Ecuador cuesta abajo

El gobierno de Ecuador presidido por Daniel Noboa, quien ocupará el cargo por 15 meses hasta nuevas elecciones, atraviesa por una de las peores crisis de inseguridad ciudadana vividas en ese país andino, manifestación del poderío de los cárteles de la droga infiltrados en las instituciones estatales.

La situación que estalló en Ecuador hace poco más de una semana es también recurrente en América Latina –salvo pocos países-, Puede advertirse que la región y sus habitantes están en peligro permanente ante el poderío logrado por los delincuentes mediante chantajes y corrupción a distintos niveles

Ante los violentos acontecimientos ocurridos en grandes ciudades como Quito y Quayaquil –en especial en la importante ciudad portuaria- el Consejo Andino de Cancilleres y los ministros de Seguridad, -integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (ACN)-, anunció una reunión con carácter urgente el próximo domingo para tratar en Lima, Perú, la lucha común contra la criminalidad organizada.

La Sociedad Peruana de Derecho Internacional indicó que ¨las circunstancias que afectan al hermano país del Ecuador representan un desafío para la integración subregional¨ y declaró que acordarán ¨respuestas conjuntas y eficaces¨ ante el problema. La ACN está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El tiempo hablará de su posible efectividad.

Hace unos 10 días, en una acción casi simultánea, mientras Noboa se disponía a colocar la primera piedra en la construcción de cárceles de máxima seguridad en dos provincias del país –lo que muchos dicen se inspiran en el plan de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele-  ocurrió la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, condenado a 34 años de prisión en el recinto de Guayas.

También se evadió de otra prisión Fabricio Colón Pico, conocido como Capitán Pico, uno de los cabecillas del grupo de narcos Los Lobos, acusado de ser parte de un plan para asesinar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Los Choneros y Los Lobos son considerados operadores en las regiones de Centro y Suramérica de los enfrentados cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, respectivamente.

La fuga de Fito desató la crisis en las cárceles. El temor colectivo se desató en un escenario que empeoró de inmediato. Y aunque el oficialismo anunció el Plan Fénix para contrarrestar el vandalismo, no se prevé una solución a corto plazo para eliminar ese flagelo y restañar los daños económicos y sociales que ocasiona.

Ahora el clima es menos tenso que la última semana, cuando los llamados ¨terroristas¨ por las autoridades¨ -ante lo cual algunas voces protestan pues legalmente es otra categoría al momento de posibles juzgamientos- ejecutaron un plan sincronizado que dejó como saldo 16 fallecidos, tiroteos, motines carcelarios, toma de rehenes, universidades y un canal de televisión que transmitía en esos momentos.

Pero este martes, como para reafirmar que la crisis persiste, fueron encontrados en Quito, la capital, 130 tacos de dinamitas camuflados en sacos de yutes, en un lugar donde se desarrollan ferias populares. Los explosivos estaban ante la puerta principal de una unidad de la Policía Comunitaria y aunque la acción fracasó, derivó en un sentimiento de pánico en la población de esa zona.

Este accionar de las bandas en medio de un estado de excepción y la declaración de Noboa de ¨conflicto armado interno¨ denota la agresividad de la  delincuencia y su certeza de poseer vía libre para sus fechorías.

En este remolino de tensiones, Noboa, hijo del multimillonario y cinco veces perdedor en elecciones presidenciales Álvaro Noboa, pidió colaboración a Estados Unidos (EE.UU.) para tratar de contener el bandolerismo.  La Casa Blanca anunció casi de inmediato la llegada a Quito de una delegación militar encabezada por la generala Laura Richardson, jefa del comando Sur, que merodea las aguas de América Latina y El Caribe, acompañada de altos cargos antinarcóticos y diplomáticos.

La presencia militar norteamericana puede causar nuevos estragos a Noboa  pues luego de una década sin estar bajo la matriz de los  norteños –durante el gobierno de Rafael Correa- regresó la influencia de la potencia mundial. Ya los exmandatarios Lenin Moreno y Lasso, los dos neoliberales e indicados como corruptos habían hecho guiños a Washington. Ahora, Noboa le facilitó a EE.UU. la posibilidad de intervenir directamente en los asuntos internos del país.

Es lógico que el presidente, que aspira a seguir en el Palacio de Carondelet,  busque las formulaciones posibles para al menos menguar la violencia que corroe a la sociedad ecuatoriana. El año pasado, 7 000 personas murieron en homicidios.

Sin embargo, no comprende –o no quiere hacerlo- que la alternativa para reducir el quehacer del narcotráfico pasa por decisiones más acordes con las realidades y no, por ejemplo y como pretende, con presencia militar extranjera o aumentos de impuestos, como el del Valor Agregado (IVA), en discusión, que perjudica a la ciudadanía.

El mandatario de 36 años, que también es empresario, quizás obvie a su conveniencia los  factores que llevaron a Ecuador a la nefasta realidad que ahora atraviesa. Con el desmantelamiento del Estado por la privatización realizada por Moreno y Lasso quedaron reducidas las capacidades institucionales. Ninguno dedicó - como durante la Revolución Ciudadana- grandes partidas a políticas sociales (educación, salud, empleo, salario digno) y garantía de derechos.

En los últimos ocho años también fue menguada la presencia estatal en materia de prevención y persecución del delito y en la rehabilitación social.

En su contra Noboa tiene también otro elemento que determina el interés de los narcotraficantes a nivel internacional por su país: la dolarización de la economía. En los últimos años Ecuador pasó de ser un país de tránsito a productor de drogas. La moneda norteamericana facilita el lavado de capitales, lo cual constituye un gran atractivo para los grandes negociantes del narco.