incautación de drogas, solo por detrás de Colombia. Entre marzo de 2019 e igual mes de este año se descubrieron 670 tns. de narcóticos.

Pie de foto: Soldados custodian las calles tras el toque de queda determinado por Lasso para los próximos 60 días (Foto: Tomada de anadolu agency)

Algunos especialistas consideran que en el entramado del negocio de la droga en el meridiano del mundo actúa también el Cártel de los Balcanes o mafia albanesa, pues en países europeos un kg de cocaína duplica su valor con relación a la vendida en EE.UU., el otro gran mercado consumidor.

La droga, estiman esas fuentes, sale desde varios puertos del Pacífico, el más notable de ellos situados en Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador.

En ese escenario es que ocurre el repudiable hecho. Una de las primeras en reaccionar fue la aspirante a la presidencia Luisa González, de Revolución Ciudadana, y quien lidera las encuestas. La política afirmó: ¨Con indignación recibo la terrible noticia del atentado (…) eso nos enluta a todos¨. Con palabras parecidas se pronunciaron el resto de los postulados.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS COMICIOS?

La muerte de Villavicencio, cuya fotografía permanecerá en las boletas electorales, abre varias interrogantes sobre el comportamiento de los votantes, lo cual, hasta hace cuatro días estaba determinado por las encuestas, que situaban en primer lugar a la correísta González.

El fallecido exlegislador no tendrá reemplazo para la presidencia, pues así lo exige la ley.

Pablo Iturralde, dirigente de la Asamblea Nacional Ciudadana (ANC), salió al paso a algunos actores que piden la suspensión de los comicios, ¨sino que hay, dijo, que denunciar las maniobras del gobierno para hacerlo y extender su mandato de forma inconstitucional y dictatorial".

Simón Pachano, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que el crimen de Villavicencio quizás propicie cambios notables en los resultados de las elecciones. 

"Puede afectar a la candidata Gonzalez por el enfrentamiento que Villavicencio mantuvo con ellos y abre un interrogante sobre el segundo lugar. No sería extraño, precisó, que su nombre ocupe ese lugar ya que no puede ser eliminado de la papeleta y habrá muchas personas que lo voten como una forma de rechazo y de dar el pésame", planteó Pachano en diálogo con Página/12.

Interrogantes y previsiones que ocuparán titulares y espacios en los próximos días, pues Villavicencio murió, pero su candidatura permanecerá y nadie ha dicho que no pueda ser votado.

Así de complejas andan las cosas por Ecuador, mientras Lasso espera la llegada del equipo del FBI, que quizás destape una olla poco conveniente para algunos actores políticos de esa bellísima tierra suramericana.

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