De una nación pacífica y segura, Ecuador se convirtió en la última década en un infierno de violencia generada por bandas de narco-traficantes que no pueden ser controladas por el Estado, y actúan con absoluta impunidad a pesar del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa en enero último, tras declarar una guerra interna.
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El mandatario de 36 años, quien ocupó el Palacio de Carandolet en condiciones excepcionales –con el asesinato de un candidato como telón de fondo- gobernará durante 18 meses y aunque obtiene pocos triunfos con sus medidas contra la delincuencia, se juega su futuro político con un referendo el próximo día 21 en el que la población, según espera, le permita endurecer la estrategia en materia de seguridad y abrirle el camino hacia la reelección.
En la reciente Semana Santa, los grupos terroristas (así los califica Noboa y como tales serán juzgados sus miembros) la situación se tornó caótica con los asesinatos de una alcaldesa, cinco turistas secuestrados en Manatí y la masacre de cinco ciudadanos, entre ellos un militar, además de un motín en la cárcel regional de Guayaquil. En el llamado Sábado de Gloria se registró otro incidente violento con saldo de al menos ocho muertos.
El impulso existente en enero pasado cuando asumió la jefatura del gobierno para enfrentar la violencia – estado de excepción vigente hasta el próximo día 8, y empleo de las Fuerzas Armadas- está en evidente declive y la muestra es la fuerza que tomaron de nuevo los delincuentes, en lucha por el control territorial del narcotráfico, algo impensable durante el gobierno del presidente Rafael Correa y su partido Revolución Ciudadana.
La realidad que vive ahora Ecuador, y en especial Guayaquil, la ciudad portuaria más importante del país, es inédita ante la complejidad y persistencia del problema que tomó gran fuerza durante la presidencia de Guillermo Lasso.
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A este contexto se unen otros elementos que tienden a acrecentar la situación interna.
Esta semana aumentó del 12 al 15 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que Noboa descartó cuando era candidato. Ya crispado por el descontrol en materia de seguridad, la población también se resiente del panorama económico que exige ahorra mayores tributos.
Expertos consideran que el incremento del IVA, -medida con la cual el Ejecutivo pretende cubrir el déficit fiscal y financiar los operativos por el conflicto armado interno,- tendrá un impacto considerable en los bolsillos de la mayor parte de la población. La canasta básica asciende ahora a casi 858.7 dólares para un núcleo de cuatro personas. El 26 % de los ecuatorianos es pobre.
Ocupa también espacios en la prensa local el presunto escándalo protagonizado por Noboa en España en enero pasado, e informado ahora por el periódico El Debate. Según explicó ese medio español, el dignatario habría incurrido en algunos excesos y despilfarro de recursos financieros –se emborrachó, tiró billetes al aire y pidió ¨irse de farra¨ tras cenar en un restaurante de lujo.
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En Quito, el diputado Blasco Luna solicitará, dijo, una investigación sobre este percance y la pésima impresión dejada ante autoridades y empresarios con quienes compartió.
Aunque el suceso fue desmentido por la cancillería, la noticia fue una bomba para la ciudadanía, dado el nuevo sacrificio económico exigido por el Ejecutivo.
Los defensores de Noboa, un millonario empresario hijo del llamado Rey del banano y considerado el hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa, apelan a su fortuna para defenderlo, pues, opinan, bien puede despilfarrar sus dólares.
TODO POR EL TODO
Noboa aspira a ser reelecto en las elecciones de 2025. Su mandato de 18 meses es apenas un tránsito para continuar en el cargo. Algunas voces consideran que para la familia Noboa su victoria es cuestión de honor, pues su padre intentó cinco veces ganar el Palacio de Carondelet pero siempre perdió en las elecciones.
Para lograr su objetivo, la autodenominada administración de centro-izquierda ha convocado a un referendo y una consulta popular que gira básicamente sobre el tema de la inseguridad. El oficialismo busca de oxigeno electoral para blindar su gestión los próximos meses y así poder asegurar su triunfo en febrero del próximo año.
El camino es difícil, pues aun está fresco el intento de su antecesor Lasso en 2023 con un referendo que perdió de manera rotunda, lo que debilitó aun más su administración y lo llevó a declarar una muerte cruzada y el adelanto electoral. Su período debía terminar en 2025.
Una gran parte del estamento político, que respaldó sus medidas contra la delincuencia (incluso adversarios políticos), ahora muestran desacuerdo con el referendo (cuatro preguntas) y la consulta (siete) pues estiman que todas pueden contestarse con el dictado de decretos presidenciales, sin gastar un centavo ni movilizar la población a las urnas en medio de la crisis actual.
El presidente se juega mucho dentro de tres semanas. Los resultados determinarán si su gestión se fortalece a pesar de la violencia o, si por el contrario, recibe un castigo político por su escaso cumplimiento de la oferta electoral.
De presentarse el último escenario, Noboa puede tambalearse y tendría que renunciar a la reelección.
En este crítico contexto, sigue adelante con el referendo. Una de las preguntas se refiere al apoyo de los militares a la Policía, sin necesidad de decretar el estado de excepción que, según la Constitución Nacional, solo puede extenderse durante 90 días, ya próximo a cumplirse.
También se consulta sobre la extradición de ecuatorianos relacionados con la delincuencia organizada y el aumento de penas por narcotráfico y terrorismo.
Además, plantea aumentar los castigos para delitos como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato y secuestro y eliminar los beneficios penitenciarios para los sentenciados por esos crímenes.
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También busca que las armas decomisadas se destinen al uso de la policía y que los uniformados no sean arrestados mientras son juzgados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el mandatario propone reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, y permitir nuevamente el funcionamiento de casinos (prohibidos en 2011 mediante referendo del presidente Correa) con miras a generar fuentes de empleo, aunque esta medida es criticada por posibles riesgos de facilitar el lavado de dinero.
Al analizar las preguntas planteadas, el experto en seguridad Fernando Carrión comentó a la prensa que "no se trata de reformas constitucionales, sino más bien legislativas, que bien pudieron ser absorbidas dentro del acuerdo tripartito que existe entre la Revolución Ciudadana (correísmo), el Partido Social Cristiano y (el oficialista) ADN" en la Asamblea Nacional.
En la misma línea, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dijo que no hay necesidad de gastar dinero que el país no tiene, y tiempo, en un proceso que bien podría caminar en la Asamblea Nacional", donde el Ejecutivo ha logrado apoyo a otras iniciativas.
Más tajante, el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) cree que la consulta es "totalmente inoportuna" y que el 80 % de las preguntas es puro "populismo penal, que se puede hacer a través de ley".
También organizaciones sociales y políticas ecuatorianas calificaron como indolente y anti-ético el procedimiento.
El pasado miércoles se reunieron en Guayaquil delegados del Frente de Lucha por el No, quienes cuestionaron un proceso que costará 60 000 000 de dólares.
Renzo Troncoso, del Frente Unidad para Vencer, refirió que la iniciativa ¨es engañosa¨ y refirió que si gana el SI, de manera automática el gobierno tendrá cinco días para enviar proyectos de ley al Legislativo. Entonces, afirmó, se gastarán millones de dólares para que los parlamentarios hagan su trabajo.
Daniel Castillo, miembro de la Asamblea Nacional, convocó a los electores a rechazar ¨la consulta mañosa¨ de un régimen que surgió como resultado de un proceso electoral alterado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y la campaña mediática para culpar a Revolución Ciudadana de su muerte e hiciera perder a su candidata y amplia favorita Luisa González.
Para la también asambleísta de ese partido, Sofía Espín, las dos preguntas que más interesan a Noboa están relacionadas con el arbitraje internacional con empresas privadas y la instauración de contratos laborales por horas
En el Frente de Lucha por el No se agrupan cinco entidades políticas y otras agrupaciones sindicales y sociales que promueven una campaña por el NO.
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