Ley de Minería Metálica rehabilita la explotación de recursos como el oro en el Salvador

Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron la iniciativa que envió el gobierno de Nayib Bukele de Ley General de Minería Metálica, con la que derogará la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que se emitió en 2017 luego de años de lucha de organizaciones ambientalistas y la Iglesia Católica en el país.

Bastaron dos horas y media para que la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión realizara un breve análisis del proyecto de ley con el director de Energía, Hidrocarburos y Minas y que los diputados de Nuevas Ideas que dominan la comisión votaran a favor del dictamen el pasado sábado. De igual forma, fueron menos de dos horas las dedicadas a la discusión del tema en la sesión plenaria.

La Ley dice que el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica; pero le da la potestad de hacerlo por medio de sociedades.

“Eso podrá realizar a través de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad, o a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta, las cuales deberán cumplir con las regulaciones que establezca para tal efecto la Dirección”, dice el artículo 6 del decreto.

Significaría que las regulaciones para dichas sociedades o empresas que sean creadas quedarán a criterio de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas como “autoridad competente” para conocer las actividades mineras metálicas.

La práctica de hacer sociedades privadas con acciones y bienes de instituciones públicas ya se realizó por medio de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), para la constitución de la empresa Constructora El Salvador, entre cuyos directivos también había funcionarios de gobierno y es criticada por la opacidad en el manejo de sus recursos.

«La explotación inició hace mucho tiempo y el Estado no era un actor determinante en esta actividad, es por eso que se tuvieron malas experiencias en el pasado. Pero ahora con esta ley estaos garantizando que el estado va a ser un actor fundamental en todos los procesos», argumento la diputada oficialista, Elisa Rosales.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, calificó como una «vergüenza» la aprobación de la ley.

«Qué bonito escuchar que digan que el Estado será el único que va a explorar, que va a explotar. Señores, llevan seis años de estos gobiernos y si algo nos han demostrado es que ellos gobiernan para una minoría privilegiada, es que ellos gobiernan no para la gente. Eso nos han demostrado», dijo Rivas.
Agregó que la ley está centrada en el Estado, pero no en la salud de la gente y que es darle más poder y control al gobierno.

Incluso pretenden otorgar las concesiones sin pasar por la Asamblea Legislativa. “Para la realización de las actividades mencionadas en el inciso anterior, el Estado y las sociedades en la que posea capital accionario y de economía mixta no requerirán del otorgamiento de concesión ante la Asamblea Legislativa”, señala el inciso segundo de ese mismo artículo.

Con eso tratarían de evadir lo establecido en el artículo 120 de la Constitución de la República que ordena que en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de obras materiales de uso público deberán someterse a aprobación de la Asamblea Legislativa.

«No si aquí al final ya sabemos que no les gusta la transparencia», expresó la diputada Rivas sobre la eliminación del proceso de concesiones.

«Hoy no solo puyan el botón, sino que condenan a un Estado a morir por beber agua contaminada, por estar expuestos a respirar químicos que no se deben», Cesia Rivas, diputada de Vamos

En cambio, se exigirá a personas naturales o jurídicas en las que el Estado no tenga participación que cuenten con las autorizaciones o permisos específicos para las actividades del ciclo minero metálico que sean diferentes a la exploración, explotación, extracción y procesamiento.

Riesgo a la vida

Diputados de oposición criticaron duramente la aprobación de la ley.

«Ese voto va a permitir que millones de vidas salvadoreñas sean afectadas, pero unos cuantos van a ser beneficiados con sus bolsillos», dijo el diputado de ARENA, Francisco Lira.

Mencionó que las instituciones que estarán encargadas en la protección del medio ambiente y el agua por la actividad minera, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), tendrán menos recursos en sus presupuestos para 2025.

«Reflexionen, no sigan al orden de una sola persona para que apreten el botón», dijo Lira.

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, criticó que la ley se apruebe un día antes de Navidad «para que a la gente se le olvide el día de mañana» y también reprochó que la bancada oficialista no escuchara a la población que pidió que no se aprobara la ley.

«Ustedes les va a tocar votar en manada, porque les mandan de Casa Presidencial un proyecto que saben perfectamente que va a traer muerte en este país, pero prefieren tener un salarito mensual, el premio a una reelección que velar por a vida d ellos salvadoreños. ¡Semejantes hipócritas!», expresó Villatoro.

También dijo que no se puede comparar las condiciones del país con otros países que tienen explotación minera, como la densidad poblacional y la extensión del territorio.

«La minería va a llegar a esos lugares donde está la gente mas pobre de este país, ¿qué planes tienen para ellos, para las personas que van a ser desplazadas?», cuestionó.

Organizaciones rechazan minería

Diferentes organizaciones sociales, universidades y la Iglesia Católica advierten de los riesgos a la salud y al medio ambiente la rehabilitación de la industria minera metálica en el territorio.

Aunque el decreto de ley prohíbe el uso del mercurio en el desarrollo de las actividades del ciclo minero, no regula el uso de otros químicos letales para el medio ambiente, especialmente los recursos hídricos, como el cianuro, el arsénico y el plomo, que también están presentes en la minería.

“El principal daño ambiental de la minería metálica para El Salvador es el uso excesivo y contaminación del agua, provocado por el proceso de lixiviación del oro, para el cual utilizan grandes cantidades del recurso hídrico mezclado con cianuro y otros químicos altamente tóxicos, que derivan en la generación de drenaje ácido, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión, y en otros países que impulsan minería como fuente de ingresos económicos”, dice la carta que presentaron a la Asamblea varias organizaciones.

Agregan que la zona norte del país (Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión), en donde se encuentran los yacimientos de minerales metálicos, es una de las áreas más frágiles en relación con el agua; y que requieren mayor atención, es en estos territorios donde nacen y fluyen muchos de los ríos tributarios del río Lempa, que drena cerca de dos terceras partes del país y es la arteria principal de la que depende no sólo el abastecimiento de agua potable del país, sino también la generación de energía eléctrica en forma parcial”.

También la Conferencia Episcopal de El Salvador ha insistido en el llamado a que no se apruebe la minería metálica por los daños que ocasiona.

“Estamos ante una situación de vida o muerte. No se trata de una discusión política partidista, se trata de la protección de la vida, de las personas, de la salud de las personas, por eso hacemos esta petición, por eso la iglesia levanta su voz”, dijo este domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Y pidió que no se permita la explotación minera, ya que despojaría al país de los metales, pero dejaría “gran cantidad de veneno letal” que afectará a la población.

“Queremos pedir a las autoridades de nuestro país, tanto del gobierno y la Asamblea Legislativa, que no se apruebe una nueva ley de minería que venga a permitir la explotación minera en nuestro país. Por el contrario, se mantenga vigente la ley que se aprobó en el 2017 que protege a nuestro país de toda actividad minera”, dijo.

El decreto pretende regular los aspectos relacionados a las acciones del Estado, relativas a estudios de reconocimiento superficial y prospección, exploración, explotación y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo los relativo al aprovechamiento de sustancias minerales del suelo y del subsuelo comprendido en el territorio nacional y de dominio marítimo.

Además, deja a cargo de la Dirección que declare las zonas del territorio nacional que no sean compatibles con la actividad minera por las siguientes circunstancias: por razones de soberanía nacional, por tratarse de zonas dedicadas exclusivamente a actividades forestales o cualquier otra actividad de interés cultural o social previa opinión de “instituciones competentes”; por ser áreas naturales protegidas, por ser áreas de recarga hídrica “así establecidas por la autoridad competente” o por encontrarse en áreas urbanas de distritos o municipios, “salvo que la Dirección lo autorice”.

En la comisión se le cuestionó al director, Daniel Álvarez, si contaban con estudios de la viabilidad de la minería y respondió que hasta que esté aprobada la ley los llevarán a cabo.